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Viernes, 24 Abril 2020 - 11:31am

Señalan presuntos sobrecostos en contrato de Imsalud, en Cúcuta

Los entes de control se refieren a la ‘transparencia para la emergencia’ del coronavirus.

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En una rueda de prensa conjunta, la cual fue denominada ‘Transparencia para la emergencia’, los jefes de los tres entres de control ofrecieron un balance sobre las acciones desarrolladas para verificar irregularidades en la ejecución de los servicios públicos para enfrentar la pandemia de coronavirus y sancionar a los responsables.

El procurador general Fernando Carrillo, el fiscal general Francisco Barbosa y el contralor general Felipe Córdoba hablaron sobre las actuaciones de cada organismo, que por consecuencia de la pandemia diseñaron una estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada.

El procurador general informó que hay varios procesos disciplinarios uno de ellos en Norte de Santander, por ejecución de recursos públicos durante la pandemia de COVID-19. 

Mientras que el jefe de la Contraloría destacó que hay presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097, del 30 de marzo de 2020, suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor para compra de material médico quirúrgico (almacén) para la red prestadora de servicios de salud de la ESE Imsalud.

El ente de control identificó “siete ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000”.

Arauca, uno de los casos “más dramáticos”

El procurador general Fernando Carrillo, aseguró que uno de los casos “más dramáticos” es el del gobernador de Arauca, Facundo Castillo por un contrato de 570 millones de pesos que no tiene nada que ver con la pandemia, así como la contratación de ayudas alimentarias con sobrecostos. Este último tiene que ver con las sonadas latas de atún de 19.000 pesos cada una.

También se refirió al caso de la Gobernación de Chocó, en donde se firmó “un contrato inexplicable con una fundación por más de 2.000 millones de pesos”, Agregó que el contrato fue suspendido y suspendieron al mandatario Ariel Palacios por tres meses.

“Nuestro propósito es frenar esta otra pandemia, la de la corrupción con los recursos públicos Esto es una vergüenza un descaro con los colombianos”. Carrillo resaltó que han vigilado más de 5 mil contratos y que hay 24 procesos disciplinarios abiertos en gobernaciones y 76 procesos en alcaldías.

Medidas

La Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

Abrió un primer proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo (por $1.050 millones), y, además, ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares, donde se verificará si hay mérito para adoptar o no igual decisión.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió 20 indagaciones preliminares, en casos que fueron declarados de impacto nacional. Y a su vez la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió otras 7 indagaciones preliminares y evalúa 19 casos más, de los cuales 4 corresponden al departamento de Cesar.

Los entes de control han llevado a cabo 16 sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad y se han identificado hasta el momento 53 procesos contractuales que suman $135.918.838.213, entre ellos 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad.

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