La Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento La Gabarra, en Tibú, hizo un fuerte pronunciamiento sobre las críticas hechas por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en relación con el programa Fe en Colombia, con el cual se desarrolla un proyecto de mejoramiento vial para el municipio, entre las veredas Kilómetro 43 y Puerto Las Palmas.
Según los líderes del corregimiento, Ascamcat no los representa, no es y no ha sido vocera de los comunales, e incluso afirman que los señalamientos sobre el programa Fe en Colombia “como estrategia de intervención militar diseñada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que busca la destrucción del tejido social”, generan zozobra entre los habitantes y pone en riesgo las vidas de quienes trabajan por el progreso local.
“Si algo llega a suceder en contra de la integridad de alguno de los comunales, hacemos responsables a Ascamcat por sus señalamientos y mal manejo de la información”, dicen en el comunicado, debido a la vinculación “con supuestas estrategias americanas que pretenden hacer daño a nuestra preciada región”.
Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat, explicó que “en ningún momento se hace referencia a la comunidad”, y que lo que realmente se está denunciando “es una política militar del Estado en la que se desarrolla una estrategia cívico-militar en la que el Ejército participa del desarrollo de infraestructura para favorecer a las multinacionales que extraerán los recursos naturales de la región”.
Según Quintero, esta estrategia “no es un invento” e incluso dijo que está amparada por la resolución 3080 de 2016, “que es un doble discurso del Gobierno Nacional a lo que está pactado en el tema de sustitución de cultivos, y lo único que busca es desvirtuar a las organizaciones sociales”.
En este sentido, la resolución plantea en el punto 4.4 (denominado Interacción y generación de confianza con las comunidades) “una intervención amplia, integral, oportuna y eficaz del Estado para garantizar que las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos no se vean afectadas por acciones de protesta social”.
“Esta política no es nada acertada para el Catatumbo, sobre todo en vísperas de la materialización de un proceso de paz”, agregó Quintero, que también señaló la falta de consulta previa con el pueblo barí para el mejoramiento de la vía, que estaría en zona de interés para la comunidad ancestral.
“Es curioso cómo el Gobierno no requiere hacer la consulta previa para pasar infraestructura que beneficiará a palmicultores y productores de carbón, pero cuando se trata del apoyo al campesinado, ocurre todo lo contrario”, comentó.
En este sentido, los comunales explicaron que la consulta previa no se estableció como requisito “para esta primera parte de la minga, puesto que de los 8 kilómetros que se mejoraron, seis ya existían gracias al trabajo de los campesinos en 2015”.
Sin embargo, dijeron que se acogen a las preocupaciones de los Barí y manifestaron que se atenderán todas las inquietudes y se pedirán los permisos correspondientes, “con el objetivo de trabajar unidos, como una sola familia, por el bien común del Catatumbo”.
