Tras 25 años de vigencia, la Ley 100 continúa generando reacciones encontradas en el país, pues hay quienes dicen que solo sirvió para privatizar la salud, pero otros destacan otros frentes, como mayor acceso. Sin embargo, en lo que sí coinciden todos los sectores, es que se amplió la cobertura, reporte que, según el Ministerio de Salud, es universal, pues llega al 96 % de los colombianos.

Esta ley, básicamente, reunió normas, entidades y procesos del sistema de salud para que cumpliendo con el derecho de la dignidad humana, los colombianos tuvieran acceso a la salud, a través de empresas prestadoras o subsidiados por el Estado.

El más grande logro de la ley es el de la cobertura, sobre todo porque antes de que entrara en vigencia, según el Observatorio Así Vamos en Salud, la cobertura tan solo llegaba al 23,5 %, y el anterior sistema, que era a través del Seguro Social y Cajanal (extintas), llevaban 46 años sin alcanzar los logros esperados.

“Es lo mejor que ha podido pasar, es la ley de salud más importante que se ha aprobado y eso se respalda con solo ver las cifras de cobertura”, dice el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal.

Sin embargo, Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente –con asiento en Bogotá–, menciona que, si bien logró ampliar la afiliación al Sistema de Seguridad Social, “el derecho a la salud no se da por el hecho de ser personas, sino por la capacidad de pago, caracterizando entonces a la población de acuerdo con la posibilidad que tiene o no de aportar dinero al sistema”.

Además, Castellanos hace énfasis en que, a la hora de prestar los servicios, “la salud se dividió entre colombianos ricos y pobres, dejando de lado el enfoque de Derechos Humanos que debe tener la política de salud”.

Ante esto, el exviceministro de Salud del Gobierno de Juan Manuel Santos, Fernando Ruiz Gómez, opina que el gasto de bolsillo –lo que invierte cada ciudadano– es del 17 %. Es decir, de cada 100 pesos de un procedimiento, el paciente asume 17 pesos. “Si se mira en cuanto a sistema de seguridad, la Ley 100 planteó la obligación del Estado de garantizar la prestación de los servicios que antes no existía, porque lo que había eran hospitales de caridad, a donde se veían obligados a llegar los pacientes que no tenían dinero”.

Otra realidad

El exministro de Salud y uno de los tres senadores ponentes de la Ley 100 en 1992, Jaime Arias, (Álvaro Uribe y Fabio Valencia Cossio fueron los otros dos) dice que hay otra realidad, tras recordar que antes de que se implementara la ley, por ejemplo en caso de enfermedades graves –como cáncer– o tratamientos de alto costo “la familia, que debía asumir esos gastos, resultaba en la quiebra, porque tenía que vender sus propiedades para cumplir con los pagos de los tratamientos, y además, como no había recursos para llegar a un médico, acudía a las farmacias o a curanderos”.

Al respecto, Luis Carlos Leal, presidente de la Asociación de Internos y Residentes Médicos del país, señala que el incremento en la población afiliada no es todo lo que se buscaba con la ley, pues la centralización de los servicios de salud en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, complejizan la atención en salud de los lugares apartados.

Dice Leal, además, que “la Ley 100 deja un sistema deteriorado, un profesional entrenado en sortear mecanismos burocráticos una autonomía médica perdida”.

Esto es respaldado por Arias, quien sostiene que es muy diferente la capacidad médica institucional en las principales ciudades, a la que se ve en el sur del país, solo por citar un ejemplo, o en lugares apartados de la geografía nacional.

Claudia Vaca, docente de Farmacéutica de la Universidad Nacional en Bogotá, por su parte, destaca que “la afiliación, como trámite formal y requisito administrativo, no cumplió la promesa de un mejor acceso. Si bien la equidad se reflejó en la afiliación de la población pobre que tenía dificultades para estar en el sistema, en la práctica, las soluciones de problemas de salud de los pacientes no fueron reales, ya que hay trabas y dificultades en el acceso, por lo que deben acudir a instancias judiciales”.

Frente a lo planteado, Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud, sostiene que ahora, pese a que no funciona perfecto, la calidad en la atención es mucho mejor que hace 25 años. “En los 80 y 90 el tema era perverso, porque el subsidio a la oferta, que era como se entregaban los recursos en esa época, iban dirigidos a los hospitales, y no a los usuarios, como sucede ahora, que se subsidia la demanda”.

Por otra parte, Galán menciona que en el pasado quedaron lo que era conocido como “los septiembres negros”, que era el mes en el que los hospitales públicos se quedaban sin plata, pero el asunto tenía que ver más con la ineficiencia en el gasto. “La ejecución presupuestal estaba rezagada, porque ese mes se acababa la plata, y les entraba el chorro de dinero los últimos tres meses, pero si quedaba superávit, el próximo año les recortaban el presupuesto, entonces lo que hacían era gastarse la plata sin pensar en el bienestar, para que no les redujeran los presupuestos”.

Dificultades y oportunidades

Además de las mencionadas, los consultados señalan que la Ley 100 dejó incapacitado al Gobierno Nacional para asumir un sistema de salud, el ponerlo en manos de terceros, es decir, de las Empresas Prestadoras de Salud EPS.

Por ejemplo, Leal, de la asociación de Residentes Médicos, resalta que “los terceros aprovecharon esta oportunidad para obtener beneficios económicos a costa de un derecho fundamental como la salud”, lo cual, a su juicio, se convirtió la prestación de este servicio en una oportunidad de enriquecimiento a expensas de recursos públicos, se aumentó el número de afiliados al sistema pues paga por número de afiliados; sin embargo, el Gobierno Nacional no creó o no puso a funcionar mecanismos para regular el mismo, lo que terminó en el hecho de que estar afiliado al sistema no fuera lo mismo que tener acceso.

Lo mismo plantea Castellanos, quien destaca que “el hecho de delegar en las EPS las funciones de promover el servicio público salud y organizar el modelo de atención, significó que se tomará la prestación como un lucrativo negocio que busca la máxima rentabilidad con una mínima reinversión de los recursos captados por éstas a costa del sacrificio de la efectividad del derecho”, lo que ha dado pie a hechos de corrupción, como ha sucedido con los conocidos carteles de la salud, pañales o hemofilia.

En prospectiva, el exministro Arias y el exviceministro de Salud sostienen que el país y, en general los gobiernos que lleguen, deberán enfrentar las fallas en la calidad y oportunidad de la atención, como en asignación de citas médicas o con especialistas o la simple entrega de medicamentos, razones que son las que hacen ver largas filas al frente de las EPS o en los dispensarios de medicamentos, por ejemplo. “Es un sistema muy fragmentado. El país tiene que enfocarse en lo cualitativo, como lograr la equidad regional y con servicios de más alta calidad, porque ahora es mediana”, sentencia Arias.

Otros pendientes con la Ley 100

La Corte Constitucional, en septiembre, dio a conocer que tras su creación en 1991, la tutela había llegado a 7 millones, de las cuales, el 16,2 % correspondía a reclamos en atenciones de salud, es decir, por vulneraciones a este derecho, se presentaron 1.134.000 tutelas. “La tutela ha tenido un auge importante porque el sistema ordinario no da respuesta a las demandas diarias de los ciudadanos”, analiza Julio Sampedro, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

Tutelas,camino para el acceso

No es exclusivo del sector, pero los consultados destacan que con la Ley 100 también arribaron empresas criminales dedicadas a sacar jugo de los recursos públicos del sistema de salud y del Estado, y es donde aparecen los llamados carteles de la salud, en el que, entre otros, trabajaban articulados empresas privadas, médicos y hospitales. Ante estos fenómenos, la Fiscalía y la Procuraduría han actuado, identificando los carteles y capturando a los responsables, en algunos casos.

Corrupción, otro de los líos

El Observatorio Así Vamos en Salud considera que este sector debe ser priorizado en el debate público y en las políticas que se definan en este y los próximos gobiernos para que se logre superar una brecha histórica en esta materia. “Agua y saneamiento básico, salud mental, salud nutricional y salud sexual y reproductiva” son cuatro aspectos que se deben tener en cuenta, dice el Observatorio, al considerar que son las cuatro áreas que más afectan el desarrollo de los individuos y comunidades rurales.

Salud rural, otro pendiente

Otro dolor de cabeza que golpea al sistema de salud son las deudas, que se estiman entre $8 y $12 billones, pero que el Ministerio avanza en la construcción de un proyecto de Ley “de punto final”, con el cual se buscará establecer los valores reales de estas, para empezar a encontrar caminos que permitan sanearlas. “Esto es fundamental, pues la falta de liquidez en los distintos niveles compromete la oportunidad y calidad de los servicios” ha dicho el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.