La Contraloría Municipal de Cúcuta hizo dos observaciones al alcalde Donamaris Ramírez para que revise, y si encuentra razones, suspenda el multimillonario convenio 0362 con el Área Metropolitana.

El convenio fue suscrito el 4 de junio para la ejecución de varios proyectos como el de los semáforos, la dotación del centro de víctimas, la recuperación de glorietas y andenes, y la demarcación de vías, entre otros. 

Según el ente de control fiscal, la Alcaldía delegó al Área Metropolitana la responsabilidad precontractual, contractual y poscontractual de varios proyectos, incumpliendo la ley (art. 11 numeral 2 de la ley 489 de 1998). 

En un oficio conocido por La Opinión, el contralor Carlos Eduardo Coronel tacha la incompetencia que tenía el secretario General, Jimmy Galán, para firmar el convenio, puesto que subdelegó su responsabilidad. 

En otras palabras, Galán, ahora suspendido por la Procuraduría, dejó al Área Metropolitana la labor de contratar a pesar de que ese era su trabajo, estar al tanto de toda la contratación de Cúcuta. 

Galán fue delegado para las funciones de contratación por el alcalde, según los decretos 053 del 11 de enero de 2013, modificado por el decreto 629 del 28 de octubre de 2014. 

La segunda razón que da Coronel a Donamaris para que haga nulo el convenio, es que no encuentra una relación objetiva entre los proyectos a contratar y el Área Metropolitana, siendo que no existen hechos metropolitanos, por ejemplo, en la reparación de andenes, o en la semaforización.

Inexistencia de hechos metropolitanos

Las Áreas Metropolitanas pueden suscribir contratos o convenios, sin embargo, hay unos criterios que deben cumplirse. 

En el artículo 10, de la nueva ley de áreas metropolitanas, se estipula que deben haber unos hechos metropolitanos, es decir, que afecten como mínimo a dos municipios: “se constituyen hechos metropolitanos aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área Metropolitana”.

Por lo tanto “en qué beneficia a El Zulia, por ejemplo, que se arreglen o cambien los semáforos de Cúcuta; o cómo influye en Los Patios que se arregle una glorieta de Cúcuta”, se preguntó Coronel. 

Si el alcalde no encuentra causal para la nulidad del convenio, basado en las anteriores razones, la Contraloría llevará el caso ante la justicia penal, dijo Coronel. 

Denunciado a la Procuraduría

La Contraloría ofició a la Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva en la función pública una solicitud para que acompañe los procesos de contratación derivados y revise el convenio firmado entre la alcaldía y el Área Metropolitana. 

Entre otras cosas, la procuradora encargada de revisar el caso, Fanny María González, deberá revisar si evidentemente existe en el convenio un impacto metropolitano o simplemente se quiso evadir el control que ejecuta la Contraloría. 

También la Procuraduría entrará a revisar por qué la Alcaldía, a pesar de que existen cuestionamientos en el estudio técnico para los semáforos, continuó la contratación.