El 16 de noviembre de 2016 es una fecha difícil de olvidar para los residentes de la Primera Etapa de Atalaya, en especial para quienes viven en las manzanas F5 y F6. Ese día, el terrorismo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tocó a las puertas de sus casas.

El potente atentado guerrillero contra un vehículo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) dejó 17 uniformados heridos y daños, algunos muy graves, en las viviendas de 21 familias.

Los pocos que tuvieron averías menores en sus inmuebles buscaron la manera de subsanarlas. Sin embargo, la mayoría de las víctimas siguen en espera, tras casi siete meses del hecho, de que el alcalde César Rojas y Félix Muñoz cumplan con las promesas que, dicen, les hicieron. 

Argumentaron que Rojas les informó inicialmente que había una ayuda por 600 millones de pesos para atender a los damnificados. Después, en la Alcaldía les indicaron que eran 800 millones, pero no han recibido nada.

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Solo les dieron al principio unas láminas de asbesto para reparar los techos que la onda explosiva resquebrajó. La situación más difícil la viven Margarita Pinzón, de 76 años, y su hermana, así como el núcleo familiar de Leidy Ramírez. Ellas debieron abandonar sus casas, porque la explosión las dejó inhabitables.

La Opinión buscó una respuesta de la Alcaldía a la denuncia de la comunidad, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, responsable de atender estas situaciones, pero no fue posible tener comunicación con Félix Muñoz, cabeza de este despacho.

Vale recordar que Muñoz declaró en febrero a este medio que legalmente no existe presupuesto en su oficina para ayudar a esas familias y aseguró que ha conseguido el dinero del arrendamiento mediante particulares.