La Procuraduría General de la Nación le pidió  a la Gobernación de Norte de Santander que le explique  por qué no ha negociado los predios particulares que serán intervenidos durante las obras del intercambiador vial de Atalaya y Las Américas, cuya obra comenzó este mes.

El control al proceso se dio tras una queja puesta por un ciudadano que sostiene que a la fecha no se había llegado a algún acuerdo con los propietarios de dos predios sobre la avenida Juan Atalaya, dijo Juan Carlos Bautista, Procurador Regional.

Como consecuencia de esto, el tiempo de ejecución y entrega de la obra, que pretende mejorar el tráfico vehicular en las comunas 7 y 8, se podría retrasar, de no llegar a un rápido acuerdo con los afectados.

Bautista recomendó verificar la titularidad de los predios antes de dar inicio a las actividades contractuales, con el fin de no incurrir en una falta gravísima como lo resalta la Ley 734 de 2002.

“La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas no solo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el patrimonio   público”, dijo Bautista.

‘No estamos incumpliendo’

La Gobernación respondió a la solicitud diciendo que ha respetado los principios de planeación contractual en el proyecto vial que ronda 35 mil millones de pesos.

El gobernador, Édgar Díaz, dijo que el consorcio Ciudadela Juan Atalaya, contratista de la obra del intercambiador vial, es el encargado de hacer la negociación de los dos predios pendientes, como quedó consignado en la cláusula novena del contrato, por lo que el ente departamental no estaría incurriendo en ninguna falta.

“La adquisición predial de los bienes afectados con las obras objeto del contrato, son adquiridos por el contratista previa a la ejecución de las obras, en concordancia con la Ley 1682 de 2013, por el que se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, y se conceden facultades extraordinarias”, dijo el gobernador.

“En los diseños se plantea la compra de cuadro predios, dos del municipio y dos de particulares”, explicó Díaz en el documento. “Con el municipio se llegó a un acuerdo desde julio del año pasado, y queda pendiente la negociación con Luisa Beatriz Tarazona Gélvez  y Luis Eduardo Gómez, dueños de los otros dos predios”.

El valor de ambos predios no podrá excederse de $245 millones, según lo planteado en el contrato. El tiempo de duración de la obra (14 meses), no se verá afectado por el retraso en la negociación de los predios privados.

El proyecto incluye la ampliación de carriles, la construcción de un paso elevado y la ampliación de la redoma de Los Vientos.

¿Se repetirá la historia?

“Y si los contratistas no llegan a un acuerdo rápido con los dueños de los predios por donde se construirá el intercambiador, las obras se estancarán como las del Paseo Rojo y Negro”, es el interrogante de los vecinos de la ciudadela Juan Atalaya.

La comunidad teme repetir la historia del proyecto de adecuación y remodelación del Paseo Rojo y Negro en este mismo sector, donde por no llegar a un acuerdo con los comerciantes de unas casetas, la entrega de la obra se ha aplazado en cinco ocasiones. Estaba prevista ser entregada en siete meses y ya han pasado 14.

“En el paseo la historia es diferente porque el municipio es quien no ha cumplido con la reubicación”, explicó la gobernación. “Esperamos que las negociaciones con los dueños de los predios se agilice  para no afectar el cronograma de la obra”.