Un verdadero reto tienen los organismos de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, al procesar y responsabilizar los presuntos hechos de corrupción que estarían haciendo alcaldes y gobernadores en la contratación en el marco de la pandemia del Covid-19.

Hace dos semanas, las 'ías' como se les reconoce a estas tres entidades, anunciaron al país la apertura de procesos judiciales, disciplinares y fiscales, a más de 30 mandatarios regionales entre gobernadores y alcaldes, e incluso uno en la Corte Suprema al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, en las que por ejemplo se retiró del cargo por tres meses al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por presuntas irregularidades en un contrato por más de 2.000 millones de pesos, como también al alcalde de Calarca, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, por un millonario contrato suscrito en plena emergencia sanitaria.

Sin embargo muchas de esas denuncias podrían ser retaliaciones políticas de los candidatos perdedores de  las elecciones en octubre pasado, y que ahora aprovechan para que se les abra un proceso sin importar que las denuncias no puedan tener sustento.

El analista John Mario Gonzáles, al respecto señala que “no me cabe duda que hay denuncias en ese sentido, pero si los alcaldes y gobernadores han procedido con transparencia en la suscripción de esos contratos no habría posibilidad de que cualquiera de las 'ías' pueda procesar a un mandatario local”.

El analista Fernando Sanín, estima que “pueden estar a la caza de 'falsos positivos políticos' y esperan que los órganos de control los que puedan inhabilitarlos y hasta lograr su destitución”.

Gonzáles sostiene además que la Contraloría y la Procuraduría, pueden analizar varias condiciones en las que se compraron los bienes, en especial los alimentos, contratos en los que han recaído mayores reclamos. “Lo que se debe evitar es que las 'ías' hagan un uso ineficaz de éste instrumento de vigilancia que es muy potente”.

Habla alcalde investigado

Uno de los alcaldes investigados por ésta época es el alcalde de Cota, Cundinamarca, Néstor Orlando Guitarrero, asegura que “esto es un tema netamente político, tenemos un grupo de ciudadanos que perdieron las pasadas contiendas electorales y que ven la política como un negocio, yo no, mire yo ya fui Alcalde de este municipio y la gente me reeligió, porque realicé un trabajo social, con los jóvenes frente a la educación, con la  niñez y las personas de la tercera edad”.

A Guitarrero, los investigan porque los diez mil mercados que entregó fueron pagados a $148.000, cuando según los denunciantes los mismos no superan los $115.000. Al respecto sostiene que “dentro de este contrato hay que contar la empacada, la embalada, el transporte y las personas para la logística, allí en este contrato está incluido todo lo que le estoy mencionando, los que están haciendo los panfletos y las demandas no tienen en cuenta que son 10 mil mercados y que hay que ir a llevarlos a las veredas y a las gentes a los barrios, adicionalmente al empacar hay que hacerle desinfección a los mercados, todo es un proceso”.

Se defiende además señalando que todos los contratos, desde el inicio del proceso están en la página del SECOP, también los solicitaron, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, “mi administración desde que se inició el proceso ha tenido las puertas abiertas para todos los organismos de control y para la ciudadanía, no tenemos nada para esconder”.

El personero de Cota, Eduardo Quintero Duarte, aseguró que se han iniciado tres indagaciones preliminares por tres contratos, una de ellas se adelanta con la Procuraduría provincial de Zipaquirá, pero que en su momento informará si hubo sobrecosto o no.