Ana Julia*, 26 años, llegó hace 11 meses de La Gabarra.

Su caso conmovió a las autoridades cuando se acercó a denunciar que no ha recibido atención suficiente en salud por la violación de la que fue víctima por un miembro de una banda criminal en la vereda donde vivía.

Ella contó que no sabe a dónde ir para que le presten los servicios de salud. “Me presenté en el hospital de Ocaña, pero allá me dijeron que debía venir a Cúcuta a inscribirme en la unidad de víctimas para que me garantizarán los servicios de salud”, dijo.

El caso Ana Julia lo viven otras 403 mujeres víctimas de delitos sexuales en Norte de Santander en lo que va corrido de 2015, en su mayoría de Cúcuta y el área metropolitana.

Esta situación, según María Victoria Giraldo, coordinadora de promoción social del departamento, ocurre porque las empresas prestadoras de salud (EPS) no cumplen la ley que las obliga a prestarles los servicios a las víctimas de delitos sexuales. 

“Están revictimizando a las víctimas, con preguntas inoportunas, enviándolas a otro lugar a donde no deben ir u omitiendo el suministro de tratamientos y medicamentos estipulados en el Plan Obligatorio de Salud; incumplen los protocolos”, dijo Giraldo.

Esta falencia llevó al Instituto Departamental de Salud a implementar un plan con el ministerio de Salud, encaminado a orientar a las EPS sobre los deberes con las víctimas, y a estas últimas, sobre sus derechos.

Según Giraldo, en Cúcuta y Villa del Rosario, y otros municipios se buscará fortalecer la salud sexual, reproductiva y mental con las víctimas.

Se busca que la red prestadora de salud cumpla los protocolos en los tiempos estipulados, señaló Giraldo.

Con colectivos de mujeres víctimas de delitos sexuales se trabajará también la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La atención

Las mujeres abusadas sexualmente en la guerra deben recibir la siguiente atención por parte de las EPS: apoyo emocional, atención de emergencias médicas, psicológicas, trauma, intoxicaciones, cuidado general de la salud, etc., así como cuidados médicos específicos, tales como anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, hepatitis B, interrupción voluntaria del embarazo, IVE, etc.

Asimismo, toma de evidencias forenses, tratamiento y rehabilitación.

La ruta de atención integral en salud para que las víctimas puedan ingresar a los servicios de salud se da por tres vías:

1. Demanda espontánea de servicios de consulta externa.

2. Demanda de atención de urgencias.

3. Remisión realizada por los equipos especializados interdisciplinarios locales. En los tres casos se debe garantizar que la atención recibida por parte de las personas afectadas cumpla con los estándares de calidad, oportunidad y pertinencia.