En una reunión con directivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cabeza de su director ejecutivo Emilio Álvarez Icasa, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expuso la que considera una persecución política en contra de su partido, familia y contra él.

Indicó Uribe que en su encuentro expuso: “Las condenas políticas a funcionarios de mi Gobierno, a integrantes de las Fuerzas Armadas y a activistas políticos, por sesgos en sectores de la justicia”.

De la misma manera dijo que habló sobre “La instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del precedente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusarme. Con la anotación que muchos de esos testigos, criminales notorios, fueron llevados por mi Gobierno a la cárcel o extraditados. Y varios de ellos que, estando clandestinos en el extranjero, sus testimonios han sido validados. O también el supuesto ‘hacker’ que trabajó en asesorías políticas al actual presidente y es falso testigo contra integrantes de nuestro partido y contra mi persona”.

Uribe en una declaración sostuvo: “Las acusaciones en mi contra de fiscales y jueces, Pinilla Cogollo por ejemplo, que hizo parte de grupo guerrillero, llegó incluso a anticipar el asesinato de los magistrados en 1985 por el narcoterrorismo, y hoy se dedica a acusarme. Grabaciones en la Corte Suprema, que he conocido por publicaciones, unas hace algunos años por El Espectador y otras recientemente en diferentes medios, con magistrados debidamente identificados, pidiendo golpe de estado en mi contra u ordenando condenas a mis compañeros por razones políticas. Grabaciones ciertas pero que se realizaron de manera ilegal, ordenadas por delincuentes, de cuya autoría infamemente acusan a mi Gobierno”.

Por último sostuvo que "la falta de garantías procesales como la segunda instancia con falladores independientes. La impunidad abierta y también disfrazada de los acuerdos de La Habana; abierta en casos de narcotráfico, asesinato y secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno aceptó como delitos políticos, y disfrazada en masacres y otras atrocidades, que aparentemente serán investigadas y juzgadas pero que, al ser reconocidas por el terrorismo, sus autores no irán a la cárcel y gozarán del premio de elegibilidad política, que ya conocemos, será con proselitismo armado.

Impunidad que, además de violar el orden jurídico nacional e internacional, creará más violencia como se siente en el país. Impunidad por prevalencia de lo político sobre jurídico: en efecto, juristas que en su momento, y con razón, estimaron que 8 años de cárcel era muy poco para los paramilitares, hoy afirman, sin razón, que integrantes de las Farc, incursos en masacres de igual gravedad, no deben ir a la cárcel”. 

*Bogotá | Colprensa