El partido Mira radicó un proyecto de ley con el cual quiere llenar un vacío normativo que habría en el Estatuto Docente, sobre la inhabilidad que deberían tener quienes hayan sido condenados por abuso sexual para ser profesores, cuidadores o trabajadores de transporte escolar.

La iniciativa se argumenta en cifras preocupantes, pues según Carlos Alberto Baena, presidente de la colectividad, “el abuso sexual a menores por parte de profesores aumentó en un 270 % entre 2015 y 2016, siendo las niñas las más afectadas con un 283,8 %, que pasaron de 68 casos en 2015 a 193 en 2016”.

La situación por el lado de los niños aumentó en un 235 %, dado que de 28 casos en 2015 se pasó a 66 en 2016.

“Si sumamos los casos de los cuidadores y profesores en 2016, más de 323 menores fueron abusados. Tanto en 2015 como en 2016 las niñas siguen siendo las más vulnerables con más del 70 %, lo cual enciende las alarmas aún más para tomar medidas que frenen este delito”, dice.

En Bogotá, por ejemplo, son  91 procesos abiertos, 89 son contra hombres y los otros do, contra mujeres. 

El proyecto inhabilitaría de por vida a esas personas condenadas por abuso sexual a que estén en trabajos que involucren niños menores de edad, incluyendo a quienes cometan proxenetismo, explotación sexual, mendicidad, incesto, tráfico de menores y violencia intrafamiliar.

Y así mismo establece que, para quienes estén en proceso de investigación penal o disciplinaria, serán reubicadas o separadas inmediatamente del cargo, según la gravedad de la denuncia como medida preventiva.

También crea el Registro Nacional de personas condenadas por delitos sexuales y establece multas hasta de diez salarios mínimos, es decir más de 7 millones de pesos para quienes usen la información que contenga este registro para fines distintos a los de informar, solo para las entidades educativas, sobre las personas que han sido condenadas.

De ser aprobada la iniciativa, “las instituciones y planteles educativos deberán consultar cada cuatro meses el Registro Nacional de Personas condenadas, para garantizar que sus empleados o contratistas no estén inscritos en él”.

La radicación la hizo el presidente de la colectividad con los representantes a la Cámara Carlos Eduardo Guevara, Guillermina Bravo y Ana Paola Agudelo, y la concejal de Bogotá, Gloria Stella Díaz.