El seis de noviembre de 1985 cambió la historia de la vida institucional del país, cuando un comando armado de la guerrilla del M-19 se tomó a sangre y fuego y durante 28 horas el Palacio de Justicia. Sumado a este hecho está la incertidumbre de los familiares de las víctimas que cayeron a manos del Estado y piden justicia.

Han pasado 30 años de aquel fatídico día, en el que 95 colombianos, entre magistrados, funcionarios del Palacio de Justicia, miembros de la fuerza pública y guerrilleros, perdieron la vida. 

Aún estremecen las imágenes de aquel edificio ardiendo en llamas, de los helicópteros con miembros de la fuerza pública desembarcando en la azotea y de los tanques de guerra entrando por la puerta principal del complejo judicial.

El resultado de aquel trágico día es bien conocido: 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia perdieron la vida, y a ellos se sumaron las muertes de otros funcionarios judiciales, civiles, guerrilleros y militares que completaron 95 víctimas fatales tras 28 horas de combates. 

Aunque instancias nacionales e internacionales han proferido decisiones judiciales, las heridas no han cerrado y el pueblo colombiano todavía se debate entre aquellos que defienden las acciones del Estado para recuperar el edificio, y quienes afirman que detrás del operativo militar hubo graves violaciones a los Derechos Humanos que no han sido esclarecidas por la justicia y cuyos responsables están en la impunidad. 

Un perdón insuficiente y tardío

La ceremonia realizada el viernes en la Plaza Central del Palacio de Justicia, fue un evento importante pero insuficiente, e incluso, “frustrante”. Así califica el investigador y jurista Federico Andreu la intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

“Yo buscaba encontrar una condena de lo que sucedió, reconocer que fue el Ejército, pero fue demasiado formalista. Se esperaba algo más”, dice el experto. “El Presidente dedicó más al tema del proceso de paz, puso un ejemplo de la guerrilla de las Farc y ese no es el contexto en el que estamos, estamos hablando de crímenes cometidos por la Fuerza Pública y no hubo una condena de eso”, agregó.

Aunque Santos reconoció la responsabilidad a nombre del Estado, lo traicionó el formalismo del discurso cuando pidió perdón respecto de cada una de las personas que la sentencia indicó, en respectivo orden y derecho afectado. La intervención contrastó con la emotividad de las intervenciones de los familiares de las víctimas -tanto desaparecidos como torturados- que le antecedieron, en medio de los gritos lejanos que espontáneos hicieron desde el costado de la Plaza de Bolívar pidiendo justicia.

Allí, frente a un público que no tuvo Fuerza Pública entre sus asistentes, Santos pidió encontrar a los desaparecidos y dedicó minutos a la necesidad de cesar el fuego en Colombia para siempre, en alusión al anhelo de la Paz, así como a su deseo de que la justicia y la verdad brillen de nuevo, luego de arder hace 30 años. 

Por la verdad

El clamor generalizado de las víctimas fue el mismo que año a año han exigido: la verdad. Juan Francisco Lanao, cuya madre Gloria Anzola está desaparecida, dijo que lo que siempre ha querido es recuperar sus restos y que un perdón 30 años después, por orden de la Corte Internacional de Derechos Humanos, es una reacción demorada. 

“Espero que se cumpla todo lo que se dijo acá”, precisó Lanao. Lo mismo dijo Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, quien salió vivo del lugar y del cual nada se sabe. “Un simple acto protocolario no es una reparación”, puntualizó.

Rodríguez, en su intervención, exigió al Presidente y al Estado colombiano la verdad completa y no a cuenta gotas.

“Por nuestros desparecidos ni un minuto de silencio, 30 años de sufrimiento y también de esperanza. Le exigimos al Estado que responda ahora, ¿dónde están los desparecidos del Palacio de Justicia?”, dijo sin titubear, provocando un efusivo aplauso y unas cuántas lágrimas entre los asistentes al lugar.  

"No acepto indultos ni amnistías porque soy inocente"

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, para la época de los sucesos, coordinó el ingreso de los vehículos blindados al Palacio por estar al mando de la Escuela de Caballería. Sin esta acción, dice, no se habría recuperado el edificio y se hubiera cumplido la proclama del M-19, firmada por Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro, que querían hacerle un juicio político al presidente y a tres de sus ministros.

La finalidad era dar un golpe de Estado, “pero además dijeron que se oponían a la extradición porque era una violación a la soberanía colombiana, utilizando el mismo argumento de los narcotraficantes, o sea, estaban defendiendo los mismos intereses”, señaló Plazas. 

Asegura que solo cumplió la orden de ingresar con los carrotanques del general Arias Cabrales y del presidente Belisario Betancur, y aunque señala que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no había nada de malo en usar la fuerza pública para recuperar el edificio, no puede negar que esta misma Corte condenó al Estado por las irregularidades en el tratamiento de algunas de las personas rescatadas, y porque la Fiscalía a los 29 años no sabía todavía lo que había pasado. 

Sobre los desaparecidos, afirma conocer el caso de Irma Franco, una guerrillera que ingresó al edificio antes del asalto como civil y con un revólver y que las pruebas apuntan a que salió con vida, rescatada por las tropas y llevada a la Casa del Florero donde fue interrogada y luego no se volvió a saber de su paradero. 

‘¿Qué me van a perdonar?’

Plazas afirma que no admite ni amnistías ni indultos, reitera su inocencia en este episodio, y que solo aceptará su absolución. 

“Es que la justicia transicional es una justicia para criminales. Si un militar ha cometido un crimen, que los hay, esa persona debe acogerse a la justicia transicional porque ahí le van a perdonar sus crímenes. ¿A mí qué me van a perdonar? Aquí vino el senador Roy Barreras a hacerme ese ofrecimiento y yo le contesté airadamente que me estaba tratando de genocida, que se había equivocado conmigo y que no tenía nada más que hablar con él”. 

Sobre la situación del país dice que este está cayendo en un abismo porque hay intereses internacionales que buscan cambiar el modelo político de Colombia. 

“Me da mucha tristeza que los colombianos muerdan el anzuelo y que la gente no se dé cuenta del futuro que le depara si las cosas siguen como van. Yo siempre busco la parte positiva de todo, no soy amigo de sentirme en derrota, pero hay días en los que amanezco bajo de ánimo como hoy, pero tengo que levantarme y entender que el desánimo no es una opción”, expresa.

La infamía del Estado me llevó al M-19: Guarín

René Guarín es un ingeniero de sistemas de 52 años. Trabaja en la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene dos hijos, y ha tenido que exiliarse del país en dos ocasiones en los últimos años como consecuencia de la vocería que asumió del grupo de familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Es el hermano de Cristina Guarín, una de las mujeres que murió en circunstancias que aún no han podido ser esclarecidas.

Este hombre, paradójicamente, terminó en las filas del M-19, según dice, por ver a sus padres haciendo todas las gestiones ante un Estado “que se comportó de forma indolente e infame y les tomaba del pelo con respuestas dilatorias y no hacía nada”. 

Por ello, en abril de 1986 se vinculó al movimiento, inicialmente como colaborador y luego como integrante activo de las fuerzas especiales del movimiento guerrillero. Luego cayó preso por más de medio año y después terminó como guerrillero rural hasta llegar a Santo Domingo, Cauca, a la dejación de armas en marzo de 1990. 

Pese a saber que el M-19 también fue victimario en el caso del Palacio, afirma que hay un hecho cierto: “las desapariciones forzadas de nuestros familiares se dan estando en custodia de miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos de seguridad y esa es una responsabilidad que le cabe al Estado y que ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

Guarín está convencido de que hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, y que en la Casa del Florero fueron torturados, asesinados y desaparecidos, pues de hecho su hermana fue una de las tres personas que hace unas semanas apareció en una fosa de otra persona. 

Dice que no cree que el coronel Plazas Vega sea el único responsable, y que varios policías y militares no han sido investigados por la justicia. 

“Desde un comienzo se dejó quieta a la Policía, al DAS, al F2 y al Departamento de Inteligencia del Ejército que tuvo activa participación en la retoma del Palacio. De suerte que aquí no son todos los que son, ni son todos los que están”, afirma.

Aunque se ha dicho que su hermana Cristina estuvo vinculada con el M-19, asegura que no le consta que ella haya sido guerrillera, y que las investigaciones que se adelantaron contra su padre y su hermano “ni quitan ni ponen al delito que cometió el Estado de desaparecer a mi hermana de manera forzada en la retoma del Palacio de Justicia”. 

“Ya las instancias nacionales e internacionales de justicia han reconocido el delito de desaparición forzada de unos civiles y de una guerrillera como lo era Irma Franco Pineda. De suerte que ese hecho no justificaría lo sucedido. Eso mandaría el mensaje de que el que reza y peca empata”, es su conclusión. 

La toma del Palacio según Antonio Navarro Wolff

Estaba almorzando en el hotel Riviera de la ciudad de La Habana, cuando un mesero me contó que en mi país estaba pasando algo gravísimo. Le pregunté que cómo se había enterado y me dijo que por televisión. 

Corrí a la habitación donde estaba hospedado y vi cuando los tanques del Ejército entraban por la puerta del Palacio. Así, con el alma arrugada por lo que veía, me enteré de la toma.

Yo estaba por fuera de la línea de mando, pues me recuperaba del atentado que me hicieron al arrojarme una granada en Cali, mientras encabezaba una negociación de paz con el gobierno. Ese atentado me había puesto al borde de la muerte, además de costarme la amputación de la pierna izquierda y haber seccionado el nervio hipogloso, lo cual hace que aún hoy hable, literalmente, a media lengua. Por eso no sabía una palabra de la toma que empecé a seguir por la televisión cubana. 

Lo que he establecido por informaciones posteriores a los hechos es que fue un intento de réplica de la toma de la embajada de República Dominicana, una operación de propaganda armada exitosa realizada por el M-19 en 1980.

Pero lo del Palacio de Justicia nunca debió haberse realizado. El análisis de la situación nacional en el momento en que se produjo fue totalmente equivocado, su planeación desastrosa y sus resultados marcaron con fuego la historia de Colombia.

Todos los miembros del M-19 que entraron al Palacio están muertos. También murió un importante grupo de miembros de la Corte Suprema de Justicia, así como de civiles, policías y militares. Si el objetivo de la toma era hacer propaganda sobre la responsabilidad del Gobierno en el fracaso del proceso de paz de la época, el resultado fue todo lo contrario. 

Se ha especulado mucho sobre el castigo a los guerrilleros responsables. La verdad es que los que hoy se conocen como “máximos responsables”, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, primero y segundo comandante del M-19, recibieron un tratamiento implacable totalmente por fuera de la ley. 

Fayad fue ejecutado fuera de combate un par de años después en un apartamento de la ciudad de Bogotá. Pizarro murió en un avión en vuelo, donde le dispararon por la espalda por acción de la mafia de los hermanos Castaño Gil, miembros del cartel de Medellín, tras la firma del acuerdo de paz de marzo de 1990. 

El perdón

Repetidas veces, en estos 30 años, he pedido, a nombre del M-19, perdón a las víctimas. Aunque no tuve responsabilidad directa o indirecta en la toma, soy el superviviente más antiguo del eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido. Fue una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente. Por las víctimas que causó. Por su efectos sobre esa etapa de la historia de Colombia. Por los compañeros muertos. 

Debo resaltar que hijos de los magistrados muertos han perdonado al M-19. Que hijos de nuestros compañeros han perdonado a quienes mataron a sus papás, aún fuera de combate. Eso demuestra que la reconciliación de los colombianos es posible. Eso demuestra que se puede mirar adelante. Eso señala que sí hay esperanza de construir una nueva historia para nuestro país.

Claves para entender qué pasó antes, durante y después de la toma

¿Quiénes se tomaron el Palacio de Justicia?

El asalto fue perpetrado por un grupo de (35-40) hombres del M-19, liderados por los comandantes guerrilleros Luis Otero, Alfonso Jacquin y Andrés Almarales. Ocurrió a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre de 1985, a solo una cuadra del Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, es decir, en las narices de la cúpula del poder político y militar del país. Toda la toma duró 28 horas.

¿Qué era el M-19?

El Movimiento 19 de abril fue una guerrilla urbana que tomó su nombre de los acontecimientos ocurridos el 19 de abril de 1970, día de elecciones presidenciales y tras el fraude electoral que dio como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Tras su desmovilización, hizo parte de la constituyente de 1991 y desapareció a mediados de la década de 1990.

¿Cómo sorprendieron a las autoridades en pleno corazón de Bogotá?

La toma no fue una verdadera sorpresa. 20 días antes las autoridades ya sabían que había un plan del M 19 para tomarse el Palacio, porque habían capturado a dos guerrilleros con los planos del edificio, razón por la cual se reforzó la seguridad. Sin embargo, el día de la toma había solo dos vigilantes. 

Hoy se maneja la teoría de que los militares decidieron convertir el Palacio en una especie de ‘ratonera’ para capturar a los guerrilleros, por tres razones: una, los mandos militares jamás respaldaron los intentos de paz del Gobierno Betancur. Dos, porque necesitaban limpiar su imagen, golpeada por acciones espectaculares que el M 19 propinó, como el robo de cinco mil armas del Ejército y la toma de casi dos meses a la embajada dominicana. Y tres, porque estarían interesados en quemar los expedientes que tenía la Corte en su contra, por casos de violaciones a los derechos humanos.

¿Por qué se tomaron el Palacio de Justicia?

Porque un año antes el Gobierno de esa época, presidido por el conservador Belisario Betancur, había iniciado contactos con el M 19 para negociar un acuerdo de paz. Las dos partes firmaron en Corinto, Cauca, un pacto para hacer una tregua bilateral que no se cumplió, pues el asedio del Ejército a la guerrilla se mantuvo y el naciente proceso de paz fracasó. Entonces, para forzar al Gobierno a que cumpliera los acuerdos, los guerrilleros dieron este golpe.

¿Por qué tardaron 28 horas para combatir a 35 guerrilleros?

Por lo menos cuatro razones lo explican. Primera, que los guerrilleros contaron con la ventaja que les dio el factor sorpresa y la toma de rehenes. 

Segunda, que como el comando esperaba forzar un juicio político contra el Presidente, había armamento y municiones suficientes hasta para dos meses de ocupación. 

Tercera, las condiciones del edificio les eran propicias y el Palacio tenía solo dos accesos que permitieron concentrar su ubicación estratégica. Y cuarta, que las fuerzas del Estado no contaban con la suficiente preparación ni coordinación para enfrentar un ataque de esa naturaleza, como lo señaló después la Comisión de la Verdad.

¿Qué papel jugó el Presidente?

Belisario Betancur fue señalado como uno de los responsables del fatal desenlace. 

“Fue un simple espectador. Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de salvar la vida de los rehenes”, señaló el informe de la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia. Con el tiempo, Betancur reconoció que los operativos militares fueron ordenados por él, pero dijo que por carecer de formación militar delegó las funciones en las instancias militares, “con la salvaguardia de que se respetara la vida de magistrados, funcionarios, civiles y guerrilleros”.

Si el M 19 hizo la toma, ¿por qué se cuestiona al Gobierno?

Según historiadores y todos los familiares de las víctimas, el Gobierno fue responsable de lo ocurrido porque ese día ‘desapareció’ y permitió que los militares se desbordaran en el uso de la fuerza. De hecho, durante 30 años se ha mantenido un debate sobre si lo que ocurrió ese día fue un golpe de Estado transitorio, en el que los militares le arrebataron el poder al presidente Belisario Betancur y decidieron el curso de la operación.

¿Por qué se incendió el Palacio?

En la tarde del 6 de noviembre de 1985, en el Palacio de Justicia ocurrieron tres incendios que arrasaron con el 90% del edificio. 

En el Palacio las oficinas estaban construidas con divisiones en madera y la gran altura del edificio dificultó la extinción del fuego. Además, había un alto contenido de elementos inflamables como los muebles, las cortinas, los tapetes y la papelería. 

El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que los tres incendios fueron provocados, pero se desconoce quiénes tenían interés en quemar las evidencias que poseía la Corte.

¿Cómo terminó la toma?

La etapa final de la batalla por la retoma del Palacio de Justicia se libró en un baño situado entre el tercer y cuarto piso, donde el comando metió a unos 60 rehenes custodiados por ocho guerrilleros, tres de ellos muy mal heridos. 

Los militares arrojaban granadas contra el pasillo de acceso al baño, y para tratar de salvarse los magistrados gritaban sus nombres y les pedían que no siguieran disparando. 

En medio de la desesperación del grupo, los rehenes convencieron a los guerrilleros de que les permitieran enviar a uno de ellos como mediador para buscar una negociación. El elegido fue el magistrado Reynaldo Arciniegas, quien llegó a la calle, pero nunca pudo entregar el mensaje al Gobierno porque los militares no se lo permitieron. 

Entonces, desde los tanques blindados situados en la plazoleta se dispararon rockets contra esa zona del edificio, y al menos dos proyectiles lograron abrir un túnel en ese baño, por donde militares y guerrilleros se dispararon sin pensar en los civiles que había de por medio. 

28 horas después de iniciada la toma, los últimos cinco guerrilleros liberaron a los rehenes vivos en ese baño y luego hubo una explosión. Así terminó el terror en el centro de Bogotá.

*Colprensa