Aunque el histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, alias ‘Timochenko’, selló un acuerdo en el espinoso tema de la justicia, también materializó un plazo de seis meses, que empezó a correr desde ese momento, donde las partes deberán dirimir muchas diferencias antes de firmar un acuerdo final de paz.

Si bien lo pactado desenreda el ritmo de los diálogos, por las presiones que sumaba a la mesa el vaivén de posiciones de la guerrilla y el Gobierno en torno a la justicia, queda pendiente el acuerdo parcial concreto del tema de víctimas, donde ya se avanzó, entre otros aspectos, con la creación de la Comisión de la Verdad.

En esta materia falta concretar cómo será la reparación por parte de las Farc, así como el esclarecimiento de lo que sucedió con cientos de personas que continúan desaparecidas. Mientras tanto, el Gobierno ya dispone de una ley para indemnizar a las víctimas de esta confrontación.

A esto se suma un punto que si bien no tiene tantas aristas como el de la justicia, abarca un grueso de temas de difícil tratamiento para la mesa: el del 'Fin del conflicto'. Éste incluye un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el abandono de las armas de las Farc y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil en la esfera económica, social y política.

Además, tras 34 meses de negociación y 41 rondas de diálogo, en los puntos que ya se firmaron, como participación política, desarrollo agrario y narcotráfico, hay 'asteriscos' que están siendo estudiados por subcomisiones de expertos designadas por las delegaciones, para ir avanzando paralelamente a los negociadores principales.

Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, uno de los mayores retos viene de la necesidad de garantizar seguridad física a la guerrilla, tanto en este momento, como en la etapa posterior a la firma de un acuerdo final.

“Tanto esas garantías, como el desmonte del paramilitarismo, serán fundamentales para no repetir experiencias pasadas en procesos de paz. Hay avance en el tema de dejación de armas y cese bilateral, que es lo que ha venido trabajando la comisión conformada por militares, pero aún hay un camino largo para evacuar estos temas pendientes”, explicó el catedrático.

Esta misma tesis la apoya el coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, quien explica que la mesa deberá centrar su atención en la seguridad rural, la seguridad física a desmovilizados de la guerrilla, así como la dejación de armas y la refrendación.

Sin embargo, en cuanto a la seguridad física de los desmovilizados, alertó sobre los riesgos de que otros grupos ilegales quieran ocupar mercados ilegales que eventualmente abandonen las Farc.

Un documento de esa organización explica que de los 1.102 municipios que tiene el país, son 281 los que centrarán la ejecución del postconflicto; lo que se traduce en un 16% de la población colombiana.

De esos municipios 179 tienen presencia de cultivo de hoja de coca, entre esos 112 y unos adicionales tienen presencia de minería ilegal. Además, en 182 de los 281 hay presencia de las Farc y de algún grupo armado adicional.

“Por eso es importante fijar las condiciones de la dejación de armas, que empieza 60 días después de la firma, pero hay que ver qué significa eso, qué tan largo va a ser el proceso cuáles y donde van a ser los puntos de concentración, quiénes van a verificar, ese es otro tema muy duro”, agregó el analista.

No obstante esta función la estarían adelantando de manera paralela en la mesa, los delegados de Unasur y Naciones Unidas en el proceso de paz con las Farc, tal como lo aclaró el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, al referirse a las labores de verificación.

Refrendación e implementación

Entre los pendientes también está el punto seis de la agenda de negociaciones con el grupo guerrillero, que hace referencia al tema de la ‘Implementación, verificación y refrendación’, del acuerdo final, que ya ha sido objeto de debate sobre la manera en la que los colombianos decidirán si están o no de acuerdo con lo que acuerda la mesa.

El Gobierno habló en principio de que la refrendación se haría a través de un referendo, una medida que no comparten las Farc, quienes hablan de una Asamblea Constituyente. Aunque el Gobierno habla de otras alternativas, quienes se oponen al proceso de paz insisten en que el debate político se dará en las urnas.

En cuanto a la implementación, el Gobierno ya radicó el acto legislativo con el cual busca incorporar en la Constitución Nacional algunos mecanismos transitorios que den facultades al Presidente de la República para implementar los acuerdos de paz a los que se llegue con las guerrillas.

La reforma, que deberá cumplir sus primeros cuatro debates antes de finalizar esta legislatura, el 16 de diciembre, se ha denominado como la que “establece instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos, necesarios para facilitar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

El proyecto tiene un artículo donde se crea una Comisión Legislativa Especial compuesta por el propio Congreso de la República y otro que le da las facultades al Presidente de la República para implementar los acuerdos.

Santos defendió la reforma al asegurar que “no se puede dejar mucho tiempo entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se comienza la implementación de los acuerdos” y agregó que “nada de lo que ese proyecto contiene se comenzará a aplicar sino hasta cuando se haya dado la refrendación”.

¿Jugará en contra el plazo?

De acuerdo con Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, Cerac, el plazo de seis meses para firmar el acuerdo final, no representa ningún riesgo porque es un plazo bilateral, definido por las partes y no impuesto por externos.

“En la mesa lo que falta por evacuar, yo creo que es únicamente difícil en materia de refrendación. El resto son temas concretos de procedimiento (…) con el acuerdo en Justicia Transicional y la reducción de la violencia que ha visto el país en los últimos dos meses, se acerca más el fin del conflicto”, explicó Restrepo.

Asimismo, agregó que por primera vez esta guerrilla aceptó la juridicidad no solo nacional sino internacional, lo que anticipa la voluntad política para dirimir consensos en lo que falta por discutir en la mesa. 

*Bogotá | Colprensa