El país se sorprendió el miércoles de la semana que termina con una verdad que se vive desde hace décadas, pero que con el paso del tiempo nos ha llevado a olvidarla y hasta a convivir con ella: los 220.000 muertos que en 55 años ha dejado el conflicto armado.

El dantesco dato se logró gracias a lo recopilado en el informe ‘Basta Ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad’ que fue recopilado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo de Memoria Histórica de Colombia.

El abogado y filósofo Gonzalo Sánchez, uno de los más reconocidos violentólogos  tuvo bajo su coordinación en la Dirección del Centro de Memoria Histórica, este reporte que se da como uno de los cumplimientos a la Ley de Víctimas del 2011.

Sánchez, en entrevista con Colprensa, cuenta cómo se logró la redacción del histórico documento, el alcance del mismo y lo que se puede esperar después de este reporte que ya dejó sorprendidos a colombianos y a extranjeros por el impacto de la violencia en los últimos 54 años.

¿Por qué se redactó el informe ‘Basta Ya’?

El informe corresponde a una disposición de la Ley de Víctimas, nosotros en desarrollo de ese mandato adoptamos una metodología y nos fuimos a las regiones a trabajar en los diversos casos, para ir construyendo no de arriba hacia abajo sino desde las regiones. Estamos entregando el resultado de ese acumulado.

¿Por qué se publica en este momento?

Sale en un contexto de paz, en el cual el tema de las responsabilidades es central y viene en la agenda de la mesa de negociación en La Habana, en donde lo relacionado con las víctimas es fundamental.

¿Qué se podría esperar con el informe?

Lo mejor que podría pasar para nosotros es que esto se reconozca como un elemento importante, como un insumo importante para abordar la discusión del origen de la violencia en el país. Nosotros mismos somos cuidadosos de lo que hemos hecho porque cuando se hace un informe en medio del conflicto, obviamente cualquier cosa que se diga, es materia de controversia.

¿Fue fácil hacer el informe en medio del conflicto?

Si estuviéramos con un conflicto cerrado hay una institución que va a decir lo que pasó. Aquí estamos en apuestas, en donde unos dicen que las cifras son estas o son distintas. Nos veremos bien servidos si se recibe el informe como un insumo para el debate, para la controversia. Estamos claros que hay un marco legal que protege la autonomía de una institución como esta, el Centro de Memoria Histórica, que dice que no habrá verdad oficial y lo dice la Ley de Víctimas.

¿Desde qué época de la violencia se recogieron datos para el informe?

Nuestro mandato legal señala que debíamos decir el origen de los grupos armados ilegales, pero hay una discusión legal, uno entiende que los actores armados los ubicamos en las fronteras de los años sesenta con la fundación de la Farc, del ELN, de los que aún están en la escena pública; pero siempre tuvimos una preocupación y es que cuando uno arranca con una fecha como esta deja por fuera los años 50, es casi una decisión traumática, porque los muertos de esa época deben tener su reconocimiento. Nosotros adoptamos una línea y nos pusimos en la frontera de los dos momentos y arrancamos desde 1958.

¿Cómo se recolectaron los datos para hacer el informe?

En todos los momentos hay una transversal muy fuerte que es la voz de las víctimas, la versión testimonial es central en el informe, pero la capacidad institucional de consolidación de cifras es muy distinta de los años ochenta para acá a lo que había del 58. Del ochenta para acá hay cifras oficiales: Dane, Fiscalía, Medicina Legal. Pero al mismo tiempo se formó en esa época el grupo de los grandes centros de pensamiento que se enfocaron en el tema de la violencia. De los ochenta para atrás, incluso, nos tocó construir nuestras propias cifras que se hizo con algo de información oficial, pero sobre todo con la lectura de la prensa. Si uno hace un buen registro de periódicos nacionales y regionales, se puede construir un modelo de cifras sustentables.

¿Esas cifras, los más de 220 mil muertos, son las totales?

Lo que resulta son unos mínimos, una cifra como esa, los 220 mil muertos por el conflicto armado, la tercera parte de los 600 mil muertos que hubo en el país durante todos esos años, muestra que la influencia del conflicto es altísima. Fue una cifra que nos controvirtió a nosotros mismos.

¿En las cifras del secuestro qué pudieron medir?

Nosotros elaboramos un informe que da como resultado casi 40 mil secuestros, de esos 27 mil están ligados al conflicto armado.

¿Las cifras de los desaparecidos fue fácil determinarlas?

Las cifras de desaparecidos son un poco más problemáticas, nosotros tenemos unas cifras consolidadas por los organismos competentes de alrededor de cinco mil, pero los cálculos de una entidad como la Fiscalía superan los 25 mil y pueden llegar a 30 mil.

¿Sí hay conciencia en los colombianos sobre la cantidad de muertos por causa del conflicto armado?

Las cifras que nos da, los 220 mil muertes muestra que casi 160 mil son homicidios selectivos, a cuenta gotas, no son de gran impacto, esto hace que no haya conciencia pública de lo que está pasando. La gente ve que se desarrollan masacres en distintos lados, pero no ve que esto es un acumulado diario, estamos en un lago de sangre que se va llenando todos los días. Además se debe sumar que la gente no reacciona, pero sobretodo que cumplen con las estrategias de los propios actores que es invisibilizar sus propias responsabilidades. Las autoridades corren cuando hay un crimen de alta significación política o una masacre, pero reaccionan mucho más lentamente cuando se trata de estos eventos que son repetitivos y que de alguna manera van rutinizando la violencia. Podría decirse que uno de los efectos más perversos de esta dinámica del conflicto, el asesinato selectivo. Acostumbrarse al conflicto armado es de las cosas más graves.

¿Se puede cambiar esa tendencia de la gente de ignorar ese conflicto y su impacto?

No son fáciles las fórmulas. La fortuna de este momento es que se están asumiendo problemas que de manera consensuada se definen como problemas centrales en el país, que venían desde hace mucho rato, que sabíamos que estaban ahí pero que se le había quitado el peso.

Para la generación mía el tema agrario siempre fue un problema central del conflicto, después de los intentos de la reforma de los años sesenta eso entró como en un invernadero, el tema de la desigualdad y del despojo no era visto como un problema.

¿Y lo político también pesa?

El genocidio de la UP fue como una bofetada, que todo estaba resuelto en términos de participación política, era una sociedad que reconoció que había seguido heredando unas visiones de sociedad de otros periodos que estaban ya superados, el tema de la participación política vuelve a ser fundamental.

¿Y ahora qué viene?

Este informe no cierra, deja abierta puertas y tareas. Hay un informe en marcha sobre el desplazamiento forzado, hay un informe específico sobre la desaparición forzada que se conocerá en octubre, hay unas formas de victimización política colectiva como el caso UP y se está iniciando un proceso de escrutinio sobre ese tema.