Una gigantesca y húmeda laja se apodera del bosque. Los rayos solares se cuelan por las ramas de árboles enanos y penetran en el agua avivando los tonos azules y verdes del suelo rocoso. A lo lejos, una cascada incita a darse un chapuzón y el agua cae como ráfagas de puntillas en la espalda de los osados bañistas.

Hace una década, así lucía Pozo Azul, ícono de la geografía cucuteña. Hoy, el cuadro es aterrador. La enorme piedra está cubierta de grafitis y en las cárcavas –sobre las pútridas aguas– flotan platos, cubiertos de plástico y envolturas de confetis. Los rayos solares activan los fétidos olores de la cantidad de desechos y la cascada está reducida a hilos de agua.

La sensación del actual Pozo Azul es de asco. Pero, también es el reflejo de como la mano del hombre altera los bellos parajes del departamento. Se requiere con urgencia de un ordenamiento social y económico.

Pensar en declarar la zona parque natural, como ha ocurrido con áreas del páramo de Santurbán, por ahora no es viable. La presencia de minería de carbón lo impide. Sin embargo, la figura de Distrito de Manejo Integrado (DMI), que permite el uso del suelo para fines económicos, sobre todo, para la conservación, es acertada y la más viable en el mediano plazo para Pozo Azul.

En ese proyecto viene trabajando la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), en alianza con la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán (GIZ).

Alcances del DMI

Las áreas que rodean Pozo Azul hacen parte del uno por ciento de los bosques secos tropicales que sobreviven en el mundo, los cuales tienen como función prevenir la erosión, regular el clima y la calidad del aire.

La creación de un DMI permitiría la conservación de los bosques secos, al tiempo que se aprovecha parte del territorio para la producción, sea agrícola o ganadera.

A la par “está todo el tema de ordenamiento turístico. Al proceso se vinculó a GIZ para hacer un estudio en el que se abordó la capacitad de carga que soportaría la zona”, dijo Sergio Iván Niño Hernández, subdirector (e) de Recursos Naturales de Corponor.

De acuerdo con Virginia Salazar Bermúdez, asesora del Programa de Medio Ambiente de GIZ, desde 2015, están apoyando con asesoría técnica a Corponor. “Pozo Azul se usa de manera insostenible, se analizaron los senderos y las problemáticas ambientales”.

Pozo Azul es compartido por Cúcuta, San Cayetano y Durania. Para ingresar debe llegarse hasta el corregimiento El Carmen de Tonchalá. El camino largo (2,5 kilómetros, la mayor parte en ascenso) parte en cercanías de la finca Palmas. El segundo (1,5 kilómetros) inicia en la finca Villanueva, en la vereda Ayacucho.

Camino a seguir

La propuesta de Corponor para conservar a Pozo Azul y los bosques secos, busca la declaratoria de 16.431 hectáreas como Distrito de Manejo Integrado (DMI), las cuales están distribuidas en cinco municipios.

La declaratoria –previo estudio y trabajo de campo con las comunidades– es competencia del Consejo Directivo de Corponor. “Hace un mes se hizo una reunión para presentar el proyecto y quedó una agenda. Comfanorte se encargará de la hoja de ruta para el plan turístico”, dijo Niño Hernández.

A  la par debe hacerse un estudio predial que permita conocer el impacto social al adoptar la figura de DMI. “Todo depende de la voluntad de las instituciones vinculadas al proceso. Si se avanza a buen ritmo antes de finalizar este año estaría la hoja de ruta turística y cinco meses después el DMI declarado”, argumentó Niño Hernández.

Qué se frena con el DMI

Una vez se convierta a Pozo Azul y las zonas contiguas en DMI, se frenará lo siguiente:

La desbordada tala de bosques. La madera se utiliza, en su mayoría, para hacer palancas que permitan sostener las minas.

La caza de especies como guacharacas, pavas, nutrias, armadillos y venados.

La ganadería caprina y vacuna debe hacerse sosteniblemente para no afectar los suelos.

La minería de carbón. En la zona propuesta a convertirse en DMI hay 33 títulos vigentes, de los cuales 21 tienen licencia ambiental.

En la zona hay 17 concesiones de agua autorizadas, de las cuales 14 son para el sector productivo y 3 para empresas de acueducto. Recientemente se identificaron 5 ilegales.