La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura compulsará copias a los fiscales, jueces y abogados por el caso del exmagistrado Francisco Ricaurte y el exdirectivo de Saludcoop Carlos Palacino, quienes fueron amparados con la libertad por vencimiento de términos.

"Se deben iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad de jueces, fiscales y abogados. En tal sentido, en primera instancia se verificará si por parte de los abogados incurrieron en dilaciones o si por parte de los jueces y fiscales hubo negligencia en dicha situación jurídica", argumentó el magistrado Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria, quien aseguró que revisaron uno a uno los casos de los procesados dejados en libertad.

La decisión del Consejo se tomó luego de que el procurador Fernando Carrillo hiciera un llamado a las autoridades competentes para que revisaran las demoras que llevaron al vencimiento de términos en el proceso.

Para el Procurador, la morosidad en los procesos penales “es una causa de un problema estructural de la justicia” que se tiene que evaluar en la reforma a la justicia.

“Ameritaría una serie de investigaciones de carácter disciplinario, si se llega a demostrar que la causa eficiente de lo que está sucediendo es la morosidad dolosa desde el punto de vista de la actividad judicial”, dijo este miércoles.

Los casos

En el caso del exmagistrado de la Corte, fue el Juez 29 penal de Bogotá quien lo dejó en libertad provisional, por lo que tendrá la posibilidad de defenderse en libertad de los señalamientos que desde hace casi dos años le hizo la Fiscalía por el escándalo de corrupción del ‘Cartel de la toga’.

En su momento, el juez aseguró que su libertad se daba por cuenta de que "se han superado los 240 días de privación de la libertad sin que se hubiese iniciado el juicio oral y por tanto se deberá revocar la decisión que en su momento tomó el juzgado 22 penal de negar la libertad por vencimiento de términos”.

La solicitud negada a la que hace referencia el juez fue la tomada en mayo pasado cuando su defensa solicitó la libertad de su cliente.

La acusación formal en contra de Ricaurte fue realizada por la Fiscalía en marzo de 2018 por ser el aparente responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada.

Por otro lado, en el caso Palacino el que decidió sobre su libertad fue un magistrado de la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá. En la decisión se determinó que el exdirectivo de Saludcoop no podrá salir del país y tendrá que acudir a cada llamado que le haga la justicia.

El expediente por el que se tomó la decisión es el relacionado por, presuntamente, desviar los recursos de los pagos parafiscales para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud.