En Norte de Santander son muchos los líderes sociales que a diario luchan para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Ese es el caso de César Martínez, un líder que apoyado en su comunidad logró conseguir un puente hamaca, para que su gente no enfrentara peligros al cruzar por río Nuevo.
Sin embargo, el panorama de estos luchadores no es tan favorable, pues en el último año en Colombia han sido amenazados e incluso asesinados.
Ante esto, el Gobierno Nacional anunció que para dar una garantía de los Derechos Humanos a esta población, presentará un Conpes para líderes sociales en el 2020.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que se presentará durante el primer trimestre del próximo año.
"Dadas las condiciones de las últimas semanas, el proceso que venía trabajándose con las plataformas sociales en el orden nacional, se vio interrumpido porque algunas organizaciones sociales se pararon del proceso de concertación", y agregó que este documento por disposición del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y por compromiso con el Procurador, Fernando Carrillo, así como con las organizaciones sociales, debe ser participativo, argumentando que la responsabilidad no es solamente del Estado sino de todos los colombianos.
Adicionalmente, de acuerdo a Gutiérrez, para entregar el documento Conpes también se debe esperar a que los alcaldes y gobernadores electos se posesionen en sus cargos porque es importante que ellos conozcan el ejercicio, las conclusiones y las recomendaciones para que las puedan incorporar en sus planes de desarrollo local y regional debido a que son los primeros que deben responder por el bienestar de sus comunidades.
"Por eso es tan importante que la entrega de un trabajo que se ha hecho por más de un año, no termine aquí con un documento que se entregue, sino que la entrega de marco de la política pública que se está haciendo, sea un resumen de lo trabajado, una hoja de ruta para las nuevas autoridades territoriales y sobretodo un cronograma de actividades que nos lleve a seguir conversando, dialogando y ante todo tomando acciones para que el ejercicio que liderazgo en Colombia sea realmente efectivo", dijo la ministra.
El objetivo, según el Gobierno, es fortalecer los esfuerzos que ya se han adelantado desde el Estado colombiano para avanzar en la protección integral para las personas que adelantan una labor de liderazgo y defensa de los derechos humanos en el territorio nacional.
Estos lineamientos son el resultado de 114 mesas de trabajo con defensores de DDHH con 160 servidores públicos nacionales y territoriales, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Los Derechos Humanos en Colombia
Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “la situación de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo crítica. En un contexto en donde las promesas de implementación de mecanismos de protección de DDHH en las comunidades afectadas por el conflicto armado no han pasado de la retórica, es evidente que en muchos casos la situación se ha ido deteriorando”.
Guevara recalca, además, que las comunidades históricamente vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, siguen afectadas por la reorganización y presencia de grupos armados, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos que van desde el desplazamiento forzado hasta los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de los derechos humanos.
Según cifras de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, en lo que va del 2019 al menos 86 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en Colombia. A pesar de la situación, las autoridades del gobierno del presidente Iván Duque no han enfocado esfuerzos suficientes en la protección individual y colectiva de las comunidades.
Por otra parte, Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, resalta que, pese a la situación actual con respecto a derechos humanos en Colombia, ha habido avances en la reducción de minas antipersona y secuestros.
“En general, producto del Proceso de paz, ha habido una mejora sustancial en el tema de violación a derechos humanos, en cuanto a desplazamiento forzado ha habido una reducción del 10% con respecto a la peor época del conflicto; los afectados por minas antipersonal disminuyeron en un 90% y el secuestro se ha reducido sustancialmente. Anualmente, 200 personas son víctimas de este delito, frente a 3000 que se reportaban anteriormente”, recalcó Ávila.
Sin embargo, el experto considera fundamental que el Gobierno y las instituciones encuentren medidas de protección para los líderes sociales en el país, pues cada dos días, un líder es amenazado o asesinado por actores armados.
