Autoridades colombianas y oenegés alertaron sobre el deterioro de la seguridad en el país, luego de que trece jóvenes y adolescentes fueran asesinados en un lapso de cuatro días en medio de las medidas de confinamiento para frenar el coronavirus.

En la noche del sábado nueve personas, menores de 30 años, fallecieron en una matanza en el departamento cocalero de Nariño, en circunstancias todavía desconocidas.

Y el martes las autoridades encontraron los cadáveres de cinco adolescentes negros, entre los 14 y 15 años, en un cultivo de caña de azúcar de la ciudad de Cali. 

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“La ocurrencia de masacres en el país manifiestan el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”, señaló la Defensoría del Pueblo, en Twitter.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que “la situación de seguridad para las comunidades se ha deteriorado notoriamente”. 

Para Ariel Ávila, investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, “el fenómeno pandemia” había ocultado el recrudecimiento de la violencia que, según él, se acentuó desde que el presidente Iván Duque llegó al poder en 2018. 

“Si bien los actores son diferentes y los hechos tendrían motivaciones diferentes, lo cierto es que el país siente un deterioro de la seguridad”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Colombia, con una población de casi 50 millones de habitantes, es el cuarto país de Latinoamérica con más muertos (14.810) y contagios (456.689) por el nuevo coronavirus.   

Violencia y confinamiento 

En regiones alejadas, guerrilla, disidencias de las Farc, narcos y bandas criminales de origen paramilitar encontraron en la emergencia sanitaria un pretexto para imponer sus reglas de acero y extender el dominio territorial, coinciden expertos.

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Las masacres de los jóvenes revivieron las peores épocas del conflicto colombiano, aliviado en gran medida por la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. 

El procurador general, Fernando Carrillo, que en Colombia vigila a los funcionarios públicos, alertó sobre “rebrotes de violencia en los territorios”.

“Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos”, pidió Carrillo en Twitter.

Aunque con numerosas excepciones, la mayoría de la población está en cuarentena desde el 25 de marzo, como medida para frenar la expansión del virus.

Duque rechazó ambas “masacres” y ordenó el despliegue de la fuerza pública en las zonas afectadas. 

Según el analista Ávila el resurgimiento de la violencia en el país se debe a la “ausencia de liderazgo en materia de seguridad” del mandatario, férreo crítico del acuerdo que desarmó y transformó en partido a las FARC.

Las matanzas ocurrieron en la región del Pacífico de Colombia, una de las mayores zonas de narcocultivos en el país, con 57.897 hectáreas de las 154.000 sembradas en 2019, según la ONU. 

Por su ubicación estratégica para la salida de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, la región es disputada por disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, bandas narcotraficantes y rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Colombia vive un conflicto armado que en más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales, con un saldo de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

El país es el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga.