El abanico de posibilidades en el tema de justicia transicional acordado entre el Gobierno y las Farc es tan ancho y diverso, que no solo brindaría beneficios a los guerrilleros, sino también a los agentes del Estado que hayan cometido algún delito y deseen obtener un beneficio jurídico. 

El quinto punto del acuerdo lo deja en evidencia cuando hace referencia a que la Jurisdicción Especial para la Paz tendría competencia sobre todos aquellos “que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo las Farc y agentes del Estado, por delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto”. 

Al anterior punto y apelando a preceptos de acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones, es posible que militares —los que alegan inocencia y los culpables—, se acercaran a este acuerdo para obtener en justicia transicional lo que no han logrado por medio de la justicia ordinaria. 

El analista y abogado militar, Jean Carlo Mejía Azuero, ve muy factible aplicar esta justicia transicional a los agentes del Estado, pero debería hacerse de forma simétrica dentro de la gran desigualdad que existe entre legales e ilegales. 

“El tema de justicia justa en este ámbito excepcional y temporal para militares exigirá que se comprendan no sólo las normas de la guerra sino los contextos, su evolución, la degradación del conflicto en todo orden y nivel; la sociología de la guerra; las normas operacionales de cada etapa del conflicto”, dice Mejía. 

¿Qué tan dispuestos están? 

Si bien el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc está en una etapa de ajustes, el presidente Juan Manuel Santos indicó que en el tema de la justicia el tratamiento para los integrantes de la Fuerza Pública será simultáneo y equilibrado al realizado con la guerrilla. Sin embargo, precisó Santos, “no será con las Farc con quienes decidamos la suerte de nuestros soldados y policías, ni tampoco de terceros civiles que se puedan haber visto involucrados en delitos cometidos en el conflicto”. 

En esa vía, generales en retiro como Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán cometida por grupos paramilitares en 1997, estarían dispuestos a acceder a este tipo de justicia, no para declararse culpable, sino para demostrar su inocencia y “colaborar con toda la verdad histórica, real y procesal y nos acogemos a los beneficios que deben determinar ahí”, dice. 

No obstante, Mimia Uscátegui, hija del general (r), piensa que ante el sufrimiento de ver a su padre en la cárcel durante 15 años y condenado injustamente, como familia se acogerían a esta ley “siempre y cuando se le respete su derecho a declararse inocente. Por ahora, seguimos trabajando con lo que hay en la justicia para demostrar su inocencia antes de pensar en la justicia transicional”. 

Basta el coronel (r) Róbinson González del Río, condenado por 26 ejecuciones extrajudiciales, podría obtener beneficios en el marco del acuerdo en justicia transicional firmado con las Farc, precisó su abogado hace una semana. 

“Se igualan a los terroristas” 

Ante las posibilidades de acceder a los beneficios planteados en la justicia transicional, para el general (r) Harold Bedoya, con estas acciones se mide con el mismo rasero “a los terroristas y a los integrantes de la Fuerza Pública en el país”. 

Juzgar a los militares con el mismo tribunal que se juzgarían a los guerrilleros estaría condicionado, dice Bedoya, “a decir la verdad, y la verdad es que acepten los crímenes que no han cometido y que denuncien a los que nada tienen que ver en ese problema”. 

La posibilidad de que los integrantes de las Fuerzas del Estado sean juzgados por tribunales especiales es calificada por Bedoya como una monstruosidad jurídica, sin embargo, para el analista Mejía Azuero, en Colombia todo el mundo piensa por los militares y policías con problemas judiciales, pero pocos se ponen en su lugar. 

*Medellín, Colprensa