La Contraloría General de la República llamó hoy la atención por el riesgo que existe frente al eventual incumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2014-2018).

Según el ente de control, en este caso no solo se estaría incumpliendo lo referente a los niveles anuales de inversión con destinación a los pueblos y comunidades indígenas, sino también en lo relativo al cumplimiento concreto de los 169 acuerdos protocolizados que además fueron incluidos en el PND.

A esta consideración arribó el ente de control fiscal tras finalizar una actuación especial de seguimiento al tema. "Este riesgo es evidente y se deriva tanto de las falencias en la información producida y presentada por el Gobierno Nacional, como por la incapacidad de llevar a cabo procesos estrictos de planeación estratégica con información consistente", señaló la Contraloría.

En criterio de la entidad tras el análisis realizado se pudo establecer que “no son claras las fuentes de los recursos con los cuales las entidades del Gobierno Nacional planean cumplir los acuerdos suscritos”, y ya en el marco de los problemas fiscales por los que atraviesa la economía nacional se afirma que “los efectos de la situación macroeconómica y fiscal del país, ponen en riesgo el compromiso de cumplir lo acordado en términos de distribución de los montos de inversión”.

A este último aspecto se señala que se está ante una situación que “pone en riesgo el compromiso de cumplir con los acuerdos en términos de distribución anual de los montos de inversión (20% en 2015, 30% en 2016, 30% en 2017, 20% en 2018) del presupuesto indicativo de entre $8 y $11 billones establecido en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1753 de 2015”.

De la misma manera, se señala que las cifras reportadas por las entidades confunden los recursos apropiados en el marco de la oferta institucional ordinaria del Estado para los pueblos indígenas, con los recursos que las entidades deben apropiar para destinarlos específicamente al cumplimiento de dichos acuerdos.

Tras el análisis realizado por la Contraloría se establece que a la fecha “no se ha concretado la concertación de los indicadores de gestión y de cumplimiento de las metas en el marco de los acuerdos suscritos” dificultándose la posibilidad de medir objetivamente el avance en la gestión de las entidades del Gobierno.

Cumplimientos parciales

Según el informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, las entidades que adquirieron compromisos con las comunidades étnicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo cumplen parcialmente con los principios de gestión fiscal, de economía, eficiencia, eficacia y equidad, en la medida en que no todas tienen claridad sobre el monto de recursos, proyectos y programas de inversión dirigidos a la población étnica.

Al respecto se hace referencia a:

El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio De Hacienda, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), el Centro de Memoria Histórica, Consejo Superior de la Judicatura, el DANE, el Corpamag, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Fonvivienda, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del norte y el oriente Amazónico (CDA), la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, los ministerios de Cultura, de Justicia, del Interior, de Trabajo, de Educación, de Vivienda, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de Salud, de Minas, de Ambiente, de Agricultura, el ICBF, IGAC, el Incoder y la Unidad De Consolidación Territorial, además de Parques Nacionales.

Otro de los inconvenientes encontrados por la entidad de control fue la dificultad para conceptuar sobre los recursos destinados para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual fue atribuido a “la precariedad en la información reportada por las entidades al respecto”.

Colprensa