La Alcaldía se mantuvo en su posición de que los pasos dados en los procesos de contratación por los cuales fue separado provisionalmente de su cargo por tres meses el secretario general Jimy Galán, estuvieron ajustados a la ley.

La Procuraduría provincial le formuló ocho cargos a Galán, relacionados con cuatro quejas interpuestas en ese órgano de control por ciudadanos que denunciaron presuntas irregularidades en la contratación.

La Opinión indagó con la asesora jurídica de la Alcaldía, Paola Aguilar, sobre el contrato No.  1545 del 02 de diciembre del 2013, relacionado con la cartilla Barira, por el cual la Procuraduría le imputó cargos a Galán, por qué se produjo el cambio del objeto contractual definido en los estudios previos, en relación a especificaciones técnicas.

Aguilar dijo que esas modificaciones fueron aprobadas por la supervisión y adicionalmente fueron  compensadas en calidad del gramaje del papel, y  la contraloría Municipal, en su informe, certificó la entrega de la totalidad de los elementos.

Con relación al contrato de prestación de servicios de Germán Bonilla, en el cual se objetó la modalidad de contratación directa para el manejo del programa  relacionado con la atención a víctimas del conflicto armado, la asesora jurídica dijo que existía viabilidad jurídica de optar por la modalidad de contratación directa.

Dos cargos más imputados por la Procuraduría, relacionados con la ausencia de estudios y diseños para la construcción del parque Cúcuta 300 años, así como por el incremento patrimonial injustificado del contratista, Aguilar señaló que sí se elaboraron estudios y diseños técnicos y que la exigencia de la licencia se produjo fue para el parqueadero ubicado en la parte subterránea del parque.

Referente al contrato de los sensores de alcohol, cuya imputación señala que la descalificación de oferta que ofrecía un menor precio conlleva a un presunto sobrecosto, Aguilar explicó que la selección de mínima cuantía  y el factor de selección menor precio, previa verificación de requisitos habilitantes establecidos en la invitación publica prevé unas características especiales para este procedimiento de imposición de reglas de rechazo de ofertas de carácter subjetivo.

Con relación al contrato de reparaciones locativas del colegio Concejo de Cúcuta, en donde se imputó que hubo inclusión de reglas en el pliego de condiciones que inducen al rechazo de ofertas, la funcionaria señaló que en este contrato se fijaron criterios para calificar la experiencia conforme a los lineamientos previstos por la norma legal vigente y  se corrió traslado a los oferentes quienes no subsanaron los requerimientos de la entidad.

Frente al contrato con Asoproid, Aguilar dijo que el proceso fue liquidado en aplicación de la medida preventiva y, además, no se produjo desembolso alguno.