Con un debate que duró más de nueve horas, la plenaria del Senado de la República aprobó el acto legislativo por medio del cual se reforma el control fiscal en el país, dando mayores herramientas a la operación de la Contraloría General de la República, y que quedó pendiente a la conciliación con la Cámara para convertirse en realidad.

El proyecto tuvo una larga discusión ante la propuesta que hicieron varios senadores que plantearon la eliminación de las contralorías regionales y municipales para que fueran operadas directamente por la Contraloría General, en coordinación con sus delegadas. La propuesta no alcanzó los votos mínimos necesarios que requería la reforma constitucional.

Tampoco fue acogida la propuesta del uribismo de eliminar a la Auditoría General de la Nación, entidad que hace las veces de control fiscal a la Contraloría General, a la vez que se mantuvo en firme el proceso de elección del nuevo auditor que será elegido por el Consejo de Estado de terna que envía la Corte Suprema.

Se negó, además, la propuesta de la oposición que pedía que las reformas de este acto legislativo entraran en vigencia tan sólo hasta dentro de tres años, esto para que el actual contralor Felipe Córdoba, no tuviera injerencia en la aplicación de estas normas.

Córdoba destacó el llamado control fiscal en tiempo real, que le permitirá a la Contraloría dejar de llegar tarde a la prevención o para evitar que se concreten los actos de corrupción cuando son identificados previamente en las entidades del Estado.

En lo votado se señala que el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.

La norma señala que “el control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se hará en tiempo real el seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno”.

El coordinador ponente de la enmienda constitucional, senador Roy Barreras sostuvo que “no celebro del todo porque en una reforma tan compleja unas cosas salieron como se esperaba y otras no. Lo bueno es que habrá posibilidades de evitar el desangre de las finanzas, es un proyecto contra la corrupción que le permitirá a la Contraloría prevenir con el control de advertencia, esto es un gran avance”.

Barreras expresó que a la reforma le faltó haber eliminado las contralorías territoriales, porque “su origen político es el mismo, es decir los concejos y asambleas, hubiese sido mejor que no siguiera esa dependencia política, pero no logramos aprobarlo”.