El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló las más recientes cifras sobre desaparecidos en el país, que señalan que durante 2015 en Colombia se presentaron 7.310 casos de este tipo, de los cuales 143 se constituyen como forzadas.

Los 7.310 casos se suman a los 110.833 casos documentados en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) desde el año 1938 hasta 2015, de los cuales 23.441 casos (21,15 %) se encuentran clasificados como desaparición presuntamente forzada y 87.392 (78,85 %) como “sin información”.

Los datos recolectados en el informe Forensis 2015 indican que el año pasado las personas que fueron registradas como desaparecidas forzadas corresponden en un 82,5% a personas del sexo masculino, y 17,5% restante son casos de mujeres.

El informe advierte que en el año pasado de estas personas reportadas como desaparecidas forzadas aún continúan en esa situación 72,73 % , es decir 104 casos, mientras que las autoridades localizaron con vida a 20,98 % de ellas (30 casos) y 6,29 % de los hombres y mujeres fueron hallados muertos (nueve casos).

¿Qué hace la entidad en estos casos?

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, explicó que la entidad ha venido adelantando desde el año pasado en el ‘Plan cementerio’ con el fin de identificar plenamente los restos de los más de 110 mil desaparecidos que hay registrados en el país.

La entidad ha venido realizando un trabajo técnico y científico para analizar fenómenos violentos como la desaparición forzada, la violencia sexual y el desplazamiento en el marco del conflicto armado.

“Los cuerpos de las víctimas son la memoria del conflicto, la información documental que tenemos de ellos, su ubicación y exhumación es la base para la verdad, la reparación y la no repetición. En ese sentido, la paz pasa por Medicina Legal. La verdad que se requiere para que termine el conflicto y cese la violencia entre las comunidades, es una verdad científica”, explicó Valdés.

Y es que precisamente uno de los puntos acordados por las delegaciones de Gobierno y Farc resalta que se debe iniciar un proceso conjunto con varias entidades oficiales y víctimas del conflicto para establecer cuatro mesas de trabajo que iniciarán la identificación y entrega de desaparecidos en el marco del conflicto armado, labor en la que Medicina Legal ha cobrado protagonismo.

“Se han intervenido cerca de siete cementerios de todo el país, acordados por la mesa de La Habana, donde permanecen enterrados los cuerpos y restos de personas, catalogadas como NN, a quienes se les están aplicando las más modernas técnicas de exhumación, procesamiento y obtención de marcadores de ADN para ser identificados y, posteriormente, ser entregados a sus familias”, explicó el funcionario.

El Instituto de Medicina Legal trabaja en la identificación de 16 mil personas que permanecen en fosas comunes en las zonas donde se desarrolló el conflicto armado.

La entidad ha dispuesto un equipo conformado por personal de Medicina, Odontología, Antropología, Radiología y técnicos en Laboratorio Forense.

“Una cosa importante es que los restos exhumados que no sean reclamados por los familiares permanecerán en el Instituto de Medicina Legal hasta que sean recogidos en el futuro, el propósito es que ningún cadáver debe volver a la tierra ni a los cementerios”, aseguró Valdés.

Por regiones

De acuerdo con el informe, en el año 2015 se produjo por lo menos una desaparición presuntamente forzada en 24 departamentos del territorio nacional.

Según lo documentado por Medicina Legal los departamentos donde mayor número de desapariciones ocurrieron fueron Antioquía, 29 casos; Valle del Cauca, 21 casos; Bogotá, 17 casos; y Chocó, ocho casos.

El mayor número de casos reportados de mujeres desaparecidas fueron documentados en Bogotá, ocho casos; y Antioquía (cuatro casos).

Igualmente, la entidad también realizó este registro por municipios, dando como resultado que el mayor número de casos de desaparición forzada ocurrió en Medellín, 11 casos; Buenaventura, 11 casos; Santiago de Cali, seis casos; y el Litoral de San Juan en el departamento del Chocó, seis casos.

Frente a los casos denominados como “sin información” la entidad registra que los departamentos con el mayor número son: Bogotá, 3.516 casos; Antioquia, 678 casos; Valle del Cauca, 561 casos; Risaralda, 422 casos; y Cundinamarca, 326 casos.

Según Medicina Legal, los municipios con mayor número de casos “sin información” son Medellín, 499 casos; Santiago de Cali, 450 casos; Pereira, 286; y Santa Marta, 187.

¿Qué personas tienden a desaparecer?

De acuerdo con el informe publicado por Medicina Legal, 39,86% de los casos de desaparición forzada corresponden a personas con edades entre 20 y 34 años. Mientras que en los casos “sin información” se observa que las personas más afectadas por este fenómeno pertenecen a los grupos de edad entre 15 y  17 años, al cual corresponde el 21,57%.

En el estudio también se documenta el nivel de escolaridad de las personas desaparecidas, dejando como resultado que el mayor porcentaje corresponde a personas que solo finalizaron el nivel de educación preescolar (36,29%), seguido de los casos de personas con formación completa en educación básica secundaria (28,23%) y básica primaria (25%).

De acuerdo con las estadísticas, las principales víctimas de desaparición forzada han sido personas adultas, con 50,53 % de los casos de esta clasificación, seguido de los jóvenes con 35,41% y en tercer lugar están los adolescentes con 9,89% casos registrados.

Finalmente, el estudio advierte que las cifras totales y específicas sobre desaparecidos no han podido ser documentadas, dado el contexto armado en el que está inmerso el país.

“En cuanto a la situación histórica de las desapariciones presuntamente forzadas, es importante señalar que aunque los procesos investigativos asociados a la desaparición forzada de personas continúan en diferentes despachos en la justicia ordinaria, Transicional y Penal Militar a nivel nacional, no todos los casos judicializados han sido incluidos en el Registro Nacional de Desaparecidos, lo cual impide obtener cifras consolidadas a nivel interinstitucional”, señala el informe en sus conclusiones.

Bogotá  | Colprensa