Los 59 colombianos que permanecían detenidos desde 2016 en Caracas, acusados de supuesto “terrorismo” por un complot denunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien los calificó de “paramilitares”, continúan en procesos de revisión adelantados por la Cancillería.

Según César Duarte Guzmán,  director regional de Migración Colombia, a todos los deportados se les verificaron los antecedentes y ninguno tiene problemas con las autoridades colombianas.

La mañana de este domingo, fueron trasladados del lugar provisional de acogida, para continuar con el proceso de revisión de estado de salud, entre otros.

Iván Antonio Galán Ramos, de 43 años, habló con La Opinión de su situación y pidió al Gobierno Nacional apoyo, pues asegura que al llegar a territorio colombiano quedaron en el Limbo.

Este lunes La Opinión publicará un informe especial con testimonios y todos los detalles del proceso de deportación de estas 59 personas.

Lo sucedido el sábado

Los 59 colombianos (58 hombres y una mujer) fueron trasladados en un avión militar desde Caracas, donde estaban bajo arresto en calabozos policiales, hacia el estado Táchira, dijo Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

“Nunca fueron condenados, nunca tuvieron derecho ni siquiera a una audiencia, nunca hubo un juicio”, denunció Romero. 

“Hicimos presión por su liberación (...), pero la defensa en tribunales nunca se permitió”, agregó el activista.

El Gobierno Nacional en cabeza del consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, recibió en el puente internacional Simón Bolívar, de Villa del Rosario, a los 59 colombianos que se hallaban detenidos en Venezuela.

“Por instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, me encuentro en Cúcuta liderando, junto a la Cancillería y Migración la delegación que recibe a los 59 connacionales arbitrariamente detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro”, aseguró Barbosa a través de su cuenta de Twitter.

Cancillería  informó  que activó los planes de contingencia para atender la llegada de los colombianos al territorio nacional y así validar su estado de salud y actualizar su estatus migratorio.

El grupo de liberados tenía orden de libertad en el año 2017, pero su proceso de deportación solo se hizo hasta este 29 de junio del 2019. 

El primero de septiembre de 2016, Maduro anunció que su gobierno había derrotado “un intento de golpe de Estado” que contemplaba “asaltar” el palacio presidencial de Miraflores. El mandatario socialista aseguró entonces que habían sido capturados 92 “paramilitares colombianos”.

Con posteriores excarcelaciones, el grupo se redujo a 59, acusados de “terrorismo” por la Fiscalía en noviembre pasado.

Razones

Se pudo establecer que la deportación de los connacionales tuvo que ver con la intervención de Michelle Bachelet, alta consejera de la ONU para los derechos humanos, quien recientemente visitó ese país.

Las detenciones impactaron en las tensas relaciones diplomáticas que Venezuela y Colombia mantienen desde el ascenso al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, tildó de “aterrador” el caso un mes después de las acusaciones formales por “terrorismo”. “Se han mandado 94 notas (de protesta). El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador”, dijo entonces ante la prensa.

El siguiente paso de Bogotá fue denunciar ante Bachelet las “condiciones deplorables” del centro de detención donde se encontraban los colombianos.

El grupo permanecía detenido desde septiembre del 2016 en el complejo penitenciario de La Yaguara, en Caracas.

El abogado de los deportados Sergio Aranguren explicó que tras un arduo trabajo lograron la libertad de estas personas.

Precisaron que el Gobierno venezolano en ningún momento presentó una prueba que los vinculara con la denuncia hecha por el presidente Maduro. 

Ante el hacinamiento en las cárceles, denuncian organizaciones de derechos humanos, es habitual la superpoblación en calabozos policiales en el país petrolero, donde por ley los detenidos no deberían pasar más de 72 horas.

Según Foro Penal, en Venezuela hay alrededor de 800 “presos políticos”.