Aunque ya hay un marco legal en torno al aborto, expertos explicaron a Colprensa que la legislación se queda corta, pues la gran mayoría de procedimientos se siguen realizando ilegalmente y en sitios no autorizados, lo que se convierte en un riesgo para la salud de las mujeres.

Mónica Roa, directora para Latinoamérica de Women’s Link Worldwide y abogada que participó en las demandas legales de Martha Zulay González, que terminaron con la despenalización, explicó que la sentencia es una buena herramienta que ha beneficiado centenares de mujeres, pero que se debe trabajar en que todas las mujeres que quieran acceder a ese derecho puedan hacerlo en cualquier región del país.

"Hay que trabajar para que todas las mujeres tengan acceso a ese derecho, incluyendo a las que no están en las ciudades grandes. Trabajar en la información en las regiones, en formatos accesibles para los diferentes tipos de mujeres, las que no saben leer, las que no tienen acceso a internet o hablan otras lenguas", dijo la experta.

Por su parte, Cesar Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), indicó que la sentencia es un elemento práctico aunque se hayan presentado  algunos desacatos por parte de clínicas y médicos.

"Hay que distinguir entre la objeción de conciencia individual y la institucional, un médico cree que el procedimiento atenta contra sus creencias puede negarse a hacer el procedimiento y eximirse individualmente, pero eso no podría suceder con las instituciones, que si también tomaran esa postura no podría", comentó Rodríguez.

Según el informe de Perspectivas Internacionales en Salud Sexual del Instituto Guttmacher, se calcula que en el país se realizan 400.000 abortos año, de los cuales solo 3400 se hacen de manera legal.

El estudio indica que del total de procedimientos de aborto clandestinos que se realizan, el 33 % de las mujeres requieren atención médica posterior a esto, pues no se hace de las maneras adecuadas. La tasa en zonas rurales asciende a 53 %.

Además indican que en Colombia cada año mueren 70 mujeres como resultado de procedimientos clandestinos inseguros.

Los cálculos del estudio señalan que la prestación de servicios de atención postaborto le cuestan al sistema de salud colombiano cerca de 14,4 millones de dolares al año.

En ese sentido, los dos expertos coinciden que la sentencia es una herramienta útil que beneficia a las mujeres y que se ha sobrepuesto a todos sus opositores, pero que debido al desconocimiento todavía reina la ilegalidad alrededor del tema.

"Se debe capacitar prestadores servicios de salud locales, que son los que tienen que terminar de entender el causal de riesgo para la salud, que es lo que creo que menos entienden y es la que posibilita más a las mujeres acceder a un aborto de manera legal. Las personas piensan que solo se da cuando es riesgo para la vida de las mujeres, pero ignoran que la Corte Constitucional también definió hace 10 años que ese riesgo a la salud incluye la dimensión física y mental.", argumentó Roa.

Según la abogada más mujeres podrían acceder a procedimientos seguros si supieran que una de las causales legales dice que si el embarazo causaba angustia y afecta salud mental podría entrar en la categorías tipificadas.

Despenalización total del aborto

El pasado 28 de marzo el entonces fiscal Eduardo Montealegre, radicó un proyecto de ley que tiene el fin de despenalizar el aborto hasta los seis meses de embarazo, un aumento a los tres casos excepcionales en los que la Corte Constitucional permite el aborto en Colombia.

"Esta abierto el debate para pasar de sistema de circunstancias a uno de plazos, que en las primeras semana las mujeres puedan interrumpir el embarazo sin tener que decir su decisión, sin ningún requisito", comentó Mónica Roa.

El director de Dejusticia resaltó que desde la sentencia se ha abierto el debate público en torno a un tomo que parecía prohibido,pero considera que el debate debe trasladarse al congreso.

"Creo que el siguiente paso el debate se debe centrar hacia una despenalización total, pero sería saludable si se diera en el congreso. Se que es difícil pues es un organismo disfuncional que le  han quedado grandes temas como el matrimonio de parejas del mismo sexo, es un tema que no se debería hacer por vía judicial sino por lo político",  apuntó Rodríguez.

Los opositores

Algunos sectores se han mostrado innamovibles en su posición en torno al aborto, desde los tres casos excepcionales, hasta el posible caso de una despenalización total.

“Nuestra posición frente a este proyecto será la misma que hemos mantenido hasta hoy, que no es otra que la  defensa de la vida. Legalizar el aborto no es el sentido en que se protegen los derechos de los menores y se defiende la familia”, dijo en su momento David Barguil, presidente del partido Conservador.

Los conservadores han mantenido diversos debates en el Congreso y foros académicos, mostrando su desacuerdo con permitir la legalización del aborto, advirtiendo que es la defensa de la vida y la protección de los derechos del menor el deber constitucional del Estado.

Ante un posible escenario donde se despenalizara totalmente el aborto el Monseñor José Daniel Falla Robles, secretario general de la Conferencia Episcopal, señaló en un comunicado que "esta propuesta no va en sintonía con la búsqueda de la paz en el país, porque el atentar contra la vida, es un signo de la violencia que por muchos años se ha ensañado con los más débiles e inocentes."

La posición de la iglesia viene desde su máximo referente el Papa Francisco quien continuamente ha manifestado que "no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura" sobre el aborto, ya que "no está sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana".

Por su parte Mónica Roa aseguró que el más fuerte opositor sin duda alguna ha sido el procurador Alejandro Ordoñez.

"Es importante entender que en los 10 años de la sentencia 8 hemos resistido al procurador, desde su poder en la Procuraduría ha tratado de obstaculizar el cumplimiento de la sentencia, pero hay que decir que todos  sus intentos han sido fallidos y cada vez fortalecemos más el marco legal para prestar este servicio", dijo Roa.

Alejandro Ordóñez ha dicho que posición moral es defender la vida desde su gestación hasta que se produzca la muerte natural, y continuamente ha pedido a la Corte Constitucional criterios claros frente al aborto.

La semana pasada Ordóñez realizó su última crítica a la sentencia, pidiéndole a la Corte Constitucional precisar algunos aspectos relativos al certificado médico exigido para que pueda practicarse el aborto en dos de las causales en donde este procedimiento no constituye delito, así como “la necesidad de sentar al menos una regla jurisprudencial, basada en consideraciones científicas, relativa al momento o tiempo de gestación dentro del cual es viable practicar el aborto”.

Bogotá | Colprensa