Con corte a agosto de 2016, en el Sisbén había 35,8 millones de personas validadas y 384.000 adicionales “coladas”, es decir, que tenían puntajes muy bajos frente a su realidad económica y social. Por eso la reforma propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios. “Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población ni para los funcionarios, situación que debe cambiar”, dijo el director del DNP.

Con la reforma aprobada se busca que las personas registradas en el Sisbén tengan el puntaje que merecen con base también en sus ingresos y no solo tomando como referencia el entorno en el que viven (vivienda, salud, educación y vulnerabilidad) como sucede hoy. Quienes engañen serían sacados del sistema, se les quitarían los subsidios que hubieran obtenido de manera irregular y se les abrirían procesos legales. Las consecuenciales legales también cobijarían a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos.

Gaviria Muñoz dijo que con la reforma al Sisbén se busca firmar un contrato social en el que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios por un lapso fijo, sin importar si el puntaje de la persona sube por el uso de la nueva metodología de cálculo que se implementará. En ese contrato social, las personas deben decir la verdad sobre su situación económica, para acceder al beneficio.

Esa estrategia (que, según el DNP, fue exitosa en Chile) ya se comenzó a implementar en el programa “Ser Pilo Paga”. El joven que se beneficie de esta ayuda del Gobierno Nacional tiene la garantía de mantener la beca durante todo el periodo de estudios, siempre y cuando se mantenga en el programa académico correspondiente.

“Además del contrato social como columna vertebral de lo que será el Sisbén IV, el CONPES dio vía libre a los instrumentos que acompañarán su implementación y que tienen ver, entre otros, con una nueva metodología que corregirá errores de exclusión de personas que verdaderamente necesitan las ayudas del Gobierno”, precisó el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz.

Así, por ejemplo, el puntaje de un hogar que se vea afectado por el desempleo de alguno de sus miembros podría bajar, para permitirle acceder desde ese momento a los beneficios que ofrece el Estado.

La reforma también busca ajustar variables en el cálculo del puntaje, porque el Sisbén debe identificar a aquellos que requieren ayuda del Estado, pero sin penalizar a quienes logran mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, se podrá calcular el puntaje de manera diferenciada entre territorios.

Cómo se encontrará la información falsa

La meta fundamental de la reforma es mejorar la identificación del Sisbén. Actualmente, el DNP hace cruces con bases de datos del Fosyga (Fondo de seguridad y garantía en salud) y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Así, hasta agosto pasado, identificó 384.000 casos de inconsistencias (“colados”).

En adelante se espera realizar cruces con 24 bases de datos de entidades nacionales. Y para verificar la veracidad de lo que se identifique, se podrán realizar verificaciones directamente en los hogares o hacer veedurías con apoyo de ciudadanos.

La reforma busca también estimular la formalización laboral, debido a que muchas personas tienen el temor “infundado, según todas las explicaciones del Gobierno” sobre la supuesta pérdida de subsidios si son afiliadas al régimen contributivo de salud. En ese sentido, se realizará un estudio que analice la pertinencia de mantener o no el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado en Salud.

“La salud es un derecho fundamental y no hay que estar vinculado al Sisbén para recibir ese servicio. Queremos abrir la discusión sobre desvincular la salud del sistema, porque el beneficio en salud es muy pequeño y el daño laboral es inmenso”, señaló Simón Gaviria.

Es con base en el puntaje del Sisbén que se decide quién tiene y quién no, derecho a los beneficios que otorgan 20 programas distintos del Estado, del tipo de “Ser pilo paga”, “Más Familias en Acción” o “Adulto mayor”.

“Queremos que en Colombia haya una verdadera justicia social, en la que los ciudadanos más pobres sean quienes reciban los subsidios del Gobierno y estos no lleguen a personas que hacen trampa para obtener puntajes bajos. En el Sisbén deberían estar personas que hoy no reciben subsidios por culpa de los colados#, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz.

Cronograma de la reforma

La implementación del Sisbén IV prevé el levantamiento de información de los hogares en 232 municipios durante 2017. En 2018 el barrido llegará a 358 municipios adicionales y el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará durante el 2019. El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral.

El barrido tendrá un costo de $132.000 millones, de los cuales $70.000 millones serán aportes de la Nación y los $62.000 millones restantes corresponden a aportes de los municipios.