Organizaciones de Derechos Humanos esperan que el actual comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez, sea llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

Harold Vargas, coordinador del equipo de Justicia Transicional del Comité Solidaridad con los Presos Políticos, aseguró que durante en los próximos meses presentarán informes ante la JEP que vinculan a oficiales del Ejército Nacional con ejecuciones extrajudiciales. Bajo ese entendido, expondrán casos ocurridos presuntamente por la Décima Brigada Blindada que opera en Cesar y La Guajira.

“Hemos logrado identificar 290 casos con 518 víctimas solo entre 1991 y 2011. De estos 290 casos las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada Blindada se acercan a los 261 teniendo 464 personas como víctimas entre 1997 y 2011”, expresó el abogado y añadió que inicialmente entregaron un informe preliminar de uno de los batallones conjuntos de la Décima Brigada Blindada que corresponde al batallón de artillería.

“En ese informe preliminar mencionamos la presunta responsabilidad del general Adolfo León Hernández Martínez por estar involucrado en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidos mientras fue comandante del Batallón la Popa”, aseguró el penalista.

Hernández Martínez es el actual comandante del Comando de Transformación del Ejército Nacional. El oficial está supuestamente vinculado en  23 casos de homicidio – que involucran a 39 víctimas.

En cuanto al nuevo informe que será presentado entre mayo y junio de este año, documentará al menos 120 víctimas directas. En este caso, vinculan no solo a comandantes de los batallones que conformaban la Décima Brigada Blindada sino comandantes de División, comandantes de la Fuerza de Reacción Divisionaria o incluso de la Primera División del Ejército.

“En este caso estamos documentando hechos ocurridos entre 2002 y 2008”, dijo el penalista y añadió que los perfiles de las víctimas son comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como campesinos y personas que se encontraban ubicados en Barranquilla.

Si bien el informe será conocido por los magistrados de la Jurisdicción el penalista entregó una serie de nombres entre los que se encuentran altos mandos de la cúpula militar.

“Sobre los comandantes que hemos logrado identificar que podrían tener responsabilidad o solicitar su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para que den su versión sobre el informe que se va a presentar encontramos entre 2003 y 2004 en el comando operativo número 7, en esa época el coronel Juan Pablo Rodríguez Barragán y Néstor Raúl Espitia Rivero”, dijo el penalista.

Sobre Rodríguez Barragán hoy oficial en retiro y quien fue comandante del Ejército se han conocido tan solo rumores sobre presuntas acciones en el marco del conflicto armado pero hasta el momento no ha sido juzgado por alguna acción.

El penalista continuó con su lista. “Entre 2004 y 2006 el coronel Hernán Giraldo Restrepo y Nicacio de Jesús Martínez. Entre 2006 y 2007 el coronel Fabricio Cabrera Ortiz y Deyvi Pava Felmán. Entre 2007 y 2009 el coronel Iván Darío Pineda el coronel Jhon Jairo Ochoa Pinila y el coronel Miguel Orlando Avella Arriaga”, puntualizó.

El general Nicacio de Jesús Martínez es el actual comandante del Ejército Nacional. Así las cosas, en caso de que la JEP considere llamarlo a rendir alguna versión por lo ocurrido este deberá hacerlo.

Para Vargas, estos eran los entonces comandantes de algunas unidades operativas menores de la zona quienes a su juicio deben entregar versión sobre lo ocurrido. Se espera que en el informe detallado entreguen información sobre más uniformados. Entre ellos el general Mario Montoya Uribe quien ya hace parte de dicha jurisdicción.

El penalista culminó asegurando que “el informe insiste en la necesidad de la JEP haga una división entre la violencia sociopolítica del Estado y las conductas y delitos que sí se explican en el marco del conflicto armado”.