Luego de tres meses de investigación y seguimiento, cayó el agricultor ocañero Davier Vega Reyes, de 40 años, quien es acusado de abusar sexualmente a una niña de 5 años. Este sujeto fue capturado en el municipio del que es oriundo, mediante una orden de captura.
El coronel George Quintero, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), informó que uniformados adscritos a la Seccional de Protección y Servicios Especiales ejecutaron el arresto en el marco de la ‘Operación Sárvator’.
Destacó que, según las averiguaciones del caso, Vega aprovechó que la madre de la pequeña debía salir un momento de la vivienda a comprar víveres, para ofrecerse como cuidador y cometer el repudiable hecho, ocurrido en zona rural de Ocaña. Ahora, enfrenta cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Quintero agregó que, también en medio de este plan de seguridad, en la avenida Circunvalar de ese municipio se hizo efectiva la captura, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de Oswaldo Marcial Acevedo Caicedo, natural de Ocaña y de 38 años.
Señaló que presuntamente Marcial venía abusando de una adolescente desde hacía siete años y, para evitar ser denunciado, contantemente amenazaba con atentar contra ella y su mamá.
Igualmente en la ‘Operación Sárvator’, fue detenido un comerciante de 41 años y natural de Cúcuta. De acuerdo con el comandante del Denor, el sujeto es señalado de someter a la fuerza y contra su voluntad a una mujer, para violarla.
La detención se cumplió en horas de la madrugada de este jueves, durante labores de patrullaje, registro y control en la vía que conduce del sector Alcosure a la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS).
El coronel George Quintero sostuvo que el cuarto capturado por abuso a una menor es el agricultor Carmen Alirio Celis León, de 45 años, quien estaba solicitado desde febrero por la justicia. La aprehensión se realizó en una vía del barrio Agrario, en el corregimiento La Vega de Cáchira.
Finalmente, la Policía resaltó que las víctimas fueron ingresadas a los programas de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y, una vez normalizada su condición, fueron entregados bajo un estricto control a sus padres.
Los arrestados quedaron a disposición de la autoridad competente, a quienes las autoridades judiciales enviaron a la cárcel.
