El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el balance y las recomendaciones entregadas al Gobierno entre el 19 y el 20 de octubre sobre la situación de Derechos Civiles y políticos en el país.

En primer lugar, aseguró que si bien las negociaciones de paz con las Farc han reducido el impacto de la violencia en la población civil, todavía se siguen presentando casos de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias de personas por lo cual conminó al Estado a prevenir estos casos y tomar medidas de protección efectiva a la población vulnerable como las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los afrocolombianos y los indios, así como a los reclamantes de tierras.

En especial, el Comité se mostró preocupado porque quede impune la violencia cometida por los grupos paramilitares desmovilizados y la que haya sido ordenada por los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos.

“El Estado debe redoblar sus esfuerzos para prevenir los abusos cometidos por los grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares y para que los responsables, incluyendo los agentes estatales que les presten su apoyo o den su aquiescencia, sean llevados ante la justicia y sancionados. Asimismo, debe velar porque las víctimas reciban protección adecuada y reparación integral”, dice el informe.

¿Dónde está la justicia?

Igualmente, las Naciones Unidas cuestionaron el avance lento de los procesos y condenas contra los responsables de los ‘Falsos Positivos’, por lo que pidió intensificar las investigaciones por crímenes cometidos por agentes estatales y velar para que se lleven a cabo en la justicia ordinaria y no en la justicia penal militar.

El Comité se mostró preocupado, asimismo, por los fenómenos de desplazamiento forzado que todavía existen en el país por cuenta de las bandas criminales y pidió garantías para que se puedan hacer retornos y reubicaciones de estas personas en condiciones de seguridad.

También advirtió el Comité que todavía existen casos de reclutamiento de menores por parte de las bacrim, especialmente de indígenas y afros, por lo que exigió su prevención y que sean tratados como víctimas con independencia de qué grupo ilegal los reclutó.

Sobre los derechos de las personas afrocolombianas e indias, las Naciones Unidas alertaron por la continuación de actos de discriminación y por las licencias y títulos entregados a terceros para que exploten recursos en sus territorios.

Asistencia a tiempo

En especial, preocupa la situación de falta de agua de potable del pueblo Wayúu en el departamento de La Guajira y la demora en la adopción de una ley que garantice la realización de consultas previas con las comunidades étnicas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura.

Igualmente, se solicitó tomar medidas para la salvaguarda para los 34 pueblos indios que han sido identificados como en peligro de extinción y desintegración cultural o física.

Para el Comité es grave que los campesinos pobres hagan la erradicación de los cultivos de coca por no tener otro medio de subsistencia y recomendó garantizar que no haya mimas ni ningún otro riesgo en esas áreas, así como la atención de personas que hayan resultado heridas.

Violencia a población LGTBI

El Comité reconoció los avances en materia de igualdad que se han logrado en el país gracias a los fallos de la Corte Constitucional sobre matrimonio y adopción igualitaria, pero cuestionó los actos de violencia, discriminaciones y amenazas que sufren las personas por su orientación sexual diversa en el país.

En ese sentido, se solicitó “incrementar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y para garantizar que se prevengan los actos de discriminación y violencia en su contra; se investigue, procese y sancione a los autores de actos de violencia en su contra; y se otorgue atención y reparación integral a las víctimas”.

En cuanto a la violencia sexual y violencia contra la mujer, el Comité insistió en la necesidad de una investigación oportuna, facilitando la presentación de denuncias por las víctimas, su debida atención, la reparación integral y los medios de protección adecuados, entre otras cosas, “poniendo a su disposición un número suficiente de centros de acogida en todo el país”.

Incluso, se refirió a las dificultades que han denunciado las mujeres para poder interrumpir de manera voluntaria su embarazo cuando se trate de las situaciones permitidas por la Corte Constitucional, pues, más allá del fallo, en la práctica hay dificultades de acceso y trabas que terminan favoreciendo los abortos clandestinos e inseguros.