Con la conclusión de que habrá dos nuevos foros regionales para ampliar la discusión y resolver las dudas que persisten sobre el Acuerdo de Escazú, terminó en sesión conjunta de las comisiones segundas del Congreso la presentación del proyecto de ley que busca que el país ratifique este tratado medioambiental.

La proposición de los foros fue aceptada luego de que varios senadores y representantes a la Cámara afirmaran que existen importantes objeciones y dudas sobre el alcance y las implicaciones de la ratificación del acuerdo en el país.

“A mí me gusta el acuerdo y lo quisiera votar positivo y lo que tenemos es la intención de proceder como corresponde. Yo pediría que le demos la oportunidad al acuerdo de hacer el debate, de ampliar la discusión, de hacer estos foros, este no es un proyecto que tenga fecha de vencimiento y sí podríamos encontrar el camino para votarlo positivo, pero si se fuerza la votación yo creo que no sería sano y tocaría hacer una medición de fuerzas. No vale la pena presionar la votación, sino buscar un camino de concertación”, indicó el presidente de la Comisión Segunda, senador Juan Diego Gómez, quien planteó la alternativa de los foros.

De hecho, la discusión, que ya había sido aplazada en cuatro oportunidades, se centró en el debate sobre si es o no es necesaria la realización de una consulta previa con las comunidades indígenas, afro y étnicas sobre los beneficios, conveniencias o implicaciones de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El encargado de poner esta discusión sobre la mesa fue el senador Ernesto Macías, quien afirmó que recibió previamente cartas de comunidades afro y de consejos comunitarios solicitando que se realice una consulta previa con sus poblaciones para proseguir o interrumpir el trámite del tratado.

Pero otros congresistas como Feliciano Valencia y Carlos Ardila expresaron su rechazo a la necesidad de una consulta para ratificar el tratado de Escazú en el país.

Según Valencia, no es cierto que las organizaciones estén solicitando dicha consulta, al contrario, afirmó que están pidiendo al Congreso un trámite pronto a la ley. Valencia afirmó, además, que la consulta previa no puede ser instrumentalizada para intereses de terceros.

Por su parte, Ardila afirmó que el Acuerdo no requiere de dicho trámite, teniendo en cuenta que su contenido no es exclusivo ni contiene implicaciones o determinaciones solo para los pueblos indígenas. Al contrario, es un acuerdo que implica los derechos medioambientales de todos los colombianos.

En ese mismo sentido se pronunció Carlos Alberto Baena, viceministro de Participación del Ministerio del Interior, al afirmar en medio de la discusión que no existe la necesidad de abordar el acuerdo por medio de una consulta previa, debido a que es una norma de carácter general que sí puede afectar comunidades étnicas, pero también a todas las demás comunidades del territorio.

Pero Macías también expresó otras críticas al acuerdo, como el hecho de que el país ya tiene una abundante legislación en términos medioambientales. Según él, más del 90% de la normativa contenida en el acuerdo ya se encuentra adoptada gracias a diversas resoluciones, leyes y disposiciones en Colombia.

Y es que la discusión del Acuerdo de Escazú no ha sido menor. Este es un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales. Pero a pesar de que fue presentado con mensaje de urgencia en el mes de julio, de que el presidente Iván Duque le ha expresado su apoyo al Acuerdo y de que ya se han realizado dos audiencias públicas para escuchar las voces a favor y en contra, y para aclarar los mitos que han surgido en torno al mismo, sectores políticos y gremiales continúan oponiéndose a su ratificación. 

Afirman que las dudas no han sido resultas, razón por la que se terminó aprobando la realización de nuevos foros antes de comenzar la discusión de las ponencias, a pesar de la negativa de otros senadores que solicitaron hacer un solo foro adicional, teniendo en cuenta las discusiones llevadas previamente y el mensaje de urgencia con que cursa el proyecto en el Congreso.

A lo largo de la discusión llevada a cabo este miércoles, senadores y representantes que se oponen a la ratificación expresaron nuevamente que el Acuerdo perjudica la soberanía colombiana, que interfiere y permite ataques de otros países en el desarrollo colombiano o que la legislación ya es lo suficientemente fuerte en términos ambientales en el país.

Razones a favor

Pero durante la discusión, representantes del Gobierno Nacional también trataron de aclarar las dudas y los mitos que han surgido respecto al Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, la Canciller Claudia Blum aclaró que el acuerdo respeta la soberanía de cada uno de los estados sobre sus recursos naturales y que la implementación se hará de manera progresiva y de acuerdo al ordenamiento interno y las normas vigentes de cada país.

Blum también resaltó que el tratado no tiene una instancia punitiva o judicial, sino una consultiva y de acompañamiento para apoyar la aplicación del mismo, por lo que no será un órgano impositivo el que controlará los avances. Además, afirmó que el trabajo de la Corte Internacional de Justicia será el de ayudar a solucionar controversias cuando los estados así lo decidan. No será una jurisdicción impuesta sino una fórmula que debe ser aceptada por las partes.

La Canciller afirmó que el Acuerdo fortalece las capacidades del país en el campo medioambiental, pero también va alineada con el compromiso del gobierno de promover y crear una agenda ambiental robusta.

El ministro de Ambiente, Carlos Correa, también se pronunció al respecto y explicó que el Acuerdo de Escazú hace parte de un compromiso con la Conversación Nacional, por lo que se han llevado a cabo cuatro diálogos en la mesa ambiental y tres eventos para socializar el acuerdo.

Correa también recalcó que el tratado se articula con la agencia ambiental y con la normativa vigente en este aspecto en Colombia, por lo que permitirá fortalecer instrumentos en materia de participación, información y justicia en temas ambientales.

Lina Muñoz, miembro de la alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, también defendió la ratificación aduciendo que este deja a salvo la soberanía, teniendo en cuenta que se ajusta a la medida de la región y de cada país. Además, según ella, el país no ha perdido su soberanía a pesar de haber ratificado más de 30 acuerdos en materia social y ambiental en las últimas tres décadas.

Según Muñoz, el acuerdo debe ser una luz para cambiar la manera en la que se hacen los proyectos de desarrollo, pues no puede existir una dicotomía entre derechos humanos y ambientales y la economía. Además, será un instrumento clave para proteger la vida de los líderes ambientales, siendo Colombia el  país en el que es más peligroso ejercer esta labor.

Por lo pronto se espera que las secretarías de las comisiones segundas del Congreso convoquen las próximas sesiones con nuevos foros para resolver las dudas del acuerdo, foros que sectores que apoyan la ratificación pidieron que se citen con urgencia y que no se busquen más dilaciones a la discusión y votación del proyecto, que ya cuenta con una ponencia negativa que pide su archivo.