La Cámara de Representantes aprobó una ley que prohíbe practicar cirugías estéticas a menores de edad, exceptuando los procedimientos de reconstrucción, de nariz, de orejas y los que “tengan que ver con el desarrollo de la personalidad”, informaron fuentes oficiales.

El proyecto, que fue presentado por el parlamentario oficialista Mauricio Lizcano, pasa a la firma del presidente, Juan Manuel Santos, con lo que se convertirá en ley.

“De los 340.000 procedimientos estéticos que se realizan en el país, un 30 % corresponde a cirugías en menores de edad”, dijo Lizcano, del Partido de la U, del que hace parte el presidente Santos.

Con esta nueva norma también se multará a los cirujanos y a los establecimientos médicos que realicen operaciones como aumento de senos y glúteos, liposucciones, hidrólisis por ultrasonido y aplicación de bótox, entre otras, a menores de edad.

“Estos procedimientos han venido en aumento en los últimos años por sus bajos precios, que también atraen a extranjeros”, aseguró Lizcano. Desde el inicio esta iniciativa contó el respaldo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo que para Lizcano, representa un claro ejemplo de ética médica. En cuanto a las bandas, la única que no lo acompañó fue la Alianza Verde, bajo la filosofía del respeto a la autodeterminación. Algunos congresistas del Polo Democrático tampoco acompañaron esta propuesta,

El senador caldense, próximo presidente del Congreso, dijo que es un paso muy importante para la defensa de la salud de los niños. “Se cambia la cultura de que la belleza no puede ser solo modelos importados y que los niños deben tener otro concepto diferente”.

De igual manera se sancionará a los centros estéticos que utilicen imágenes de menores de edad para hacer publicidad.

“De una u otra manera, las niñas de 16 años no tienen todavía desarrollada su personalidad para tomar una decisión de esas que va a cambiar su vida. La base del proyecto es decirle que tomen una decisión cuando realmente sean adultas”, concluyó el parlamentario. 

Las sanciones para quien incumpla esta norma van desde multas superiores a 500 salarios mínimos, hasta el cierre definitivo de los centros de salud y la pérdida de licencias de funcionamiento.

Resumen de medios