Casi 2.100 personas fueron desaparecidas a la fuerza en el área donde hoy se construye la mayor hidroeléctrica en Colombia, según reveló este miércoles el poder judicial que investiga los peores crímenes del conflicto interno.

Estos crímenes, que se produjeron en el marco del enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano, tuvieron un “incremento inusitado” a partir de 1996.

Sin embargo, el “número de desapariciones se reduce de manera consistente” desde 2010, señaló en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada a partir de los acuerdos de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.

Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la exguerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia, bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango.

“Crimen masivo y persistente”

“En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente”, denunció la JEP, que documentó 2.094 víctimas dentro del proceso de medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse algunos cuerpos.

Solo este año la JEP ha ubicado ocho de ellos “con signos de muerte violenta” en el área de la hidroeléctrica. La Fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 despojos en los últimos años en la misma zona, de acuerdo con el comunicado.

El primer organismo agregó que inspeccionará las “zonas inmediatas afectadas por el proyecto”, ante información que apunta a la existencia de más “lugares de inhumación” con posibles víctimas.

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De momento, ni la JEP ni Hidroituango han precisado si las investigaciones podrían incidir en los trabajos en curso.

El proyecto energético está bajo la lupa de la Contraloría General por los retrasos y un millonario sobrecosto.

Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a valer el equivalente a 3.700 millones.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Aunque el desarme de los paramilitares (2006) y las Farc (2017) redujo la intensidad del conflicto, Colombia está abocada a un nuevo ciclo de violencia por cuenta de las organizaciones que se financian del narcotráfico.

En casi seis décadas de lucha interna se han reportado nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, siendo estos últimos los que componen la mayor población afectada.

Los municipios

La Agencia Colprensa señaló por su parte que .los municipios del área de influencia de Hidroituango, según estableció la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este hallazgo se dio en el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumanización de víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, con los cuales la jurisdicción busca establecer la verdad de los hechos ocurridos en esta región del país.

A partir de estos datos, la JEP logró concluir que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”,

‘Paracos’ en acción

Estas desapariciones habrían sido ejecutadas principalmente por los Bloques Mineros y el Bloque Metro de los paramilitares y los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, además de unidades de la Fuerza Pública.

Los datos recogidos permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas).

Sin embargo, su máximo terror se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos. Es hasta el año 2010 que el número de desapariciones se reduce considerablemente.

A la fecha, la JEP ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.

Las víctimas presentan heridas con arma de fuego. Su deceso se habría producido por disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.

Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en esta zona del país.

La JEP avanza en la práctica de pruebas para contrastar la información allegada en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia del proyecto de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.