Una reciente investigación de la Universidad Libre reveló que en los últimos cinco años se han sancionado a 504 contadores públicos, de los 235.216 que hay actualmente vigentes en todo el país, por malos manejos y aplicación indebida de normas técnicas o profesionales.   

Las sanciones más comunes que se le han impuesto a estos funcionarios han sido la suspensión del ejercicio profesional por periodos entre tres y doce meses, equivalente al 90% de los casos, las amonestaciones o llamados de atención (6%), la cancelación de la matrícula profesional por faltas reincidentes (3%) y las multas económicas (1%).

Sin embargo, el estudio indicó que la raíz de la corrupción que ha salpicado a  algunos contadores públicos y revisores fiscales en el país se debe, en parte, a la interpretación que estos profesionales hacen de las normas tributarias complejas, según su conveniencia e intereses, aprovechándose de su desconocimiento para hacerle ‘conejo’ a la ley. 

"Una de las prácticas más comunes es la elusión tributaria. Por ejemplo, no consignar en el sistema financiero los recursos empresariales para evitar el pago del 4 por mil; o no facturar todas las ventas de una empresa para pagar la mínima parte de este gravamen y adicionalmente se genera evasión por las ventas no reportadas”, señaló Sara Avellaneda, profesora del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre y quien realizó la investigación.
 
Pese a que el estudio advierte que no se debe estigmatizar la profesión, pues las investigaciones y sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay actualmente en el país (aproximadamente 235.000 titulados y activos), evidencia que los malos manejos son cada vez más recurrentes.
 
Avellaneda, reconoce que un foco importante de corrupción en la profesión también se ha dado por la entrada en vigencia de las normas contables internacionales, ya que éstas han permitido que se malinterpreten conceptos como “valor razonable”, lo que le ha facilitado a los empresarios con la complacencia de algunos contadores hacer valoraciones equivocadas de los bienes patrimoniales, con el fin de obtener beneficios fraudulentos.
 
“Otra práctica, que al parecer se volvió paisaje en la profesión, es valerse del secreto profesional, del que hace referencia la Ley 43 de 1990, para ocultar información en casos evidentes de malos manejos de recursos”, señaló Avellaneda.
 
Según la investigación, algunos contadores públicos o revisores fiscales por cuidar su puesto, conseguir indulgencias o ganarse unos pesos de más, suelen pasar por alto el flujo de dinero ilegal, lavado de activos, legalización de fortunas mal habidas, la triangulación empresarial y estados financieros maquillados, sin sustentaciones físicas ni razonables, entre otros malos manejos.    
 
La investigadora también confirmó que los casos más renombrados que han afectado la transparencia de algunos contadores públicos y revisores fiscales en el país, han sido los relacionados con la Dian, por los desfalcos que se realizaron a través de supuestas devoluciones de impuestos a operaciones de comercio internacional ficticias, la quiebra del Grupo Interbolsa, SaludCoop y El Carrusel de la Contratación, sin mencionar los escándalos de organizaciones internacionales.
 
“Estos eventos, en su mayoría, se presentaron por manejo inadecuado o manipulación de capitales y patrimonios ajenos, para beneficiar a los socios de los anteriores grupos empresariales. Y aunque los contadores de esas compañías no hayan hecho directamente las transacciones fraudulentas, si lo permitieron guardando silencio y adoptando conductas contrarias a las normas éticas de la profesión”, señaló la investigadora. 
 
Por estos casos, la Junta Central de Contadores (JCC) ha abierto y sancionado a más de 500 contadores y revisores fiscales. Solo en 2017, se investigaron cerca de 1.200 expedientes en este organismo.
 
Sin embargo, denuncia Avellaneda, las sanciones a estos profesionales siguen siendo muy superficiales si se compara con el impacto de sus malas acciones. Según la Junta, a un contador o revisor fiscal máximo le pueden imponer una multa de 12 millones de pesos o cancelarle de manera definitiva la tarjeta profesional.