En momentos en que el país vivía en medio de la incertidumbre tras la toma del Palacio de Justicia, un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz eclipsó el debate nacional que centró su atención en las más de 20.000 víctimas de Armero, sobre las cerca de 100 que dejó el holocausto.

El miércoles 13 de noviembre de 1985, siete días después del duro golpe a la justicia colombiana, la erupción tomó por sorpresa a poblaciones cercanas, dejando en evidencia la poca capacidad de respuesta del Gobierno frente a un desastre de esa magnitud.

La crisis financiera de 1982, la reforma tributaría de 1983 y las fuertes devaluaciones del año siguiente, sumadas a la presión del narcotráfico y a los atentados que vivía el país a mediados de los 80, hicieron que el pesimismo inundara el sentimiento nacional.

Mientras tanto, alrededor del mundo se publicaban videos y fotografías de Omayra Sánchez, una niña víctima de la tragedia, que estuvo atrapada en el lodo durante tres días hasta que finalmente falleció.

Esto hizo que incluso la atención de la opinión pública iniciara una controversia sobre el grado de responsabilidad del Gobierno colombiano en la catástrofe, debate que días antes ya tenían sobre el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército Nacional, por la muerte y desaparición de víctimas en el Palacio de Justicia.

La tragedia natural tuvo entonces un doble efecto sobre Betancur. Políticamente Armero fue la salvación del dirigente conservador, pues el lodo desapareció una población entera, en momentos en que apenas iniciaba el juicio político en su contra por el holocausto.

Para entonces, a mediados de noviembre de ese año, tanto el Congreso como los partidos políticos rodearon a Betancur para atender la tragedia y las víctimas de la avalancha.

Sin embargo, perdió políticamente pues ambos hechos sucedieron en el último año de su gobierno, lo que le costó no recuperar su imagen para figurar en la escena política posterior del país.

También fue un golpe para el Partido Conservador, que volvió a ocupar la Presidencia hasta 1998, con Andrés Pastrana Arango, quien llegó al cargo con banderas mezcladas, tras respaldos de varios sectores políticos.

Para Hernán Olano, historiador y director del Programa de Humanidades en la Universidad de la Sabana, un sistema de frente nacional que aún no se había desmontado, enmarcó una irresponsabilidad conjunta en los partidos políticos, al no pronunciarse frente a la falta de acciones del Gobierno Nacional.

“Frente a la responsabilidad de Betancur en el Palacio de Justicia, no hubo pronunciamiento incluso por parte de la oposición, en ese entonces del Partido Liberal, que tenía a algunos de sus expresidentes vivos como Lleras Camargo, Lleras Restrepo o López Michelsen”, dijo, argumentando que la falta de presión política fue decisiva para que se dilataran los procesos contra el presidente Betancur.

Una posición similar tuvo Álvaro Pablo Ortiz, filósofo e historiador de la Universidad del Rosario, quien explica que “si no hubiera sucedido lo de Armero, lo del Palacio de Justicia habría sido peor en su momento”, desatando una crisis social similar a la que afrontó el país en 1948 durante el Bogotazo.

“Con o sin Armero se abrieron procesos desde el primer momento de los hechos que enlutaron el Palacio de Justicia, pero también se abrieron incógnitas, vacíos y silencios que permanecen vigentes”, agregó el catedrático.

Por su parte, John Mario González, analista político, explica que ese pesimismo generalizado y la falta de salidas institucionales, llevaron al país a la Constituyente del 91, con la necesidad de impulsar una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país.

Renovación en la justicia

Para el profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Iván Cuervo, los seis años siguientes a la toma y la retoma del Palacio de Justicia, fueron significativos para la composición de la rama y su relación con el gobierno.

En ese periodo, llegó una magistratura de transición a las Altas Cortes, en ese entonces el Consejo de Estado y la Corte Suprema, que no tenía el mismo nivel que la que fue casi extinguida durante el holocausto.

“Luego de eso, la Constitución del 91 recoge esa crisis y le da a la justicia el lugar y la importancia que no tuvo en los 80. La rama judicial tuvo entonces mayor protagonismo y un avance en la agenda igualitaria”, explicó el experto.

Dentro de las reformas estuvo la creación de una Corte Constitucional autónoma, la Fiscalía General de la Nación y un aumento significativo en el presupuesto de la justicia.

También se marcó un punto de apertura en la administración de la justicia, con debates como la extradición y la influencia del narcotráfico y la guerrilla, que ponía contra las cuerdas al país en ese momento.

Otro cambio que introdujo la tragedia, es que los magistrados de la Corte Constitucional, hace 30 años, se elegían a sí mismos y decidían los reemplazos ante alguna vacante. Esto cambió con la Constitución de 1991, pues la función pasó al Consejo Superior de la Judicatura, órgano que suprimió la reforma de equilibrio de poderes.

“Cosa distinta es que hayan llegado personas que no hayan estado a la altura de ese desafío y hayan provocado el deterioro ético en la justicia”, explicó Cuervo.

Así las cosas, la inestabilidad política tras dos fechas fatídicas para el país, una por el emblema de la justicia ardido en llamas y otra por una población entera cubierta por el barro; representó la imagen de una nación a la que tomaría tiempo restaurarse y que 30 años después de la tragedia, sigue teniendo más preguntas que respuesta.

Bogotá | Colprensa