La ministra de Transporte, Natalia Abello, propuso, durante el Consejo de Ministros en Cúcuta, tres medidas para garantizar que el carbón de Norte de Santander llegue a los puertos colombianos.

Al cierre de esta edición, las ministras de Transporte y de Comercio se reunían con los productores del departamento para evaluar el impacto económico de las medidas y cuál de las tres es la más favorable para el sector.

La primera consiste en movilizar 30.000 toneladas de carbón por medio del puerto de Acapulco, en Gamarra, y de allí llevarlo al puerto de Barranquilla. 

La segunda opción pretende movilizar el 50% del mineral por vía férrea, con la intención de llevarlo hasta Puerto Nuevo, en Santa Marta.

La tercera medida tiene que ver con el transporte del carbón vía terrestre, para ello –señala la ministra Abello– se requiere de una coordinación con los equipos de la cadena de producción y de los exportadores para su respectiva implementación.

“Para que esto ocurra, es necesario tomar decisiones de Gobierno, la primera es garantizar el combustible a precio diferencial, para ello  se requieren 1,1 millones de galones al mes”, informó la funcionaria.

Abello señaló que, debido a la premura de la crisis, se necesita que el tren funcione en horas de la noche, por lo que se deben adoptar medidas cautelares por parte de la Corte Constitucional, “medidas que ya expiran, próximamente”.

El Ministerio del Transporte está evaluando la posibilidad de fijar tarifas diferenciales en peajes, subsidios de transporte e impuestos acordes, que permitan el flujo del carbón de manera fácil. 

Norte de Santander exporta 6.000 toneladas de carbón al día, las cuales se han dejado de enviar por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela, generando pérdidas diarias de 400.000 dólares.

En los 16 días que se cumplen del cierre de los puentes internacionales, los productores de carbón han dejado de exportar a Brasil, Perú, Guatemala, Perú y el Caribe.

Además, hay 100.000 toneladas de carbón represadas en el puerto de La Ceiba (Maracaibo, Venezuela), que podrían ocasionar una pérdida de 5.500 millones de dólares.