Desde Soacha (Cundinamarca), el procurador Fernando Carrillo, el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret y Alberto Brunori representante del Alto Comisionado de la ONU firmaron un pacto que, según ellos, brindará una serie de garantías para los líderes sociales. 

Carrillo Flórez señaló que el pacto consiste en intercambiar información que les permita a las autoridades colombianas esclarecer las causas por las que son amenazados los líderes. 

“Hoy hemos firmado un acuerdo con Naciones Unidas para que nos entreguen información. Es importante cada día contar con esto. La OEA nos ha ayudado a verificar diferentes casos. A partir de la fecha con la información en los territorios vamos a clarificar quienes son los responsables de los ataques contra los líderes”, dijo el jefe del Ministerio Público. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo advirtió que para el organismo a su cargo es preocupante que después de emitida la Alerta Temprana 026 de 2018, ocurrieron al menos 172 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. 

Para Negret un dato significativo es que el 72% de los 172 casos de asesinatos que se presentaron con posterioridad a la emisión de esa alerta ocurrieron en municipios que ya habían sido advertidos por la entidad que dirige. 

Además, desde la Defensoría se registró un incremento significativo en las amenazas de hasta el 47%, es decir, 982 amenazas registradas entre marzo de 2018 y febrero de 2019. Por último, la entidad informó que entre el primero de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019, 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, 25 de ellos en 2019. 

Estas cifras fueron escuchadas con atención por las entidades internacionales que buscan brindar apoyo para evitar que este flagelo siga en aumento en Colombia. Por ejemplo, para Elizabeth Ramírez, directora de la oficina de Gobernabilidad de Derechos Humanos y Democracia de Usaid en Colombia, lo ideal es reunir diferentes representantes del Estado y de la comunidad para dialogar constructivamente en esta problemática. 

“Nos preocupa mucho dado el rol prioritario que juegan (los líderes) en la construcción de la paz y en la implementación de los acuerdos de paz”, argumentó la delegada y añadió que desde su posición lo que hacen es mediar en este tipo de procedimientos, donde se espera reunir actores de ambas partes para buscar mejores soluciones, prevenir y tener mejor rendición de cuentas sobre este flagelo. 

Por otro lado, Alberto Brunori coincidió con el Defensor del Pueblo sobre las amenazas por lo que con el acuerdo buscan fortalecer mecanismos para evitar tal situación. “Hay mucho por hacer sobre todo en casos de amenaza e impunidad. La alianza y el intercambio de información con el Procurador y con el Defensor se vuelven cruciales porque ellos son órganos de control y tenemos un trabajo en común. El acuerdo implica un intercambio de información y acompañamiento constante”, precisó. 

Aseguró que las amenazas son de toda su preocupación debido a que las mismas terminan paralizando a los líderes y sus comunidades. 

“Los lideres están impedidos de realizar su trabajo”.