En medio de una controversia sobre el supuesto favorecimiento político que pretendió tener el candidato presidencial Gustavo Petro con la iniciativa, esta noche la plenaria del Senado aprobó por 84 votos y ninguno en contra la convocatoria de la consulta anticorrupción, con la cual se busca entre otros bajar el salario de los congresistas.
La polémica arrancó por un trino del aspirante presidencial Petro, quien en su mensaje le solicitó al Senado votar la citación de la consulta, como también a que su contradictor Iván Duque hiciera lo mismo con su partido, el Centro Democrático, para que votara el proyecto. “Le solicito a @IvanDuque dar la orden a su bancada del Centro Democrático para votar favorablemente la consulta anticorrupción en el Senado”, escribió Petro en su cuenta.
Luego la controversia la representante Angélica Lozano, una de las promotoras, aseguró que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, había dicho en privado que querían que la iniciativa no pasara. “Parte de tu bancada llegó hoy con ánimo de echarse para atrás con la Consulta Anticorrupción según me explicaste. Celebro que lo descartaron. No usé la consulta en beneficio de Fajardo, no la voy a feriar a quien se suma a ultima hora”.
La senadora Valencia sostuvo: “pedimos que la consulta anticorrupción se aplazara hasta el día de hoy, 5 de junio, buscando que no interfiriera en la primera vuelta. Y por supuesto, este es un Partido coherente, que no dice mentiras, que jamás promete cosas que no va a cumplir. La mezquindad con la que está actuando la representante (Angélica) Lozano me sorprende mucho, porque habíamos hecho un entendimiento sobre la base de la generosidad y la no usufructuación política de una consulta que estaba por encima de los intereses partidistas. Me llama la atención que como apoyo al candidato Petro, haya pretendido hoy desdibujar el voto legítimo y el compromiso total de nuestro candidato Iván Duque”.
Sin embargo, ya en la discusión en la plenaria la iniciativa popular se abrió paso. La senadora Claudia López sostuvo que precisamente para que no se cruzara con los intereses políticos fue que se pidió aplazar para esta fecha la aprobación de su convocatoria.
Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe, aseguró que apoya la consulta, por lo que advirtió que le preocupa que se intente mal utilizar su voto, y en tan sentido sostuvo que no busca frenar juicios y discusiones sobre su actuación como gobernador y presidente de Colombia con EPM e Hidroituango. “Voy a votar positivamente porque he sido honorable y administrado sin desgreño”, indicó.
Desde el Partido de la U, el senador Mauricio Lizcano sostuvo que entiende a quienes están contra la misma por argumentos jurídicos, pero resaltó que esta es un hecho político muy grande para los colombianos, “se debe avalar la consulta por el respeto a quienes firmaron”.
Uno de los senadores que se opuso a la consulta fue el senador Roy Barreras, quien sostiene que de las siete propuestas cinco ya son ley de la República y para dos más se requiere de una reforma constitucional. Pero inclusos sostuvo que la mayoría de sus colegas la votan por miedo a ser controvertidos por la opinión pública.
“La van a votar para evitar daños colaterales, no es porque crean en ella, es por miedo a los medios, a las redes sociales. Los mueve el título no el articulado”, indicó Barreras, al destacar que se gastarán sin necesidad 350 mil millones de pesos que se perderán cuando la Corte Constitucional en su revisión tumbe estas normas si se aprueban.
Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el gobierno se compromete a asignar el presupuesto requerido para la consulta, y que queda a la espera para que la documentación llegue a la Presidencia de la República para convocarlo.
Lo que busca la consulta
Estos son los puntos de que trata la iniciativa popular que tuvo más de 4 millones de firmas para ser convocada:
1. Bajar el salario a los congresistas y altos funcionarios.
2. Quitar los beneficios de cárcel especial a corruptos y prohibirles contratar con el Estado.
3. Contratación transparente con pliegos tipo en todo el país (hoy sólo hay pliegos tipo en infraestructura).
4. Presupuestos públicos con participación ciudadana a través de audiencias públicas.
5. Congresistas deben rendir cuentas claras sobre su gestión, haciendo públicas sus gestiones, votaciones e iniciativas.
6. Hacer públicas las declaraciones de renta e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.
7. No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.
Tras la aprobación de la convocatoria de la misma, el presidente de la República y el registrador tendrán ocho días para fijar una fecha para convocar la votación de la consulta Anticorrupción.
La fecha que fije el mandatario tiene que ser en los tres meses siguientes al concepto del Senado, es decir, hasta el 11 de septiembre.
La norma electoral señala que para ser aprobada la consulta y por consiguiente los siete puntos, deberá tener la mitad más uno de los votos válidos, siempre y que salgan a votar un tercio del censo electoral. El Censo electoral en 2018 hay 36.025,318 de ciudadanos. En promedio serían 12 millones de votos.
