La nueva reglamentación para el sistema de fotomultas está cada vez más cerca de ser una realidad. Una sanción presidencial le daría el aval a la implementación de esta nueva regulación. El proyecto de ley, que ha estado en debate desde septiembre de 2015, fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes con 87 votos a favor y uno en contra el pasado 15 de junio.

Uno de los cambios más significativos es la distribución del dinero recaudado. Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de Norte de Santander y uno de los ponentes de este texto, asegura que lo que buscan es acabar con el negocio en el que se han convertido ese tipo de sanciones. Carrillo afirmó que las empresas operadoras se quedan con un porcentaje cercano a 60 % o 65 % del dinero recaudado.

Con las nuevas reglas, dichas empresas recibirán un porcentaje fijo de 10 %. Para César Porto, representante legal de Construseñales, ese es un aspecto preocupante en la nueva ley.

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“Vemos con preocupación una reglamentación que podría ir en contra de la autonomía de la entidad territorial por fijar sin estudios financieros un porcentaje para la recuperación de la inversión por parte de los privados. Fijar el límite puede imponer la carga a la administración de no poder contratar todo lo que se requiere, limitando el alcance del contrato y en últimas la viabilidad del mismo”.

Hace referencia al caso de Barranquilla, en donde al operador le corresponde 31 % del dinero recaudado y con lo cual “se deben atender gastos de operación como arriendos de las sedes de tránsito, costos de mensajería certificada por cada comparendo, valor de la nómina general de personal de atención a los usuarios, abogados y consultores, personal de procesamiento mantenimiento de los equipos, entre otros”.

Por su parte, Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la medida “es viable porque desconecta la rentabilidad del número de fotomultas interpuestas, es decir, la rentabilidad ya no dependerá de eso sino de un valor fijo “.

Otra de las modificaciones de esta nueva ley tiene que ver con el aval que debe dar el Ministerio de Transporte para la instalación de estos dispositivos electrónicos. Con la nueva reglamentación los alcaldes serán los encargados de demostrar que necesitan de estas cámaras por medio de estudios de accidentalidad, por ejemplo.

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De acuerdo con el proyecto de ley, algunos requisitos que se tendrán en cuenta son “las condiciones de infraestructura y estado de la vía, límites de velocidad establecidos en la legislación vigente, condiciones de seguridad y de movilidad en la vía”.

Para Germán Prieto, experto en movilidad, este aspecto de la nueva legislación es interesante, pues “se organiza el sector y n ose deja una herramienta suelta”. No obstante, hace un llamado a que se acate la norma para que el país pueda avanzar en temas de seguridad vial y de reducción de accidentes de tránsito.

“Espero que no ocurra que logramos lo difícil que era definir el mecanismo para reglamentar este aspecto y que después de que se empiece a implementar se le pongan muchas complicaciones a la normatividad. A su vez es necesario que los alcaldes hagan el procedimiento y no lo eviten porque el manejo será diferente”, señaló Prieto.

Este proyecto de ley contempla, también, que los conductores deben ser notificados de la presencia de estas cámaras 500 metros antes de llegar al lugar donde están ubicadas.

A su vez, los conductores serán  notificados por medio de correo  electrónico y certificado. Y, además, tendrán la opción de hacer sus respectivos descargos de manera virtual.

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Esta iniciativa es aplaudida por Prieto, pues señala que  “es necesario aprovechar todas las herramientas tecnológicas y más estas que buscan facilitarle algunos procedimientos a los ciudadanos”. Aclara que es importante que la gente siga el debido proceso y que demuestre que no debió ser multado o en el caso contrario, acepte la sanción.

A pesar de algunas falencias que hay en temas de seguridad, para César Porto, el país ha avanzado en temas de seguridad vial.

“En comparación a otros países, Colombia está entrando en el mundo de los controles electrónicos para el tránsito vehicular. El mejor ejemplo que tenemos es Suecia, que es el país con la menor accidentalidad fatal bajo su programa de cero fatalidad”, resaltó.

Esta percepción no la comparte Rojas, pues considera que “ a pesar de que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos lejos de quebrarle la columna a la accidentalidad”.