Dos de los tres condenados por el crimen de Luis Carlos Galán, Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva las peticiones de sometimiento y revisión de sentencias para saber si son aceptados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tercero, John Jairo Velásquez, ‘Popeye’, está en la cárcel, pero por otros crímenes, pues por el magnicidio del precandidato liberal obtuvo su libertad en 2014.

En el caso de Maza Márquez, en mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia le negó una tutela con la que buscaba poder impugnar la sentencia que lo condenó a 30 años de prisión por el homicidio del líder político perpetrado en Soacha el 18 de agosto de 1999, durante una manifestación en la plaza central del municipio.

La defensa de Maza argumentaba que, en virtud de un fallo de la Corte Constitucional, toda persona condenada por primera vez tiene derecho a impugnar dicha determinación ante un superior jerárquico. Y, reclamaba, la suspensión de la ejecución de la condena mientras el Congreso legislara sobre el tema, ya que hasta el momento no lo ha hecho y dicha institucionalidad no existe.

En su providencia la Sala Civil del alto tribunal señaló que “hasta tanto el Congreso de la República no legisle en tal sentido, ese tipo de recursos o impugnaciones en sede de los procesos de única instancia adelantados por la Sala Penal de esta corporación, acorde con la Constitución Política y la Ley Vigente, son improcedentes y fue legítimo adelantar la acción penal objeto de censura y, por ende, contra el fallo proferido no procederá recurso alguno”.

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La impugnación que pretendía Maza Márquez era sobre el fallo condenatorio a 30 años de prisión en el que se dijo que el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hizo parte del plan para asesinar al dirigente político, debilitando su seguridad, objetivo con el cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza, el teniente Jacobo Torregrosa, quien, según la investigación, “no cumplía con los mínimos de experiencia para proteger al personaje público más amenazado del país para la época”.

El tribunal señaló que el teniente adoptó medidas para que el esquema de seguridad quedara “vulnerable”.

“Quedó demostrada la existencia de un acuerdo común entre las autodefensas del Magdalena Medio y Miguel Alfredo Maza Márquez para que este se sumara a la consecución de los protervos finales de tal organización, entre ellos, la muerte de Luis Carlos Galán, siendo su aporte significativo la ayuda que brindó para debilitar el esquema de seguridad del político, contribución sin la cual no se hubiera podido consumar el crimen”, señala la sentencia.

En otro de los apartes se advierte que Miguel Maza Márquez apoyó a un grupo armado ilegal financiado por el narcotráfico que sembraba terror en la región donde hacía presencia, y que en su rol como servidor público omitió su persecución como legalmente le correspondería, pero, además, facilitó el traslado de extranjeros para que los integrantes de ese grupo, e incluso del mismo DAS, recibieran instrucción militar, al punto que de sus filas salió el sicario que atentó contra la vida del hombre llamado a ocupar la Presidencia entre 1990 y 1994.

Una frase lapidaria

La historia de Santofimio en el proceso se inició en 2005, cuando fue detenido tras los señalamientos que en su contra hizo ‘Popeye’, el jefe de los sicarios de Pablo Escobar. Dos años después fue sentenciado a 24 años, fallo apelado por la defensa del excongresista tolimense.

La segunda instancia estuvo a su favor y en 2008 recobró su libertad, la cual duró hasta 2011, cuando fue recapturado tras la revisión que a la sentencia del Tribunal de Cundinamarca hizo la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal de lo penal rechazó los señalamientos de la defensa de Santofimio Botero y, sobre todo, el fallo del Tribunal de Cundinamarca en el que se manifestaba que se le debía restar credibilidad al testimonio de ‘Popeye’.

La defensa del político tolimense buscaba desestimar este testimonio argumentando que se habría presentado a destiempo y que carecía de validez porque existían contradicciones sobre el tiempo y lugar en el que se realizó la reunión en la que, según el sicario más cercano a Pablo Escobar, Santofimio habría instigado al jefe del Cartel de Medellín para el asesinato. Además de considerar que el jefe de sicarios tenía una psiquis criminal que le impedía decir la verdad.

Sin embargo, el análisis de la Corte apuntó en el sentido contrario, pues validó que ‘Popeye’ era uno de los hombres más importantes de la organización ilegal de Escobar Gaviria, a quien acompañó en las reuniones más importantes, principalmente aquellas en las que, junto con el llamado grupo de los ‘extraditables’, planearon sacar del camino a todas las personas contrarias a sus intereses.

En una de esas reuniones, llevada a cabo a finales de julio o principios de agosto de 1989 (la fecha no pudo ser precisada), Alberto Santofimio Botero tuvo un dialogo extenso con Escobar, en el que le hizo ver el “peligro” que corrían si Galán era elegido presidente de la República, algo que según el mismo exministro era lo más probable, basándose en las encuestas hechas en ese momento.

“Si Galán es presidente, te extradita, utiliza todo el poder del Estado para llegar a ti, esta vez te lo digo con todo el conocimiento de causa. Pablo, mátalo”. Esta frase, pronunciada por Santofimio Botero, fue la sentencia de muerte de Luis Carlos Galán.

Lo último que se sabe de Santofimio es la gestión que adelanta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que un juez no le concede su libertad, pese a que, según sus cuentas, ya ha cumplido las tres quintas partes de su pena.

Sin embargo, cabe anotar que el despacho judicial no ha avalado su solicitud argumentando que el político no ha cumplido con la indemnización a las víctimas, es decir, con el pago de los $1725 millones por el asesinato de Galán.

Las investigaciones

Juan Manuel, el hijo mayor de Luis Carlos Galán, asegura que desde que asesinaron a su padre, su familia ha buscado a las cabezas de la Fiscalía General, de la Procuraduría, de los organismos que están encargados del proceso investigativo “para que no desfallezcan en las investigaciones”.

“El crimen de mi papá fue declarado de lesa humanidad y creo que esa persistencia nuestra como familia ha permitido llegar a los resultados que hemos llegado, que con todos los defectos que tiene el poder judicial en Colombia, las dificultades, las carencias, que ha producido condena en un caso como el asesinato de Luis Carlos Galán, creería que es un ejemplo para el mundo porque si uno analiza casos como los de John Kennedy, Martín Luther King y de Gandi, quedaron en nada prácticamente”.

En esa medida, cree que sí es un avance que quienes han llevado el caso hayan logrado esos resultados.

“Para nosotros y para el país es muy importante conocer la verdad, no solamente en el caso de Luis Carlos Galán, sino de muchos casos que están directamente relacionados con el de mi papá”, asegura.