Antes de allanar la casa en el barrio Castilla de Medellín, los agentes solo sabían dos cosas: que posiblemente allí había armas que serían vendidas a las bandas y guerrillas de Antioquia, y que el dueño de la mercancía era un misterioso señor de la guerra al que llamaban Zeus.

Entraron en la madrugada del 22 de junio de 2016  y fueron recibidos por un expolicía en pijama, que dormía con su esposa e hija. Se aterró cuando vio entrar a sus antiguos colegas, quienes al quitar un cuadro vieron una caja fuerte incrustada en la pared, que contenía dos proveedores, 17 balas y partes de pistola.

En una caleta en el piso, tras una baldosa suelta, hallaron 298 cartuchos de distintos calibres y sobre un camarote una caja con 56 municiones para fusil 5.56. En la propiedad había más caletas en las paredes, pero estaban vacías.

Dos días más tarde, un informante condujo a los investigadores a otra residencia de Castilla, desocupada y con un botín más grande: tres fusiles 7.62 con 18 proveedores, dos pistolas Glock y Beretta con nueve proveedores, un revólver calibre 32 y 20 granadas de mano. Además, 8.952 balas de fusil, 450 de pistola 9 milímetros y 50 de revólver calibre 38. De nuevo, las fuentes insistían en que eso era de Zeus.

A la Dijín y a la Fiscalía les iban llegando gotas de información sobre el personaje, pero ninguna que permitiera identificarlo. Se decía que adquiría armas en Villavicencio y las traía a Medellín para alquilarlas a mercenarios y venderlas a los combos, disidencias de las Farc y a un contacto del Eln apodado Mauricio, que las recibía en Anorí. A él se las enviaba desarmadas, en maletines y cajas camufladas en buses de servicio público.

Nadie en el bajo mundo se atrevía a decir su nombre y por cinco meses hubo silencio, hasta que otro informante envió a los detectives a una pista definitiva. 

El 22 noviembre de 2016 llegaron a un lavadero de carros del barrio Aranjuez, llamado Express Car. 

El local se conectaba con dos apartamentos y una bodega, y en los registros decomisaron cinco pistolas con siete proveedores, dos revólveres, dos silenciadores, carcazas y cañones de diversas armas, tres proveedores de fusil, un par de esposas y 462 municiones de distintos calibres, incluso para pistola FiveSeven.

En la operación fue detenido un joven de 22 años, asustadizo, quien dijo que el propietario del local era su padre, un hombre que no permanecía en la ciudad.
 
Así los agentes obtuvieron la esquiva identidad de Zeus: José Alexánder Peláez Mejía, nacido el 15 de agosto de 1975 en La Virginia, Risaralda, con nacionalidad colombiana y venezolana y cuya actividad comercial era la restauración de carros.

Se expidió una orden de captura y una Circular Azul de Interpol, a la espera de localizarlo en los países que frecuentaba, como Panamá, pero logró cubrir sus huellas durante tres años.

El 17 de febrero de 2019 se disparó una alerta de Interpol en Tegucigalpa, Honduras, adonde había ingresado de manera irregular un hombre de 43 años y características similares al objetivo. Resultó ser Zeus.

“Este hombre sería el principal abastecedor de armas con destino a los frentes del Eln y disidencias de las Farc que delinquen en Antioquia”, aseveró el general Gonzalo Londoño, director de la Dijín.

El 4 de marzo lo deportaron y en el aeropuerto Eldorado fue arrestado. Al día siguiente, en la audiencia de garantías, la Fiscalía imputó cargos por tráfico de armas y municiones. Peláez no aceptó la responsabilidad y el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia lo envió a la cárcel.

Adquisición

La historia de Zeus es otro capítulo dentro del oscuro mundo del tráfico de armas en Medellín y Antioquia. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía, en la ciudad se incautaron 1.957 armas entre 2016 y 2018, es decir, 1.7 cada día. Y en 2019 (hasta marzo 3) han decomisado 148, o sea 2.4 diarias, en una capital donde han matado a bala a 83 personas.

Pese a los volúmenes de incautaciones, y a que al día hay un promedio de 1.2 homicidios con estos artefactos, las investigaciones contra este flagelo son escasas. 

Así lo reconoció el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana: “cuando yo llegué (al cargo) no encontré una investigación directa de tráfico de armas. Es un problema delicado, este año llevamos 180 armas incautadas (en todo el Valle de Aburrá) y ya no se ven trabucos ni changones, todas son originales”.

Al parecer, en la actualidad la principal fuente de armas son los armerillos de EE.UU., en especial de La Florida. Los traficantes contratan a personas con ciudadanía estadounidense y sin antecedentes penales, quienes compran las armas en tiendas autorizadas y las entregan a la organización delictiva.

Los rifles y fusiles semiautomáticos, cuyo uso en Colombia es potestad de la Fuerza Pública, se venden en EE.UU. como deportivos. 

El control posterior en aquella nación no es frecuente, no hay un seguimiento a las armas adquiridas ni un tope máximo para comprar, y mucho menos cuando la transacción es por internet.

En muchos casos se produce un trueque de armas por cocaína, entre carteles internacionales y facciones locales como el Clan del Golfo, “la Oficina”, Eln y el Clan Isaza del Magdalena Medio.

Perfil de “empresarios”

Perseguir a los traficantes es complejo, según los investigadores, porque tienen un perfil diferente al bandido convencional. Su estilo es empresarial, no están en la nómina de grupos tradicionales y nunca se ensucian las manos con la mercancía. No están adoctrinados, por eso comercian con el mejor postor y le venden a facciones enemigas entre sí.

En esa descripción no solo encaja Zeus, también Elkin Gallego Yepes (el Negro), otro de los pocos traficantes descubiertos en el Aburrá. Lideraba una estructura que conseguía armamento para diferentes clanes y tenía bodegas en Medellín, Bello y Guarne, por donde movía la mercancía en taxis.

Por las interceptaciones a el Negro, las autoridades conocieron el lenguaje cifrado que usaban para comercializar. 

A un revólver, según la marca, le decían “alacrán” (Scorpio), “Martínez” (Martial), “don Wálter” (Walter) o “Rogelio” (Ruger); a la munición, “fruticas”, “caja de arroz chino”, “comidita” o “sim card larga” (proyectiles de largo alcance); a los proveedores, “cocos” o “controles”; y a las pistolas, “juguete” o “negrita”.

El Negro y tres compinches, entre ellos el subintendente César Augusto Aristizábal (Peska), adscrito a la Dirección de Tránsito de la Policía, fueron detenidos en 2015 y condenados a penas entre los 7 y 10 años de cárcel.