Una protesta por gas doméstico en Venezuela se convirtió en desgracia para la familia del joven Rufo Antonio Chacón Parada, de 16 años, quien perdió la visión en ambos ojos tras recibir un disparo de perdigones a quemarropa por parte de efectivos policiales que intentaban dispersar la manifestación.

Luis Ramírez, director de salud del estado Táchira, confirmó que el joven recibió 52 impactos de perdigones en el rostro. “En el globo ocular derecho tenía ocho perdigones y en el izquierdo otros cuatro”, dijo el galeno al tiempo de agregar que serán necesarias varias cirugías para reconstruir la cara, desfigurada por los impactos.

La madre, Adriana Parada Peláez, se debate entre la rabia, el dolor y la impotencia. “A mi hijo le desgraciaron la vida. Está ahí tirado en una cama pidiendo morir”, dijo entre lágrimas. 

Rufo es estudiante de quinto año y a finales de mes se preparaba para recibir su título de bachiller. Quería convertirse en ingeniero en sistemas, sueño que se ven truncado por la desgracia de la que ha sido objeto.

“El ayudaba en la casa, arreglaba teléfonos, computadoras, su vida era todo eso”; relató la madre, una mujer de escasos recursos económicos. “No sé qué voy a hacer ahora con mi hijo, pero vamos a salir adelante”, agregó.

El caso, mantiene conmovida a la opinión pública, no sólo en el Táchira, sino también en  Venezuela, donde la escasez de gas doméstico se ha hecho sentir en los hogares de un país que hace unos años atrás fue potencia exportadora de petróleo y gas natural.

El mismo día de la protesta en la que resultaron heridos Rufo Chacón, su hermano de 14 años y otro ciudadano que sufrió fractura de cráneo; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Néstor Reverol, anunciaba desde Caracas que transfería las competencias del suministro de gas doméstico en el estado Táchira a Freddy Bernal, responsable político de Nicolás Maduro en la entidad.

Detenidos los responsables

El general Jesús Andrés Arteaga Simancas, director de la Policía del estado Táchira, anunció que desde la madrugada de este martes permanecen detenidos dos funcionarios de esa organización, señalados como responsables de los hechos. 

“Gracias a Dios tenemos una sola persona herida producto de un hecho aislado”, dijo el jefe policial. Los mismos fueron identificados como Javier Useche Blanco, Comandante de la Brigada de Operaciones Especiales, con 23 años de servicio; y  el supervisor Jefe Henry José Ramírez Hernández, con 26 años de carrera. 

“Fue una acción individual que no tiene que ver con el resto de los policías del estado y serán sancionados… Son sanciones bien graves porque se trata de una violación de los derechos humanos”, reconoció el jefe policial.

Desde Caracas, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, adelantaba que “ambos funcionarios serán severamente sancionados ante la violación de Derechos Humanos cometida contra el precitado adolescente y su hermano de 14 años, quien también fuese lesionado en dicha concentración”.

Violencia desproporcionada

“Aquí no hubo uso de la fuerza pública, hubo una violencia desproporcionada que acabó con la visión y con las esperanzas de un joven de 16 años al que le faltaban sólo unos días para graduarse de bachiller y continuar en la universidad, porque ama a su país”.

Así se refirió al hecho la gobernadora Laidy Gómez, al recordar que hace 20 meses su administración fue despojada de la Policía del Táchira, “que hoy es usada para reprimir a los ciudadanos y no para protegerlos”.

Desmintió que la situación se trate de un hecho aislado. “Los tachirenses hemos sido testigos de las mismas situaciones a lo largo de 2014, 2017, el 23 de enero de este 2019 y hoy se repite la historia… es la manera de actuar de este régimen que no acepta que el pueblo manifieste y ejerza su derecho constitucional a la protesta”.

Recordó que la entidad a su cargo es una de las más golpeadas por la falla en el suministro de servicios públicos. 

“Los manifestantes agredidos por Politáchira protestaban desde muy temprano en la madrugada porque hace tres meses que no reciben gas, y fueron burlados por los funcionarios que debían dar respuesta a su solicitud, y en vez de ello, enviaron a la policía a reprimir al pueblo”, dijo Gómez.