La Corte Suprema de Justicia declaró exequible el decreto 700 de 2017 con el cual el Gobierno Nacional habilita el recurso de habeas corpus para los exguerrilleros de las Farc, y miembros de Fuerza Pública, que siguen privados de la libertad a pesar de haberse sometido al proceso de paz.

Dicho decreto se expidió para facilitar el beneficio de libertad condicional para los miembros del otro grupo guerrillero que están detenidos en cárceles del país, con casa por cárcel u otro tipo de medidas restrictivas. 

La medida beneficia además a los exmiembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como lo ordena la ley de amnistía, y que no se ha podido cumplir por problemas de trámite. 

Según estipula el decreto, quienes se hayan sometido al tribunal de Justicia Transicional y que al menos hayan cumplido cinco años de prisión, y que su trámite de libertad condicional supere los 10 días tendrán derecho a interponer el recurso de habeas corpus. 

“Con el propósito de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final, es necesario garantizar la primacía del derecho a la libertad individual frente a eventuales omisiones”, se lee en el documento. 

Líos por trámites

Los sindicatos de la Rama Judicial advirtieron que en el transcurso de la semana que concluyeron los contratos de los empleados de descongestión por lo que se va a presentar un represamiento en miles de procesos que están en trámite en los juzgados de ejecución de penas. 

María del Pilar Arango, presidenta de seccional de Bogotá de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados (Asonal) dijo que los cargos de descongestión que concluyeron fueron contratados con una inversión de 5 mil millones de pesos, estos corresponden a un préstamo que le hizo el Consejo Superior de la Judicatura al Gobierno Nacional, como parte de los acuerdos que se hicieron el año pasado para solucionar el paro judicial que se organizó ante la falta de personal. 

Según Arango, el Ejecutivo se había comprometido a reintegrar dichos recursos al presupuesto de la Judicatura en este año, cuestión que no ha ocurrido, por lo que una vez se agotaron los recursos cesaron los contratos de los empleados de descongestión. 

Además explicó que ahora solo hay 62 personas encargadas de atender los trámites de 57.864 procesos.

“Se necesitan un mínimo de 100 empleados para cumplir nuestras funciones, con los que tenemos ahora no hemos podido atender al público, las remisiones de los procesos se hacen con un solo notificador”, concluyó Arango.