Sobre las 9:00 a.m. de hoy, el Cúcuta Deportivo iniciará la reanudación de la audiencia de incumplimiento ante sus acreedores del proceso de reorganización empresarial, en la que se podría definir el futuro administrativo del equipo motilón.
Este será el cuarto encuentro en el año, pero el que parecería ser el más trascendental ya que la institución deportiva, a pesar de pedir prórrogas para ponerse al día con sus acreedores, siguió incumpliendo.
Dos acontecimientos pueden suceder en esta audiencia. El primero de ellos es que José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, demuestre que le cumplió a sus acreedores entre ellos la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y Deportes (IMRD).
En llegado caso de que no sea así, la Supersociedades se vería en la obligación de decretar el inicio del proceso de liquidación judicial.
La Opinión consultó a Cindy Reyes Sinisterra, abogada especialista en derecho procesal civil y derecho comercial, para conocer las implicaciones de entrar en este proceso.
¿Cómo se llega?
“La liquidación judicial se da por el incumplimiento de un acuerdo. Este proceso es decretado por una autoridad judicial, que es la Supersociedades”, afirmó Reyes, quien además cuenta con maestrías en derecho procesal y razonamiento probatorio.
Es necesario precisar que el club deportivo se encuentra en proceso de reorganización empresarial, desde el 2013.
Esta afirmación es respaldada por el artículo 47 de la ley 1116 de 2006, donde en su parágrafo uno dice que el proceso de liquidación judicial se iniciará por “incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato”.
“El proceso es un camino donde yo tengo que desarrollar el objeto para pagarle a los acreedores y posteriormente desaparecer der ser reconocido como una sociedad con personalidad jurídica”, añadió.
Llegada de un liquidador
José Augusto Cadena deberá demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.
Reyes Sinisterra, nieta del fallecido e histórico arquero Alejandro Sinisterra, quien vistió los colores del Cúcuta Deportivo en las décadas de 1960 y 1970, explicó que cuando se da la apertura del proceso, a la empresa llegaría un liquidador asignado por la Superintendencia de Sociedades.
“Primero se profiere un auto en el que se anuncia formalmente que se da por abierto el proceso de judicialización. Luego se publicita y notifica a los acreedores para que los terceros interesados estén al tanto”, comentó sobre el inicio.
La Supersociedades asigna un liquidador para que este llegue y administre con el fin de que empiece a pagar las deudas.
“La Superintendencia nombra a un liquidador proveniente de una lista de auxiliares de la justicia, que está conformada en la Supersociedades. Esta lista de profesionales es elegida a través de un concurso; es decir no se conforma libremente ni de manera subjetiva, es una postulación a partir de conocimiento, de acreditaciones, de experiencia en temas de insolvencia, con personas que tienen la calidad de liquidar”, expuso la jurista.
¿Podría seguir jugando?
“El equipo va a seguir jugando en la medida de que el liquidador verifique que esta actividad va a permitir que se cumpla con contratos o proyecciones derivadas, que generan para pagarle a los acreedores”, subrayó añadiendo que la liquidación no quiere decir que, como consecuencia necesaria, el rojinegro dejará de jugar.
Un proceso largo
La liquidación judicial no es un proceso corto. El caso ejemplo es el Deportivo Pereira que está sumido en él desde el 2013.
“Puede durar mucho tiempo. Como hay contratos y actividades para efectos de pagarle a los acreedores, va a ser necesario seguir adelante y no desaparecer esa personalidad jurídica hasta que no se logre hacer el pago de todas las acreencias. Podría durar un año, dos años o muchos, pues no tendría sentido que desaparezca la sociedad sin que se le pueda pagar a los acreedores”, expresó.
Un final con incertidumbre
Si bien al terminar la liquidación se desaparece la personalidad jurídica de la empresa, eso no quiere decir que todos los casos sean iguales.
“El final es una crónica de una muerte anunciada con la desaparición de la personalidad jurídica pero todo podría cambiar en el camino si aparece un inversionista que haga compra de acciones, que invierta, que inyecte capital y que de cierta forma, incluso pudiera absorber en una fusión con otra sociedad, para efecto de que haga solvencia y le pague a los acreedores y que el club no tenga que desaparecer como consecuencia necesaria”.
¿Un salvavidas de la Dimayor?
Como un salvavidas en medio un mar turbio, la Dimayor solicitó la aprobación de un adelanto de 1.500 millones de pesos para el Cúcuta Deportivo de cara a la reanudación de la audiencia de incumplimiento, a los presidentes de los equipos afiliados.
Este desembolso se daría por una solicitud que hizo el Cúcuta el pasado jueves, cuando hubo una reunión informal entre los dirigentes.
Según una resolución emitida por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), estos dineros son anticipos de derechos de televisión.
“En caso de que sea aprobada los clubes afiliados (...) deberán tener en cuenta que: la entrega del anticipo implica una afectación de los flujos de caja. A partir de la cuota de enero de 2021, el 100% de los recursos para el Club serán aplicados al pago de el anticipo entregado, el saldo en contra que totalice el club ante la Dimayor en diciembre de 2020 y al pago de las cesiones de derechos de televisión actualmente vigentes”, afirmó la Dimayor en la resolución.
Cadena tiene entre sus acreedores a la Alcaldía, al Imrd y algunos jugadores.
A la fecha, la deuda con el municipio rondaría entre los 500 millones de pesos y la del Imrd, ya habría superado los 1.000 millones.
En el caso de los jugadores, según contó una fuente del proceso, el club llegaría con los comprobantes de pago del salario más bajo, recordando que al Cúcuta se le ha acusado de tener doble contratación.
