Los sueños de otras 100 familias quedaron reducidos a polvo. La escena de un edificio destruido por fallas constructivas, que ya se vio en los edificios Bernavento y Space en Medellín, se repitió en Altos del Lago, en Rionegro, Oriente de Antioquia. 

El edificio de 18 pisos y cuatro niveles de parqueaderos tenía fallas estructurales severas. Un estudio de la Universidad Nacional concluyó que la edificación era incapaz de soportar su propio peso, que algunas de sus vigas no tenían concreto y entre los cementos se encontraron desde tapas plásticas hasta colillas de cigarrillo. 

El alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, aseguró que el derrumbamiento le dejó una sensación de tristeza. “Es una canallada de los constructores, que no tuvieron ningún reato en jugar con las ilusiones y la vida de la gente”, declaró el funcionario quien enfatizó en que, luego de escuchar los conceptos técnicos de por lo menos tres fuentes (estudios y análisis), saltaba a la vista la mala calidad de la construcción. 

Esa apreciación fue ratificada por Hernán Velasco, director de proyectos de la empresa Atila Demoliciones, quien explicó que sus hombres no pudieron ejecutar el diseño inicial de la voladura por el riesgo que implicaba perforar columnas. 

Por eso, ratificó, optaron por usar un sistema adosado que consistió en cajas de metal y concreto con explosivos, adherido o “abrazado” a las columnas. 

“Perforar habría sido cambiar una implosión por el asesinato de los trabajadores de Atila”, sentenció, al reiterar la mala calidad de la mezcla de concreto. 

#RionegroComunica en 30' El derribamiento controlado del edificio Altos del Lago se desarrolló sin contratiempos pic.twitter.com/XS1DuxYLEW

— Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) 3 de mayo de 2019

Caída, paso a paso 

A las 6:00 a.m. de este viernes unos 1.300 residentes del barrio El Lago de Rionegro tuvieron que salir de sus casas por orden de la Alcaldía. Las vías aledañas fueron cerradas y en un radio de 100 metros alrededor del conjunto residencial se instalaron vallas para evitar el paso de curiosos. 

Cristian Ospina, subsecretario de Gestión del Riesgo de Rionegro, coordinó la evacuación en la que además hubo presencia de bomberos, agentes de tránsito y hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea que, mediante perifoneo, avisó a los rionegreros que no debían acercarse a El Lago por seguridad. 

A las 9:30 a.m. debía sonar la primera alarma, pero no sucedió. Más tarde los voceros de Atila confirmaron que dos personas violaron el perímetro de seguridad, lo que obligó a posponer la operación durante seis minutos. 

A las 9:36 se escuchó la primera sirena. 10 minutos después la segunda y a las 10:05 a.m. la última, que sonó durante 30 segundos. Una detonación seca se escuchó y el edificio cayó. En dos cuadras alrededor se sintió un ligero temblor en el suelo, pero ninguna edificación, ni siquiera las más cercanas al edificio enfermo, sufrieron daños. 

Una nube de polvo cubrió lo que quedaba del edificio y según el ingeniero Velasco fue dispersada en tres minutos con la ayuda de las mangueras de los bomberos. 

“Ocupamos (con los escombros) un área de 2,50 metros a un costado del edificio. En la parte de atrás no se tocaron los árboles que estaban a dos metros, en el frente tampoco sufrió daños un poste que está a 60 cm, en lateral la calle no tiene escombros, y al otro lado está el lago que no sufrió afectaciones”, reportó Velasco. 

Hacia la 1:00 p.m. los 10 cierres viales que estaban programados fueron levantados y los vecinos pudieron volver a sus casas. 

Costos y demandas 

Según el alcalde Rendón, el contrato entre la Alcaldía y Atila tiene un costo de $1.400 millones que incluye la disposición final de los escombros que deberán ser retirados en unos 20 días. El edificio, de acuerdo con las fichas técnicas, tenía un peso estimado de 700 toneladas. 

Hernán Darío Álvarez, secretario de Gobierno de Rionegro, aseguró que el contrato se hizo amparado en el sistema de gestión del riesgo, pues estaba en peligro la vida de los vecinos. 

“Teníamos un edificio al lado de varias construcciones y de un centro de desarrollo infantil, que era incapaz de resistir su propio peso y que no podía ser repotenciado, porque eso concluyeron los estudios”, afirmó. 

Tanto el alcalde como su secretario de Gobierno informaron que la administración está evaluando a través de qué mecanismos podría trasladar los cobros al constructor. 

Sin embargo, el panorama no es alentador. Cristian Sánchez, abogado de 40 copropietarios de Altos del Lago, explicó que su buró hizo un estudio y encontró que la firma responsable del proyecto —Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (Sincc) — ya no tiene patrimonio y, por eso, sus representados desistieron de emprender acciones civiles y optaron solo por continuar con los procesos penales y administrativos. 

Tanto los copropietarios como la administración de Rionegro señalan a la constructora, cuyo representante legal es Fabio Andrés Jaramillo, como la gran ausente. 

“Si entre 2017 y 2018 nos reunimos con algún delegado de ellos tres veces, fue mucho”, dijo el abogado Sánchez. 

“Yo he estado con este proceso desde 2016 y no le conozco la cara al constructor”, dijo a su turno el secretario Álvarez. 

Desde que se evacuó el edificio, en febrero de 2017, EL COLOMBIANO ha buscado a los representantes de la constructora, pero hasta la fecha no ha conseguido respuesta. Sus números de contacto aparecen desconectados y en el domicilio registrado para la empresa hay un edificio de apartamentos. 

Irregularidades 

Altos del Lago tuvo dos licencias de construcción, una de ellas aprobada en 2011 para 11 pisos y un semisótano. Esnéider Gómez Franco firma el formulario como calculista de esos diseños en los que figura como responsable la empresa Altos del Lago S.A.S. 

El 4 de noviembre de 2014 se otorgó una nueva licencia mediante la Resolución 696. En ella se amplía y modifica la etapa 1 de Altos del Lago. 

El permiso queda entonces para un área total de 77.786,94 metros cuadrados con 18 niveles y 116 unidades de vivienda. El calculista que firma esta vez es León Jaime López Ramírez, y el responsable es Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, tal como consta en los documentos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO. 

Los planos del edificio aprobado en 2014 fueron analizados por los investigadores de la Universidad Nacional, quienes identificaron una serie de muros alrededor de los ascensores. Sin embargo, a la hora de inspeccionar el edificio, no los encontraron. 

Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional dijo que, además, encontraron errores y omisiones en el análisis estructural del edificio, incluyendo vigas no uniformes y subestimaciones de cargas en los muros. 

Guillermo Gómez, secretario de Planeación de Rionegro, manifestó que además la licencia de 2014 no cumplía la norma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en temas de edificabilidad (viviendas por hectárea). 

Pero ese fenómeno, dijo, no solo se dio en Altos del Lago. “Encontramos un pico de licencias expedidas entre 2014 y 2015, luego de que la pasada administración se inventó unas circulares con las que unos suelos urbanos pasaron a ser rurales, sin la aprobación del Concejo”, explicó y aclaró que esas normas ya fueron derogadas. 

Duberney Pérez, subsecretario de Control Territorial, confirmó que, como si fuera poco, en Altos del Lago se identificaron infracciones urbanísticas que obligaron a multar a Sincc con $156,2 millones. “Ellos habían construido una rampa en el espacio público y unos muros adicionales”, confirmó. 

Acciones legales 

Los copropietarios de Altos del Lago ya entablaron acciones judiciales contra la constructora y administrativas contra la Alcaldía. 

“Esos procesos están en etapa inicial pero esperamos que se reconozca que el Municipio faltó a la vigilancia y control del desarrollo inmobiliario”, dijo el abogado Sánchez. 

El secretario de Gobierno, Hernán Álvarez, dijo que es posible que haya nuevos procesos legales que involucren a la administración pero que, por ahora, las tutelas que puso la constructora contra la Alcaldía ya fueron falladas en contra de la empresa.