La organización Colombia Diversa y Caribe Afirmativo presentó el informe ‘La discriminación: una guerra que no termina’, que documenta la violencia contra personas de la población LGBTI en el país.

A pesar de que los índices de homicidio han bajado de manera sustancial en los últimos años y que los Acuerdos de Paz han logrado el desescalamiento del conflicto armado en muchas regiones del país, la violencia contra las personas de esa comunidad no ha disminuido de la misma manera.

Según el informe, en 2017 se presentaron 109 asesinatos (uno más que en 2016), siendo Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Tolima las regiones con los más altos índices.

Causas de la violencia

De los 109 homicidios contra la población LGBTI registrados en 2017, por lo menos 41 estuvieron motivados por el prejuicio o intolerancia hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, que equivale al 37 por ciento de los casos.

El documento define la violencia por prejuicio como “los actos que buscan ocasionarle daño a una persona debido a la percepción negativa de su orientación sexual o identidad de género”. Esto supone que casi la mitad de los crímenes estuvieron motivados por el rechazo hacia la víctima por ser lo que es y también que hubo premeditación para escoger la víctima de acuerdo con su orientación sexual.

Además de esto, hay problemas ligados con la falta de oportunidades educativas y laborales de esta población, la indiferencia o complicidad de las autoridades y la exclusión socioeconómica. 

“Muchas personas lesbianas, gays, bisexuales y sobre todo las personas trans siguen siendo expulsadas de sus familias, colegios y comunidades, lo que las deja con muy pocas oportunidades de subsistencia por fuera de economías informales o altamente criminalizadas, como el trabajo sexual. La exclusión socioeconómica de las personas Lgbt sigue siendo un problema no resuelto, que las hace más vulnerables a la violencia y muerte”, dice el documento.

También se describe que la presencia de grupos armados en algunas regiones del país representa un riesgo para la población LGBTI, porque muchos de ellos reproducen estereotipos negativos e incluso atacan a esta población con tal de legitimar su rol de control social.

La Policía como actor de discriminación

El 30 de julio de 2017 entró en vigor el nuevo Código de Policía, que incluye sanciones por actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esto, sin embargo, no ha impedido que sean integrantes de la Policía quienes vulneren sus derechos: en 2017 fueron 66 los hechos de violencia policial contra 75 personas LGBTI, que se dieron en 17 regiones, sobre todo en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Quindío y Huila.

La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Se presentaron 46 lesiones personales, tres detenciones arbitrarias, 10 procedimientos irregulares, tres casos de tortura, dos de discriminación, uno de trato cruel y otro de violencia sexual.

El informe describe estos episodios como “agresiones contra mujeres trans en zonas de trabajo sexual, acoso contra parejas del mismo sexo y grupos de personas Lgbt, y perfilamiento y criminalización de las personas LGBTI más vulnerables”.

A esto se le suma que para los 66 hechos de violencia registrados solo se abrieron 14 investigaciones disciplinarias a quienes presuntamente los cometieron, y de estas investigaciones ya hay cuatro archivadas.

Mujeres trans y gays: los principales afectados

Treinta y seis de las víctimas de homicidio recogidas en el documento corresponden a mujeres trans. Ellas, según el texto, son especialmente vulnerables a ataques por parte de presuntos clientes o grupos delincuenciales cuando se encuentran en zonas donde ejercen el trabajo sexual.

“Muchos de estos crímenes son justificados por los atacantes, los medios de comunicación y las autoridades alegando que las víctimas habían cometido hurtos o que estaban vinculadas al microtráfico”.

Esto constituye una violación al deber de debida diligencia, porque tomar la idea que todas las mujeres trans son delincuentes y generar un estereotipo negativo limita las posibilidades de acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos. 

“Esto contribuye -dice el texto- a que los crímenes queden en la impunidad y envía un mensaje de tolerancia del Estado. Solo dos de los asesinatos de mujeres trans en 2017 están siendo investigados como feminicidio”.

Por otro lado, hubo 44 asesinatos a hombres gais y 20 de estas muertes se debieron al prejuicio por la expresión o identidad de género, y ocurrieron en las casas de las víctimas: “Más allá del objetivo de robarlos, lo cual no siempre ocurre, este tipo de crímenes buscan enviar un mensaje de rechazo hacia la orientación sexual de las víctimas, debido al exceso de violencia al que son sometidas y en ocasiones por las posiciones en las que dejan los cuerpos o mensajes escritos que dejan al lado de ellos”. En la mitad de estos casos las autoridades han identificado o capturado a los presuntos responsables.

Las amenazas

El informe denuncia que en 2017 se registraron 60 amenazas contra personas LGBTI (11 más que en 2016), y que las regiones del país en los que más hubo fueron Cundinamarca y Bogotá. Los principales tipos de amenazas fueron contra las que ejercen labores de liderazgo social, defensa de los derechos humanos, y visibilización de la población LGBTI. 27 líderes y defensores de derechos humanos LGBTI fueron amenazados en 2017.

Las amenazas se dieron por medio de intimidación directa, telefónica o por redes sociales y por medio de panfletos. En los 18 casos que hubo acceso a la información de los presuntos responsables de las amenazas, el documento registró que fueron los grupos de las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), La Cordillera, la Fuerza Revolucionaria del Pueblo y Los Urabeños Unidos por Colombia, quienes las hicieron.

Impunidad judicial

El documento tiene información de 64 investigaciones penales sobre los 109 homicidios de personas LGBTI durante el año pasado. El texto dice que la mayor parte de estos procesos están en etapa de indagación, y que en pocos casos se ha logrado avanzar a la etapa de juicio y a la condena de los responsables. 

La tendencia de los años anteriores es que la mayoría de los casos se quedan varios años en etapa de indagación preliminar, por lo que no se encuentra a los culpables y terminan como casos archivados.

En cuanto a las amenazas, solo se conoce una sentencia condenatoria por un caso ocurrido en 2015, mientras que los restantes 206 casos que han sido registrados desde 2012 hasta 2017 siguen en la impunidad.

“Esto envía un mensaje de tolerancia por parte del Estado hacia estos hechos, lo cual desincentiva aún más a las víctimas para que denuncien estos hechos”, indica el texto.