Dentro del paquete de delitos contra la salud pública contemplados en el Código Penal Colombiano hay uno que poco se ha escuchado en los estrados. 

Se trata del artículo 369, que hace referencia a la pena para quienes propaguen una epidemia, y del que apenas se conoce una condena por allá en los años noventa en contra de un exmarino mercante llamado Luis Ernesto Arrázola Arrázola, quien, pese a conocer que era portador del VIH desde 1989, vendió su sangre a un laboratorio clínico proveedor de la Clínica Palermo de Bogotá.

Arrázola fue sentenciado a 11 años de prisión tras sentencia del juzgado 68 Penal. Jorge Alvarado, dueño del laboratorio, también fue condenado a una década de prisión por propagación de epidemia y violación de medidas sanitarias.

Ese es el tipo penal que volvería a los estrados y se imputaría a las personas que no acaten las medidas sanitarias que han decretado las autoridades ante la presencia del Covid-19 en territorio nacional. Las penas para el conglomerado de delitos contra la salud pública fueron aumentadas gracias a una ley de 2008 aprobada en el Congreso.

Así las cosas, el artículo 368 sostiene que el que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. Mientras que el 369 prevé que el que propague epidemia, incurrirá en prisión de cuatro a diez años.

El abogado penalista Camilo Iván Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, explica que “tenemos que partir de la base que este delito se debe cometer bajo la modalidad dolosa, porque la persona conociendo que tiene el virus decide salir voluntariamente a contagiar a otras personas”.

Ahora bien, el penalista plantea que sería un contrasentido el hecho de que si una persona es procesada por este delito habría qué revisar qué tipo de medida de aseguramiento se le impone, porque se constituiría un riesgo aún mayor de ser enviada a prisión de manera preventiva.

Minagricultura monitorea precios y abastecimiento de alimentos por coronavirus

Entre la serie de medidas, dirigidas especialmente a los campesinos del país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Rodolfo Enrique Zea, comunicó que está haciendo un seguimiento a los precios y abastecimiento de alimentos en la actual emergencia sanitaria.

El Gobierno le pidió a esta cartera esta labor de monitoreo “en las principales centrales mayoristas del país y Corabastos, por ser el principal centro de acopio de alimentos”, así como del “desarrollo de las exportaciones de productos agropecuarios e importaciones, especialmente de insumos para la producción”. La decisión llega en un momento en el que varios ciudadanos en las principales ciudades del país denuncian que en algunos supermercados se está presentando escases de productos de aseo así como algunos de la canasta familiar.

Así mismo, se hizo saber que tanto el Ministerio como sus direcciones y entidades están trabajando para mantener informados a los Departamentos y Municipios del país sobre cualquier medida que tenga que ver con el sector.

Por otro lado, el Minagricultura también comentó que ha habido invitaciones a empresarios, gremios y organizaciones ligadas a la producción agropecuaria para “trabajar conjuntamente y mantener un frente común para afrontar esta situación y mitigar el impacto en la ruralidad”, al tiempo que reiteró las medidas básicas de higiene.