La incertidumbre política sobre el nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las Farc y su implementación se empezó a sentir en varias regiones del país y no solo con la muerte en combate de dos guerrilleros y la desmovilización de uno más que afirma ser de las Farc, sino porque grupos neoparamilitares están abarcando las zonas que la insurgencia está dejando libres en su tránsito hacia las zonas de preconcentración.

La firma de un nuevo acuerdo de paz había traído un alivio al cese bilateral, según palabras del propio Ministro de la Defensa, pero lo cierto es que esta semana el país volvió a experimentar alteraciones de orden público, que no se vivían hace mucho y que recuerdan las escenas que se grabaron en la memoria de los colombianos en 52 años de conflicto: 17 policías heridos en Cúcuta por artefacto explosivo que habría activado el Eln y la retención de una ambulancia en Norte de Santander; dos policías asesinados a bala en Antioquia en menos de 24 horas; un choque entre campesinos y la Fuerza Pública luego de un fallido operativo contra el Eln en el Cauca; y la muerte en combate de dos guerrilleros en el Sur de Bolívar.

Este último hecho es el más grave, por lo que se ha podido conocer hasta el momento: el Ejército dice que se incautó de un documento con órdenes de extorsionar y que tendrían códigos de comunicación con el Eln.  Mientras el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese el fuego inició una investigación sobre lo que el Ejército denominó un combate, una comisión alterna realizada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó afirma que los guerrilleros se encontraban en dos casas de familia, que tienen tiendas y hospedaje, en donde habrían sido asesinados, sin que se hubiera presentado combate alguno y ante la posibilidad de capturarlos, en hechos que sucedieron a 68 kilómetros de una zona de preagrupación para los guerrilleros.

Estos hechos advierten dos cosas distintas: la primera, el presunto camuflaje de guerrilleros de las Farc como integrantes del Eln y, segundo, un aparente desorden en el recorrido de los guerrilleros hacia las 26 zonas de preagrupamiento que fueron definidas entre las Farc y el Gobierno en varios departamentos y que están ubicadas cerca a las zonas veredales del primer acuerdo para la concentración de los guerrilleros y el inicio del proceso de dejación de armas.

Diez de esas zonas están ubicadas en el departamento de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez Gutiérrez denuncia la ocurrencia de ambas situaciones. En diálogo con Colprensa, el mandatario afirmó que la Fuerza Pública recientemente ha tenido enfrentamientos con el Eln, con algunos insurgentes que parecen ser disidentes de las Farc o que están usando el nombre del Eln para delinquir y enfrentamientos con el Clan del Golfo.

“Hay varios guerrilleros de la Farc que al parecer son disidentes y que han seguido extorsionado  a nombre del Eln, o no sabemos si es que se pasaron definitivamente para el Eln. Pero en la zona de El Bagre, de Remedios y zonas en límite con el Sur de Bolívar han estado apareciendo este tipo de hechos”, afirmó Pérez.

La situación del departamento es más complicada aún, denuncia Pérez, porque el movimiento de los guerrilleros a esas diez zonas se está haciendo sin ningún control ni aviso a los alcaldes locales, siendo personas armadas, por lo que hizo un llamado al Gobierno Central para que se haga una coordinación.

Pérez afirma que a pesar del acuerdo para que los guerrilleros no tuvieran contacto con niños, lo que está pasando en terreno es que estos llegan de manera inesperada, se instalan, toman contacto con las comunidades, hacen actividades deportivas y culturales y hasta estarían exigiendo cosas con derechos de petición que estarían obligando a los ciudadanos a presentar en las alcaldías.

“Este reagrupamiento lo veo desordenado, improvisado, sin la preparación necesaria y, si vamos a seguir con esta guachafita en el postconflicto, nos va a traer resultados negativos para la paz. El Gobierno inicialmente dijo que ese preagrupamiento iba a tener monitoreo y fiscalización y eso no es cierto, no hay ningún tipo de monitoreo”, dice Pérez, para quien la improvisación puede implicar riesgos.

“Los negociadores han estado muy concentrados en redactar un acuerdo pero han dejado desordenar el proyecto en las regiones, que es donde nos toca la menuda y los problemas complejos que definen o no el éxito de un posconflicto”, precisó.

Entre tanto, en el departamento de Nariño, el Mecanismo de Monitoreo anunció que investiga otro hecho sin precisar realmente qué sucedió.  El gobernador del departamento, Camilo Romero, explicó a Colprensa que allí hay dos zonas veredales, una en Tumaco y otra en Policarpa, en donde habrá una reunión la otra semana con autoridades municipales, departamentales, nacionales y organismos internacionales para definir responsabilidades.

Romero es claro: Nariño apoyó el acuerdo inicial en la jornada del plebiscito por la paz y se la juega de manera clara por el proceso. “No más dilaciones, lo que queremos es que se pongan en la implementación de inmediato”, dijo, al señalar que el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, dio la orden para que todo territorio abandonado por las Farc sea ocupado por la Fuerza Pública.

“Esa instrucción nos da tranquilidad, es el compromiso desde el Ministerio de Defensa, del general Rodríguez  y esperamos que se cumpla. Mucha inquietud, mucha preocupación de la ciudadanía para que ese territorio sea ocupado por la Fuerza Pública”, agregó.

Tanto Antioquia como Nariño son dos de los departamentos en donde las Naciones Unidas alerta por la presencia de grupos creados tras la desmovilización de los paramilitares, para ocupar las regiones que las Farc están dejando libres, para controlar el narcotráfico y otras economías ilícitas.  A estos departamentos se suma Chocó, Córdoba y el Cauca.

Por esa razón,  el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, hizo un llamado urgente para la implementación de los acuerdos y la protección de los derechos humanos de las comunidades vulnerables, que son las que sufren la incertidumbre política de un país. En pocas palabras, se necesita acción y menos ‘palabrería’, porque una cosa es que se acuerden mecanismos y tareas y otra muy distinta que en el terreno se haga algo.

“Este proceso no puede seguir por siempre porque hay mucha incertidumbre, hay problemas de drogas ilícitas que están generando problemas con otros grupos ilegales. Se deben tomar acciones preventivas (…) En muchas regiones hay asesinatos, indígenas, afro, líderes sociales, es el momento de superar estos problemas y que los acuerdos no queden sobre el papel”, dijo Howland.

Y es que el riesgo está en perder una oportunidad única es histórica de hacer la paz y transformar el territorio hacia un lugar más pacífico y hacia una Colombia como potencia regional, como indicó el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, al finalizar la semana, porque es más que evidente la reducción de la criminalidad de las Farc.

Según cifras del Ministerio entregadas a Colprensa, en todo el año se han presentado 10 homicidios atribuibles a las Farc, mientras el año pasado iban 53; así como cero secuestros frente a 15 del año anterior y 7 casos de extorsión frente a 191 del 2015.

Las cifras hablan de 22 heridos de la fuerza pública y 3 muertos, frente a 296 y 80 en el 2015; y 25 acciones de terrorismo frente a 218 del año anterior.  “Eso comprueba algo que a mí me ha sorprendido: como una sociedad que ve tangible que las novedades de la Fuerza Pública pasan de 400 a 25, es decir, 375 vidas o integridades personales que no se han afectado o perdido, no se aferra a la causa de la negociación de paz. El solo ahorro de vidas justificaría cualquier esfuerzo de paz”, dijo Villegas.

A esto se suma que desde la firma del primer acuerdo no ha habido ni un solo crimen reportado como cometido por las Farc y que en total se han presentado 539 desmovilizaciones y 549 capturas de miembros de esa guerrilla.

¿Qué sigue?

El nuevo acuerdo con las Farc tiene un protocolo para los desplazamientos de las Farc a las zonas veredales y puntos transitorios de normalización que  señala que desde el día D+1 un delegado del Gobierno, otro de las FARC entregarán a la Fuerza Pública y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación las coordenadas de ubicación para que se gestionen las medidas para los recorridos.

En el papel, esos movimientos pueden ser acompañados por el Mecanismo de Monitoreo si las Farc y el Gobierno lo requieren y se deben entregar medidas de seguridad y de logística paras las distintas unidades en tres fases: planeación, en donde además se establecen canales de comunicación; ejecución y adaptación que implica adaptar los dispositivos de seguridad en el terreno.

No obstante, ni se ha definido el Día D y las guerrillas ya se están movilizando.

En el terreno, cada zona veredal o punto transitorio tiene límites específicos, comunicaciones, zona de seguridad interna y externa, de un kilómetro “para evitar incidentes o accidentes. Esta zona de seguridad esta supervisada por el MM&V y en ella no hacen presencia integrantes de la Fuerza Pública o de las Farc-Ep, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran”.

En cada zona o punto habrá un solo campamento y contenedores para almacenar el armamento y la munición de las Farc, en su interior estará suspendido el porte y la tenencia de armas para la población civil y por fuerza los guerrilleros estarán sin armas y de civil.

Se acordó igualmente que  en las sedes locales del mecanismo de Monitoreo habrá un proceso de seguimiento de alertas tempranas y, en caso de presentarse algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional, el mecanismo coordinará con las Farc y el Gobierno el apoyo de las autoridades.

A las zonas veredales y puntos transitorios no podrá ser transportado armamento inestable y la extracción de las armas de los contenedores a su lugar final se realizará bajo los estándares seguridad de la ONU. Antes, serán registradas, identificadas, marcadas y almacenadas.

Dato crimen organizado

El ministro Luis Carlos Villegas aseguró en días pasados que el crimen organizado, entiéndase bandas criminales, es la amenaza “más importante para la paz territorial” y reconoció que sigue existiendo, que es peligroso y que tiene capacidad regional. Reportó 2917 personas neutralizadas, incautación de 327 toneladas de cocaína y la destrucción de 4440 laboratorios destruidos en lo que va del año”.