Ante la demora en el pago de su salario de unos cuatro meses y la falta de respuesta satisfactoria por parte de la directiva de la IPS Medicuc, en la avenida Cero de Cúcuta, el médico Jaime Ureña decidió encadenarse en la entrada de la institución para presionar la pronta cancelación de su remuneración.
Hasta el lugar acudió la Policía y la Defensoría del Pueblo para conocer la queja del galeno y buscar alguna solución. Igualmente, Arístides Hernández, presidente en Norte de Santander de la Asociación de Trabajadores de la Salud (Anthoc), acompañó la protesta.
Ureña informó que le adeudan parte del sueldo de abril y mayo, así como todo el salario de junio y julio. “En varias ocasiones he venido a preguntar qué ha pasado y solo me dicen que está radicado, que se encuentra en las oficinas de Bucaramanga, pero no se ha hecho efectivo nada. Por eso me tocó tomar esta decisión”.
El profesional de la salud recalcó que se cansó de la espera y que conoce de casos de otros colegas que están pasando por la misma situación. Resaltó que hace dos meses se retiró de la IPS, en donde laboraba bajo el modelo de prestación de servicios, y que quiere cerrar el ciclo con esta empresa.
Javier Caicedo, director de Medicuc para Norte de Santander, señaló que le causa consternación la protesta de Jaime Ureña, pues llevaba 12 años trabajando en el centro médico y “sabe la trayectoria” “seria y respetable” de la IPS.
“Se le glosaron una cuentas, es decir, que no se puede generar el pago, porque la auditoría de la cuenta no pasa, pero no porque se le está reteniendo el pago. Los servicios que no han podido ser facturados son debido a que se prestaron a través de la teleconsulta y la EPS nos exige visita presencial, porque somos una empresa domiciliaria; entonces no tiene sentido realizar un teleconsulta”, expresó
Caicedo recalcó que en ningún momento le han dicho que no le reconocerán su trabajo mediante la telemedicina, sino simplemente que hay un trámite administrativo de la cuenta, que tampoco ha sido cobrada a la EPS.
Agregó que están en el plazo 60 días que dice el contrato para proceder al pago y que la otra semana estarían cancelando lo que corresponde a junio.
Arístides Hernández, reprochó que la empresa tarde hasta 60 días para pagar y solicitó al Instituto Departamental de Salud (IDS) apersonarse de la situación.
También lamentó la poca solidaridad de la clase trabajadora y subrayó la actuación de la Defensoría del Pueblo, alegando que es necesario revisar este tipo de contrataciones.
