Una de las funciones más importantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) se centra en inspeccionar y vigilar a las empresas del sector, así como emitir instrucciones sobre la manera en que deben cumplir las normas. Actualmente, la institución maneja medidas especiales sobre 22 entidades de todo el país.

El panorama es preocupante si se tiene en cuenta que Colombia cuenta con 44 EPS en régimen contributivo y subsidiado, lo que dejaría a 50% de las entidades bajo revisión de la entidad.

Para el expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, dicho panorama es producto de un sistema “desfinanciado y en déficit”. Además, el superintendente Fabio Aristizábal ha recalcado que los niveles de corrupción provocados por las mafias de la salud ya permearon todo el sistema.

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De las 22 entidades que tienen medidas especiales de la Supersalud, cuatro de ellas están bajo medida de programa de recuperación: Emsanar, Comfasucre, Comfachocó y Comfamiliar. En cuanto a las 18 restantes, se encuentran sometidas a vigilancia especial.

Según información de la Supersalud, la medida de programa de recuperación aplica para casos de incumplimiento en algunos de los indicadores financieros y asistenciales de las EPS, así como la identificación de riesgos potenciales que afectarían a sus afiliados.

Por otro lado, hay 18 que están sometidas a vigilancia especial, y en ese campo destacan cuatro EPS cuya medida caducó el pasado 30 de diciembre: Confacundi, Convida, Saludvida y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Guajira Dusawaki. No obstante, cada una de ellas está prorrogada, por lo que su estado de supervisión sigue vigente.

Esta modalidad existe para evitar que una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera incurra en causal de toma de posesión de sus bienes o negocios o para subsanarla, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Otro de los efectos que deben enfrentar estas compañías es la limitación para realizar nuevas afiliaciones o aceptar traslados, lo que ha desembocado en la pérdida de afiliados. 

En el caso de Saludvida, la empresa pasó de tener 1,3 millones de personas en 2015 a 1,2 millones actualmente, según comentó el presidente de la EPS, Juan Pablo Silva. Y la empresa perdió alrededor de 7,7% de sus pacientes en los últimos tres años.

Con respecto a 2018, la Supersalud impuso 111 sanciones a las EPS en el país con corte al 31 de diciembre. De ese total, 72 fueron por la prestación de servicios de salud, 15 en el reporte de información a la institución y 24 por el flujo de recursos de las entidades.

En el primer caso, que representa 64,9% del total, el monto de las sanciones llega a $7.921 millones. El segundo, que abarca 13,5%, llegó a un total de $632 millones. Frente al tercero, que alcanza 21,6%, la cantidad de dinero ascendió a $14.600 millones. La cifra final en multas para las EPS durante 2018 llegó a $23.154 millones, agregó la entidad.

Supersalud no solo sancionó a las EPS en el último año

A demás de las 111 sanciones que la Supersalud impuso a las EPS en 2018, la institución totalizó 254 sanciones entre varios actores del sector salud, que sumaron un total de $36.608 millones. 

En cuanto al valor monetario de las multas, el monto de las EPS representó 63% de la cifra definitiva. 

Frente a las sanciones como tal, las 111 que impactaron a las EPS abarcan 43,7% de las 254 que impuso la Supersalud. Entre los actores vigilados están las personas naturales, las IPS, las ARL, los generadores, los del régimen especial o de excepción y las ET municipales y distritales.