La ONU aseguró que la mayor amenaza al proceso de paz en Colombia es el continuo asesinato de excombatientes de las Farc y líderes sociales, que no ha menguado pese a la pandemia de coronavirus.

El organismo internacional llamó al Gobierno colombiano a reforzar esfuerzos para avanzar en la paz, durante la reunión trimestral del Consejo de Seguridad sobre la situación, celebrada este martes, el primer encuentro físico del Consejo desde el confinamiento decretado en Nueva York en marzo.

"La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia", dijo al Consejo el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, por teleconferencia.

En su informe trimestral al Consejo, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, llamó al gobierno de Iván Duque a poner fin a estas "tragedias" mediante la adopción de "pasos más firmes para proteger la vida de los líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes".

Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta fines de junio, la ONU ha verificado 210 asesinatos de exmiembros de la desmovilizada guerrilla, según Ruiz Massieu. También fueron asesinados en el mismo periodo al menos 44 familiares de exguerrilleros.

Más de 300 líderes sociales han sido asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016.

La fiscalía colombiana asegura que los ataques son perpetrados en su mayoría por grupos y organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

El acuerdo de paz firmado por las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos en 2016 condujo al desarme y desmovilización de 13.000 rebeldes entre combatientes, presos y militantes, pero el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) denuncia la falta de garantías de seguridad para su reincorporación a la vida civil.

La misión de la ONU en Colombia, aprobada en 2017 y que rinde cuentas al Consejo de Seguridad cada tres meses, tiene como mandato principal verificar la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros de las Farc que dejaron las armas.

También verifica las garantías de seguridad para excombatientes, sus familiares y las comunidades en general.

Su mandato expira el 25 de septiembre de 2020. Duque ha indicado que le gustaría que fuera renovado hasta el final de su gobierno, en agosto de 2022.