Un juzgado especializado de Antioquia condenó a 30 años de prisión al coronel (r) Robinson González del Río, por su participación en 32 'falsos positivos' registrados en diferentes municipios de Antioquia y Caldas entre 2006 a 2009.

En la sentencia también se le impide ejercer funciones públicas durante 20 años, además, el pago de 25 mil salarios mínimos de multa.

El juzgado lo condenó por su responsabilidad en 32 homicidios, además, por concierto para delinquir, peculado y porte de armas de uso privativo.

Según la Fiscalía, contra González existen pruebas testimoniales y documentales suficientes para inferir que el oficial en retiro tenía conocimiento directo del reclutamiento de personas a zonas específicas donde los militares le daban muerte, y posteriormente les ubicaban armamento para ser presentados como guerrilleros abatidos.

Además, según la teoría expuesta por el fiscal del caso, González tuvo activa participación en las órdenes, para darle muerte a los inocentes, quienes posteriormente eran presentados ante sus superiores como subversivos que murieron en enfrentamientos con el Ejército.

En septiembre de 2015, durante la imputación de cargos, el fiscal delegado sostuvo que González del Río era quien emitía las decisiones que llevaron a la ejecución de 32 víctimas: "emitió las ordenes de operaciones, que hizo parecer como legales, para que sus hombres fueran a determinados sitios, previamente escogidos por sus subalternos, para que las víctimas fueran llevadas a dicho lugar, y apenas se bajaban del vehículo eran fusiladas en total estado de indefensión, sabiendo que eran civiles".

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, contra González del Río se tienen 14 procesos en los cuales estaría implicado, como coautor aprovechando su cargo, "como era orden de su superior se le ocasionó la muerte a civiles indefensos, a las víctimas se les puso armas de fuego para simular los enfrentamientos con la fuerza pública", señaló el fiscal delegado.

La Fiscalía también apuntó que entre las 32 víctimas, hay dos menores de edad.

Bogotá | Colprensa